El análisis de frutales se desarrolló entre los años 2010 y 2013, congregando a un equipo multidisciplinario comprendido por entomólogos, fitopatólogos, especialistas en maquinaria y en impacto ambiental.
Uno de los temas relevantes a considerar para fortalecer el desarrollo sustentable y competitivo de la producción frutícola nacional, es el uso y manejo adecuado de plaguicidas para el control de plagas. Este fue el tema central del estudio desarrollado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, en el marco del Seminario de Finalización del Proyecto “Estrategias de Manejo Fitosanitario para Frutales de exportación Tendientes a Reducir el uso de Plaguicidas”, instancia financiada por el Ministerio de Agricultura.
El Subsecretario de Agricultura, Alvaro Cruzat, destacó la labor que realiza dicha cartera en desarrollar iniciativas que permitan favorecer la inocuidad alimentaria de los productos chilenos. “Las exigencias fitosanitarias de los mercados de destino son cada vez mayores, siendo la premisa, además de las limitaciones por residuos, la ausencia de plagas cuarentenarias en los productos vegetales importados, lo que ha derivado en la intensificación del uso de plaguicidas, que en términos de implicancia de los costos totales no es relevante, versus los efectos negativos, comerciales y de imagen país, que significa la detección de una plaga cuarentenaria”.
El estudio, desarrollado entre los años 2010 y 2013, se centró en buscar estrategias tendientes a fortalecer la posición comercial de los frutales más importantes de exportación de Chile: uva de mesa y manzana, a través del mejoramiento del control de plagas y minimización de los impactos sobre la salud de las personas y el medio ambiente.
El Director Nacional de INIA, Pedro Bustos Valdivia, explicó que a raíz del ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quedó de manifiesto que el uso de plaguicidas en Chile, se encuentra sobre los estándares de referencia que utiliza esta Organización. “Si bien están regulados por disposiciones gubernamentales, su adquisición es libre y no cuenta con una recomendación técnica responsable. A esto se suma que a nivel de mercado, existe una mínima capacitación y una falta de visualización de los riesgos al momento de su uso y manejo por parte de los agricultores, convirtiéndose en potencial fuente de riesgo para la salud de los operadores y en una fuente de contaminación de alimentos, aguas y suelos”, enfatizó.
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