Tras el acuerdo tributario con Uruguay, las cerealeras serían el primer blanco de la AFIP

En ambas orillas, los expertos consideran que esas empresas son candidatas a inaugurar el polémico tratado, que regirá a partir del 7 de febrero. El organismo recaudador también pondría el ojo en las firmas instaladas en las zonas franca

Las autoridades de Argentina sospechan de maniobras de evasión en comercio exterior, a través de zonas francas uruguayas. De todas formas, los expertos advierten que los resultados concretos del tratado de intercambio de información tributaria con Uruguay recién serán visibles en el transcurso de 2014.

La posibilidad de acceder a información sobre inversiones de empresas y particulares argentinos en Uruguay ha sido durante tanto tiempo un objetivo político del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que se generó una inusitada expectativa respecto de hasta dónde estará dispuesto a llegar en la aplicación de ese acuerdo.

A primera vista podría pensarse que las autoridades tributarias argentinas se frotan las manos a la espera de que, a partir del 7 de febrero, se inicie una gran ofensiva destinada a contar con la información de todos los propietarios de inmuebles o titulares de cuentas bancarias.

Sin embargo, los analistas de temas impositivos que tienen llegada a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) creen que no ocurrirá un pedido masivo de información, sino que se elaborará una estrategia en etapas.

El sector que se ha erigido en gran candidato a inaugurar los pedidos de informes es el de grandes exportadores agrícolas, en especial las empresas que venden soja y aceite, con las cuales la AFIP tiene una relación tensa tras una maniobra evasiva por más de u$s600 millones realizada en 2008. El titular del organismo recaudador, Ricardo Echegaray, acusó abiertamente a la cerealera Bunge de haber realizado “maniobras de evasión en operaciones de triangulación con una zona franca de Montevideo”.

Los analistas de temas tributarios dan por descontado que allí empezarán los pedidos de informes. Y ello ha llevado a una especulación en el sentido de que algunas empresas que hasta ahora habían operado desde zonas francas uruguayas estén iniciando un movimiento para “mudarse” a países con los que no exista aún acuerdo de intercambio informativo.

Concretamente, se habla de Panamá, que ofrece facilidades tales como la posibilidad de establecer una sociedad con acciones al portador, y donde no rige obligación de responder a solicitudes de informes provenientes del gobierno argentino.

Las zonas francas han sido un tema de atención para la AFIP desde hace tiempo, dado que existe la presunción de que desde allí se pueda realizar maniobras evasivas.

“A la AFIP, más que controlar a una industria en particular, lo que le interesa es la situación de empresas que tienen depósitos en las zonas francas, que pueden tener el sentido de no pagar derechos aduaneros mientras no son comercializadas, si uno es bien pensado, o que pueden tener el objeto de sobrefacturar importaciones, si uno piensa mal”, comentó un experto en temas tributarios de fluida relación con los funcionarios del organismo argentino.

En cuanto a las otras áreas de interés para Echegaray, es decir, la que concierne a los individuos, se estima que los pedidos estarán centrados en las propiedades inmobiliarias de alto precio y en los campos.

Dado que el acuerdo binacional con Uruguay impide la posibilidad de pedidos de listados masivos (lo que en la jerga se conoce como fishing expeditions, literalmente “salir de pesca”), se implementará una estrategia de selectividad.

A estos efectos, los funcionarios de la AFIP, sobre la base de indicios de compras inmobiliarias, informes migratorios y reportes bancarios a nivel local, pueden determinar sobre qué casos hay sospechas fundadas de evasión impositiva o ausencia de declaración respecto de bienes en Uruguay, destacó el matutino uruguayo El Observador.

La expectativa es que, en vez de apuntar a inspecciones masivas, la AFIP prefiera concentrarse en pocos casos de alto impacto, que puedan generar un efecto ejemplarizante. Al respecto, las fuentes que siguen el tema arriesgan que los pedidos de informes sobre individuos no estarán muy por encima de 20 casos anuales.