Mauricio Macri vive en carne propia los problemas que enfrentó en su momento Cristina Kirchner. A los dos los une un mismo símbolo desde que el Presidente convirtió en emblema de su modelo a Cresta Roja, la segunda fabricante de pollos del país que reabrió el año pasado tras quebrar en 2015.
Los dos mandatarios intentaron atar la suerte de la empresa a las políticas de cada Gobierno. Cristina, con la promoción de negocios privados con Venezuela y la ayuda estatal para evitar los despidos. Macri, con la reestructuración de la empresa y su puesta en marcha como parte de una “nueva etapa” en la Argentina.
Sin embargo, el nuevo conflicto que estalló en la planta de Cresta Roja en Esteban Echeverría, volvió a evidenciar las dificultades del Gobierno para encauzar la firma, que este jueves despidió a más de 150 trabajadores, a solo tres meses de su reapertura y en plena campaña electoral.
Las críticas de la oposición no tardaron en hacerse públicas. El intendente de Echeverría, Fernando Gray, le pidió al ministro de Producción, Fernando Cabrera, que se ocupe de CrestaRoja. “Los trabajadores están en la calle y la planta parada!”, advirtió en un tuit.
En tanto, el titular de la CTA kirchnerista, Hugo Yasky, aprovechó para recordar en su cuenta de Twitter que “el presidente @mauriciomacri vetó la Ley Antidespidos desde Cresta Roja. Hoy Cresta Roja despide 50 trabajadores. #Cinismo”
Cerca de 300 empleados realizaron cortes este jueves desde temprano sobre la autopista Ricchieri, a la altura del establecimiento, para reclamar indemnizaciones a la compañía, que enfrenta problemas financieros y denuncias por el presunto desvío de su producción.
El conflicto comenzó cuando los operarios intentaron ingresar por la mañana a la fábrica, y se vieron impedidos por personal de seguridad privada junto con efectivos policiales que ocuparon las instalaciones.
“Veníamos trabajando normalmente, pero nos encontramos con la infantería dentro de la fábrica y que no podíamos ingresar porque no funcionaba la tarjeta magnética y nos dieron copias del telegrama de despido”, dijo Darío Sanchez, uno de los despedidos y delegados de base.
Las cesantías alcanzan a 51 operarios del turno mañana y 80 de la tarde del establecimiento de Echeverría, y al menos 20 de su otra planta, ubicada en La Unión, partido de Ezeiza. Pero además incluyen a delegados que habían sido elegidos recientemente por los trabajadores. En total, representa casi un 10% de los 1.800 empleados que hoy trabajan en Cresta Roja.
Los representantes del Sindicato de la Alimentación de Buenos Aires, liderado por Luis Bernabé Morán, se presentaron el jueves por la tarde ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, luego de que la cartera enviara por la mañana a la planta al titular de la delegación Lomas de Zamora, Roberto Sánchez.
Proteinsa, la empresa que ganó en octubre pasado la licitación para quedarse con la compañía, tenía previsto una reunión este viernes con los delegados y el gremio para acordar el pago de sus compromisos, luego de reprogramarlos en dos ocasiones. Este medio se contactó con representantes corporativos, pero declinaron de hacer comentarios.
La firma arrastra deudas con su personal desde octubre de 2015, cuando en manos de Rasic Hermanos entró en crisis y dejó de pagar los sueldos. El Gobierno de Cristina Kirchner habilitó “repros” por $4.000, subsidio que fue aumentado a $6.000 tras la quiebra en diciembre de ese año.
Recién en abril del año pasado, la fabricante de pollos retomó sus tareas, con un recorte del 30% en los salarios y un tercio de la antigua plantilla, que antes de la quiebra alcanzaba los 3.600 empleados. Ese fue el escenario que eligió Macri para mostrar los resultados de su gestión frente al “desmanejo” de la empresa durante el kirchnerismo.
“Que Cresta Roja esté funcionando tiene que ver con esta nueva etapa de la Argentina”, había dicho, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal. “Hoy más de 1.000 personas han vuelto a trabajar en esta planta y van a ir multiplicándose de a cientos en los próximos meses”, prometió.
Pero los hechos desmintieron ese pronóstico: ya en mayo, retornaron las protestas por el incumplimiento en el pago de indemnizaciones, y en junio, por los aguinaldos. Los despidos de ayer volvieron a echar leña al fuego, y terminaron de congelar las reincorporaciones que venía haciendo a cuentagotas la empresa.
Nuevos dueños
El consorcio Proteinsa, conformado por Ovoprot, Tanacorsa y Laclau, se hizo cargo de la firma en diciembre del 2015 tras la quiebra de la empresa de Rasic Hermanos. La firma entró en crisis a raíz de la pérdida de mercados externos y su dependencia de subsidios cruzados.
El consorcio Proteinsa, conformado por Ovoprot, Tanacorsa y Laclau, se hizo cargo de la firma en diciembre del 2015 tras la quiebra de la empresa de Rasic Hermanos. La firma entró en crisis a raíz de la pérdida de mercados externos y su dependencia de subsidios cruzados.
