sábado, 9 de agosto de 2014

Malversación de energía


Migrar de lugar el trabajo. Ahí parece estar el potencial que el campo podría estar utilizando como viento a favor y no en contra. Sucede que desde hace años la energía que se destina desde el Estado parece estar más en esa dirección que en una contención profunda y necesaria –hoy más que nunca- para el despegue productivo.
"Este es un espacio de discusión para sentar las políticas que impulsen el desarrollo nacional", afirmó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gabriel Delgado ayer en el marco de una reunión que se desarrolló en el Ministerio de Agricultura con los actores de la cadena de maíz. La propuesta reflotó las intenciones del PEA, Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020. El plan lleva tres años de iniciativa caducas, y no porque las intenciones de un plan a largo plazo no sean buenas, sino porque hasta el momento los diálogos han quedado en el plano del boceto.
“Una vez más el Gobierno nacional prefiere hacer futurología de lo que podría suceder en seis años con el maíz, en vez de pensar junto con el sector privado las soluciones a los problemas que traen aparejados la fuerte caída del precio internacional y la política económica implementada por el oficialismo”, comentó al respecto la dirigencia de CRA en un comunicado de prensa.   
Mientras se invirtieron tres años en bocetar los objetivos de una década, las producciones siguen sin poder desplegar su potencia y peor  aun, absorbiendo las presiones fiscales, la inflación y la desidia. Como expresa la entidad en su comunicado: los impuestos a la exportación del 20%, la falta de reintegros de IVA, se suman al “régimen de exportaciones para nada transparente y la fuerte caída del precio internacional, tira por el piso la decisión de inversión por ser inviable”.
En el ámbito ganadero también se produjo un giro con la misma impronta a partir de la resolución sobre el “Sistema Fiscal de Trazabilidad Animal” que pretende instrumentar la AFIP y sobre la cual se expidieron en desacuerdo la Sociedad Rural Argentina y la Cámara Argentina de Productores de Carne Vacuna, integrada por las asociaciones de criadores de Angus, Bonsmara, Bovino Criollo, Braford, Brahman, Brangus, Búfalo, Hereford, Holando Argentino, Limousin, Santa Gertrudis y Simmental,  y la Asociación Argentina de Criadores de Shorthorn. “El sistema vigente permite monitorear y actualizar todo lo referido a  la actividad ganadera. Por lo tanto, el Estado Nacional dispone de toda la información requerida, actualizada y suficiente. Hay que destacar que estos datos obran en poder de la AFIP. En este sentido, no se entiende por qué un sistema que pretende  “ordenar” la ganadería se saca de la órbita natural del SENASA para pasar a estar en manos de la AFIP, acción que puede conllevar el riesgo agregado de potencialmente atentar contra la salud pública, ya que el SENASA es el organismo específico que entiende en esta área”.
Las decisiones que impulsan estas (y otras medidas) implican esfuerzos desde el estado y desde el ámbito productivo. Esfuerzos que en evidencia no son suficiente combustible para que el motor productivo se luzca en su pleno potencial.

Agro-noticias.com
Alejandro Cánepa

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