En los últimos años el área de siembra de soja creció de manera significativa en detrimento de otros cultivos. Las políticas públicas no hicieron más que desfavorecer la rotación que necesitan los suelos. “Es el momento de dar un debate honesto sobre el desmonte”, dijo la senadora cordobesa Norma Morandini. El incumplimiento de la Ley de Bosques.
Los graves incendios registrados durante esta semana en varias provincias ubicadas en el centro y norte del país dejaron en evidencia que el discurso del Gobierno nacional va por un lado, mientras que la realidad transita otro muy diferente.
Sucede que el avance del fuego tuvo efectos negativos en zonas donde la soja viene ganando terreno de manera significativa durante la última década a partir del boom de los commodities y de las políticas locales que desfavorecieron otras producciones.
Para tener una idea, a nivel nacional durante la campaña 2012/13 se sembraron 19,7 millones de hectáreas, una cifra que, además de ser récord, fue superior a la registrada el ciclo anterior cuando se implantaron 18,85 millones de hectáreas.
En la provincia de Córdoba -donde los incendios consumieron al menos 40.000 hectáreas y dejaron pérdidas estimadas en más de $ 500 millones- se sembraron 4,8 millones de hectáreas, alcanzando una producción de 11,4 millones de toneladas.
Se trata de un récord absoluto para la provincia en donde la producción de maní también fue ganando espacio (se sembraron 360.000 hectáreas la última campaña) respecto de la ganadería vacuna y lechera que se desplazaron hacia otras zonas con menor tradición.
En diálogo con La Política Online, la senadora cordobesa del Frente Cívico-FAP, Norma Morandini, dijo que “es el momento de que demos un debate honesto sobre el desmonte, las actividades extractivas y la forma en que se manejan los recursos”.
“Cada vez que se advierte sobre los daños ambientales, escuchamos el chantaje emocional de que se atenta contra las fuentes de trabajo”, apuntó Morandini, para luego mencionar que “siempre las razones del dinero cancelan cualquier debate serio”.
Según especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del Conicet, los pinares consumen más agua que los árboles nativos, incendiándose con mayor facilidad y, por ende, recomiendan no persistir en su implantación.
En este escenario, las políticas públicas implementadas por el kirchnerismo no hicieron más que favorecer el avance de la soja en detrimento de otros cultivos, haciendo casi inviable en algunas zonas productivas la rotación que necesitan los suelos.
Es que en lugar de aplicar medidas de incentivos al trigo, al maíz, a la ganadería, a la lechería y a las economías regionales, se les impuso a estas actividades altas retenciones, precios máximos y registros de exportación, entre otros puntos.
De esta manera, la soja se convirtió en diez años en el principal producto de exportación y en el mayor generador de divisas del país por amplio margen (el Estado recauda, sólo en retenciones, alrededor de u$s 7000 millones por año).
Por su parte, para el meteorólogo Mauricio Saldivar, “se necesitan más de 100 milímetros de agua para revertir la falta de lluvias que registra buena parte del oeste nacional que está en una sequía moderada a severa”.
“En los próximos días no está previsto que caigan semejante cantidad de milímetros en Córdoba en los próximos días”, proyectó Saldivar, y agregó que “estos eventos (por los incendios) no son consecuencia del cambio climático”.
Ley de Bosques
Otro debate que abrieron los incendios tiene que ver con el incumplimiento de la Ley de Bosques por parte del Gobierno nacional que, en 2013, destinará un monto de apenas $ 230 millones para el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos.
El tema es que, según establece la Ley 26.331, el mismo debería ser de $ 2600 millones. Así, en los últimos tres años el Gobierno debería haber transferido a las provincias compensaciones por al menos $ 3900 millones (pero apenas giró $ 316 millones).
En este escenario, al no cumplirse lo dispuesto por la Ley, el costo de conservación de ecosistemas naturales quedó en la práctica en manos de los propietarios de campos contemplados en las áreas con restricción de uso productivo.
En este sentido, la Agrupación Greenpeace aseguró que desde la sanción de la Ley en 2007 hasta fines de 2012 se deforestaron en todo el país más de 1 millón de hectáreas, principalmente en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.
Las provincias más perjudicadas por el incumplimiento de la norma son Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, cuyas administraciones están plenamente alineadas al kirchnerismo y aún no han hecho, ni lo harán, reclamo alguno.
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