El gobierno de Theresa May plantea abaratar la vía judicial para los operadores de tours, que son quienes se ven afectados por las falsas demandas y que, actualmente, suelen pagar las indemnizaciones a los turistas para evitar afrontar extensos y costosos procesos. La decisión fue tomada luego de que la industria hotelera española amenazara con subir los precios a los turistas procedentes del Reino Unido y hasta vetarlos, en los casos más extremos.
En el último año, los falsos reclamos de turistas británicos por intoxicaciones alimentarias en España han crecido casi un 700%.Actualmente, los requisitos para iniciar una demanda de estas características son prácticamente nulos: hay un plazo de hasta tres años y no se requiere ni siquiera un certificado médico. Ante las cifras mencionadas, el ministerio de Justicia del Reino Unido emitió un comunicado en el que anunció una reforma que tiene como objetivo limitar y fijar de antemano las costas del proceso judicial por reclamos de este tipo. Además, los costos del juicio serían recuperables si se ganara el caso. Por último, el documento explica que quienes presenten denuncias falsas podrían enfrentarse con hasta tres años de prisión. Con este conjunto de medidas el gobierno de May pretende detener las denuncias falsas. Al respecto, la primera ministra explicó que “dará un paso más para frenar los fraudes que están haciendo subir el coste de las vacaciones familiares y dañando la reputación británica en el extranjero”. Este último punto constituye el principal factor de preocupación en los funcionarios británicos respecto de este tema.
Según el periódico The Mail, algunos despachos de abogados han aprovechado la situación, dado que los operadores de tours suelen pagar las demandas para evitar los largos procesos judiciales. Además, incitan a los turistas a presentar reclamos falsos, incluso en los mismos hoteles españoles. En algunos lugares de España, como Tenerife, se ha visto una ambulancia que lleva inscripta en el ploteado la leyenda “Claims Clinic” -clínica de reclamos- en colores llamativos. Además, se promociona un servicio de “asistencia legal” a las personas que han sufrido presuntas intoxicaciones en su estadía en España, mediante leyendas sugestivas y un número de teléfono para comunicarse con los abogados.
Según la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), los reclamos por falsas intoxicaciones han costado 60 millones de euros al sector. Además, estiman que más del 90% de las denuncias que reciben los turoperadores son fraudulentas y que, a lo largo del 2017, los reclamos se incrementarán y la industria hotelera española tendrá una temporada de verano complicada.
Por su parte, consideran tibias las medidas que ha tomado el Reino Unido al respecto, ya que los hoteles y alojamientos todavía reciben denuncias por presuntas intoxicaciones por parte de turistas británicos. En un artículo publicado en su sitio web explican que “si fueran ciertas [las denuncias], se habría decretado ya una alerta sanitaria mundial, y sin embargo los números de casos asociados registrados por las autoridades sanitarias no deja de bajar por los mayores y mejores niveles de calidad, higiene y seguridad que se emplean en la industria hotelera española”.
Desde la CEHAT, han exigido la implementación de “un protocolo de actuación para la gestión de las reclamaciones que limite la responsabilidad del hotel solo a aquellas reclamaciones que vengan informadas médicamente, y sean tramitadas según un procedimiento concreto”.
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