¨El Gobierno tiene la lógica de un prestamista inescrupuloso¨

 Luis Etchevehere remarca que el predio de la Rural fue adquirido de manera legal y repite que la expropiación por decreto es una ¨aberración jurídica¨.

Tras la apelación que la Sociedad Rural Argentina presentó para evitar la expropiación del predio en 30 días, el presidente de la entidad, Luis Miguel Etchevehere, reiteró que todo fue hecho en el marco de la ley. En diálogo exclusivo con ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD, por AM 550, Radio Colonia, acusó al Gobierno de “tener la lógica de prestamista inescrupuloso”, porque “pretende que no le cancelen para tener apretado” al deudor.

Etchevehere dio la versión de la SRA acerca de cómo se obtuvo el predio: “El Estado, en 1991, mediante un decreto basado en una ley del legítimo ocupante, vende a la SRA, que desde 1875 estaba a cargo de ese bien, al precio de 30 millones de dólares. Dicho precio en el que se tuvo en cuenta la tasación del Banco Hipotecario, Banco Ciudad y un consorcio de inmobiliarias que tuvieron en cuenta las limitaciones de dominio de ese predio, en el que no podemos lotear, ni hacer departamentos u oficinas, solo hacer exposiciones”.

Además, agrega el presidente de la Sociedad Rural, “Nos impone un cargo de construir un moderno centro de exposiciones, el cual llevó 100 millones de dólares de inversión. Se estaba cumpliendo el pago, se hacen las obras, que generan una deuda, pero llega el año 2001, cuando quiebra el Estado, y la SRA pide una reestructuración del saldo, que era un 20%, 6 millones de pesos-dólares”.

Entonces, asegura Etchevehere, “Empezamos a intercambiar expedientes con la ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado, ya disuelta), que nunca cuestionó el precio. El expediente fue y vino, hasta que en 2005 ya no volvió a nuestro conocimiento con una liquidación. Reclamamos con intención de pago, pero vemos la lógica del prestamista inescrupuloso: El que debe algo no termine de saldar la deuda para poder tenerlo agarrado o presionarlo”.

“Si de 130 millones, se pagaron 124, creo que la voluntad de pago y el cargo de venta está cumplido”, agregó.

Luego consideró una “aberración jurídica” cómo está llevando la cuestión el Gobierno nacional: “Uno debe ir a Tribunales, decir cuánto cobraron, y pedir que le calculen los intereses del resto. A partir de la crisis del 2001 hubo millones de situaciones así, pero la forma es trámite administrativo o judicial, no un decreto que anula una venta legitima”.

“Formamos una SA para poder contratar eventos y después nos quisimos asociar con gente que tuviera management que, junto a nuestra experiencia, pudiera hacer los mejores eventos. Esta la feria del libro, la feria del automóvil. Hubo 61300 personas que tuvieron trabajo en esas exposiciones y ahora tienen incertidumbre”, dijo sobre el futuro del predio.

Por último, consideró que “después de ocho años hay que hacer un balance. No hay una sola actividad que hicieron bien. Todo lo que tocaron, lo rompieron”.

Fuente: ONDAS DE CAMPO (Samuel Maturana y Mónica Demichelis)