Tres millones para frigoríficos rionegrinos

VIEDMA:   El gobierno provincial transfirió fondos provenientes de la Nación para sostener a los frigoríficos de la Región Sur, Arroyo de Bariloche y Carnes Rionegrinas de Ingeniero Jacobacci. El primero recibió dos millones pesos, y el restante un millón. La intermediación quedó plasmada en el decreto gubernamental N° 1.536 en el marco de un convenio [...]

VIEDMA:   El gobierno provincial transfirió fondos provenientes de la Nación para sostener a los frigoríficos de la Región Sur, Arroyo de Bariloche y Carnes Rionegrinas de Ingeniero Jacobacci. El primero recibió dos millones pesos, y el restante un millón.

La intermediación quedó plasmada en el decreto gubernamental N° 1.536 en el marco de un convenio suscripto entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación con la Provincia de Río Negro.

En esa línea, en septiembre pasado el ministerio provincial, que conduce Alfredo Palmieri, firmó con esas empresas y la Sociedad Rural de Bariloche un acuerdo para la Integración del Valor de las Carnes Rojas en la Patagonia Norte B de Río Negro. El objetivo es recuperar la producción ganadera, el abastecimiento de la industria, el sustento de la mano de obra y el fomento de la faena de animales producidos en la región.

Arroyo faena 800 vacunos en forma mensual, y Carnes Rionegrinas tiene un funcionamiento promedio de 600.

A los fines de paliar la coyuntura, los sectores público y privado se comprometieron a articular acciones que tiendan a integrar a todos los actores de la cadena de valor de la carne vacuna, sumando a todos los integrantes a los fines de fomentar la recuperación de la actividad ganadera, incrementar la producción de animales terminados a lo largo del año, la terminación y comercialización de ganado de refugo (ovinos y caprinos), sostener fuentes laborales y abastecer a los consumidores locales. El convenio se extenderá por cinco años.

Entre los compromisos particulares, la entidad rural deberá promover encierros comunitarios y avanzar en la comercialización virtual, mientras que el Estado tendrá que articular acciones que tiendan a controlar las vías irregulares de comercialización.