La parálisis de la empresa disparó un conflicto entre los anteriores dueños y el kirchnerismo por el faltante de $200 millones que debían ser girado a la empresa. En octubre del 2016, el holding entrante ofertó $80 millones en efectivo y $60 millones en inversiones para comprarla.
Según el gerente de Ovoprot, Santiago Perea, el dinero estaba destinado a saldar deudas, incluidas las indemnizaciones adeudadas al personal. Además, contemplaba la reincorporación en tandas de 1.800 despedidos, atado a un aumento de la producción, hasta alcanzar los 400 mil pollos por día.
“El año que viene vamos a tener pleno empleo y plena producción“, aseguró entonces a este medio Perea. Ese fue el plan que presentó ante el juzgado nacional en lo Comercial 18 que seguía la quiebra, a cargo de Valeria Pérez Casado.
Luego de un acampe en diciembre pasado, Cresta Roja reincorporó a 150 personas y pagó cerca de $40 millones en indemnizaciones a los empleados no reincorporados de mayor antigüedad. Los pagos correspondientes al resto de serían financiados por el banco brasileño BTG Pactual.
Sin embargo, en los últimos seis meses, empezaron a rebotar cheques de Cresta Roja por falta de fondos. Según el sitio Bichos de Campo, le rechazaron 254 cheques por $14,5 millones y están pendientes de pago otros 119 por $42 millones.
“El banco se abrió, por los problemas que tenía para pagar”, dijeron fuentes cercanas a la negociación.
Sin fondos suficientes, la gerencia entrante optó entonces por realizar un nuevo acuerdo para pagar las indemnizaciones en tres cuotas (enero, diciembre y febrero). A cambio, un 80% del personal aceptó convertirse en accionista, mientras que el otro 20% lo rechazó.
Y una vez más, la empresa tuvo problemas para cumplir: llegó a pagar solo una parte del tramo de diciembre.
Interna y denuncias
En una nueva prórroga, Proteinsa solicitó en abril 90 días para cerrar un acuerdo con el Banco Hipotecario y pagar las deudas, cuyo plazo vencía este viernes. Avalada por el Ministerio de Trabajo, la propuesta profundizó las diferencias entre las bases y los delegados idenfiticados con la conducción gremial.
En una nueva prórroga, Proteinsa solicitó en abril 90 días para cerrar un acuerdo con el Banco Hipotecario y pagar las deudas, cuyo plazo vencía este viernes. Avalada por el Ministerio de Trabajo, la propuesta profundizó las diferencias entre las bases y los delegados idenfiticados con la conducción gremial.
Es que si bien el entendimiento fue convalidado por la comisión interna y el sindicato, un sector de los trabajadores lo rechazó tras denunciar que había sido firmado sin que los consultaran.
La puja resurgió en mayo, cuando la comisión interna se opuso a la protesta que llevaron adelante los trabajadores en un acto de María Eugenia Vidal para inaugurar un puente a nivel, lo que forzó a la empresa a pagar ese mismo día los sueldos atrasados.
Esa fue decisión de los representantes gremiales fue la gota que rebasó el vaso, por lo que en una asamblea fueron expulsados de su cargoy reemplazados por representantes de base. El próximo paso previsto para este viernes era la revocatoria del mandato votado a mano alzada, requisito legal exigido por el gremio.
“Este viernes íbamos a destituir en asamblea de manera legal a la comisión interna electa pero nos despidieron a los nuevos delegados“, dijo Sánchez, uno de los representantes de hecho que presionaban para avanzar con las reincorporaciones y recuperar beneficios de convenio.
Las medidas adoptadas por la empresa surgen en un contexto en el que la industria prevé reducir el 12% de la producción avícola por la caída del consumo interno y por la presión de las importaciones. La decisión fue tomada a principios de julio por la Cámara Argentina de Productores Avícolas.
Hoy, Cresta Roja trabaja al 60% y produce 200.000 pollos, la mitad del volumen proyectado para este año. El aumento de las unidades producidas era una de las condiciones para recuperar personal, pero los delegados de base denuncian que Cresta Roja “desvía producción” para evitar las contrataciones.
A raíz de la denuncia, la jueza Pérez Casado intimó a la empresa a que cesara la faena de los sábados, que aparentemente no era declarada. En cambio, según los trabajadores, la firma continúa derivando pollos a la planta de Alibue, en Roque Pérez; Tres Arroyos en Entre Ríos; ex Rasic, en Ramallo; y a un peladero de Máximo Paz, en Cañuelas.
Así las cosas, el conflicto en el sector avícola no podía estallar en peor momento para el Gobierno. Ocurre tan solo a una semana del cierre de la planta de PepsiCo en Vicente López, que concluyó con un violento desalojo, el despido de 600 empleados y cuestionamientos de la oposición por la pérdida de empleo.
Otro desafío que tendrá el oficialismo para convencer a aquellos que, según el libreto oficial, aún “no perciben” el cambio.
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