Las entidades que reúnen a la producción y comercialización de soja, trigo, sorgo y maíz cuestionan el proyecto y aseguran que generará desempleo y frenará el desarrollo.
Mientras el Ejecutivo nacional sigue adelante con su proyecto para modificar la Ley de Abastecimiento, desde diferentes sector productivos se suman voces en contra.
Las entidades del campo ya se habían pronunciado en contra de los posibles cambios y ahora fue el turno de las cadenas de valor del agro.
Mediante un comunicado, las entidades que reúnen a la producción y comercialización de soja, trigo, sorgo y maíz; aseguraron que de concretarse la intención del oficialismo en el Congreso se estaría llevando adelante una medida anticonstitucional que repercutirá generando desempleo y una caída en las inversiones para el campo.
Según explicaron, el proyecto de ley que modificaría la norma 20.680 por la “ley de Nueva Regulación sobre las Relaciones de Producción y Consumo” fue analizado por las instituciones que reúnen a todos los integrantes de las cadenas de valor de la soja (ACSoja), el trigo (Argentrigo), el girasol (Asagir), el maíz y el sorgo argentinos (MAIZAR); y hubo “unanimidad” en considerarlo contrario al desarrollo y la inversión”.
Las entidades analizaron la posible nueva norma desde tres ópticas diferentes. En primer lugar se examinó el impacto que tendría la ley sobre las actividades productivas y comerciales. En segundo, se estudió el marco legal y regulatorio y, por último, el debate social y las ideas que intentan instalarse en contra del desarrollo económico.
“La experiencia indica que la normativa que se intenta desarrollar y las facultades que se entregarán al Poder Ejecutivo solo impactarán limitando las capacidades productivas y comerciales, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social”, aseguran las cuatro entidades. “La Constitución Argentina es bien clara en sus referencias a la libertad de ejercicio de toda industria lícita y manifiesta que la libertad de comercio es la base de la libertad de trabajo. Por lo tanto, esta ley que se intenta impulsar se basa en principios opuestos a los Constitucionales”, agregaron ACSoja, Argentrigo, Asagir y Maizar.
Pero los productores y comercializadores fueron un poco más allá que el mero análisis del proyecto y apuntaron hacia una supuesta actitud de parte de algunos actores políticos, ya que afirmaron sentirse “preocupados” por “cómo en nuestro país se intentan instalar en la sociedad, desde distintos ámbitos, ciertas ideas que son contrarias al desarrollo económico y social” y pidieron más diálogos asegurando que las cadenas de cultivos “estamos siempre abiertas al diálogo.
Las entidades del campo ya se habían pronunciado en contra de los posibles cambios y ahora fue el turno de las cadenas de valor del agro.
Mediante un comunicado, las entidades que reúnen a la producción y comercialización de soja, trigo, sorgo y maíz; aseguraron que de concretarse la intención del oficialismo en el Congreso se estaría llevando adelante una medida anticonstitucional que repercutirá generando desempleo y una caída en las inversiones para el campo.
Según explicaron, el proyecto de ley que modificaría la norma 20.680 por la “ley de Nueva Regulación sobre las Relaciones de Producción y Consumo” fue analizado por las instituciones que reúnen a todos los integrantes de las cadenas de valor de la soja (ACSoja), el trigo (Argentrigo), el girasol (Asagir), el maíz y el sorgo argentinos (MAIZAR); y hubo “unanimidad” en considerarlo contrario al desarrollo y la inversión”.
Las entidades analizaron la posible nueva norma desde tres ópticas diferentes. En primer lugar se examinó el impacto que tendría la ley sobre las actividades productivas y comerciales. En segundo, se estudió el marco legal y regulatorio y, por último, el debate social y las ideas que intentan instalarse en contra del desarrollo económico.
“La experiencia indica que la normativa que se intenta desarrollar y las facultades que se entregarán al Poder Ejecutivo solo impactarán limitando las capacidades productivas y comerciales, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social”, aseguran las cuatro entidades. “La Constitución Argentina es bien clara en sus referencias a la libertad de ejercicio de toda industria lícita y manifiesta que la libertad de comercio es la base de la libertad de trabajo. Por lo tanto, esta ley que se intenta impulsar se basa en principios opuestos a los Constitucionales”, agregaron ACSoja, Argentrigo, Asagir y Maizar.
Pero los productores y comercializadores fueron un poco más allá que el mero análisis del proyecto y apuntaron hacia una supuesta actitud de parte de algunos actores políticos, ya que afirmaron sentirse “preocupados” por “cómo en nuestro país se intentan instalar en la sociedad, desde distintos ámbitos, ciertas ideas que son contrarias al desarrollo económico y social” y pidieron más diálogos asegurando que las cadenas de cultivos “estamos siempre abiertas al diálogo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.