miércoles, 11 de septiembre de 2013

ESPAÑA: Aprobado en Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental

El Consejo de Ministros del Gobierno español ha aprobado remitir a las Cortes el Poryecto de Ley de Evaluación Ambiental mediante el que se unificarán en una única normativa legal las leyes en esta materia.

Con este proyecto de ley se simplifican los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, al emplear un esquema similar para ambos (procedimiento ordinario y simplificado) y homogeneizar su terminología. Las cifras de expedientes en tramitación de evaluación ambiental pendientes de resolución son llamativas. Se calcula que existen aproximadamente unos 10.000 expedientes en tramitación en toda España, cuya duración media en la Administración General del Estado es de 3,4 años.
Por ello, y para dotar a la evaluación ambiental de mayor agilidad, se determinan con mayor precisión los trámites de los procedimientos administrativos y se ajustan los tiempos de tramitación, especialmente en la evaluación de impacto ambiental ordinaria, cuyo plazo será de 4 meses, evitando dilaciones de difícil justificación desde el punto de vista ambiental.
Asimismo, el proyecto de ley trata de favorecer el uso de las nuevas tecnologías en los procedimientos de evaluación ambiental, con la obligación de que los órganos sustantivo y ambiental publiquen en sus sedes electrónicas algunos de los documentos que se generan a lo largo de las tramitaciones.
El proyecto de ley establece un modelo básico de evaluación ambiental para lograr la homogeneización de la normativa en esta materia en todo el territorio nacional.
Se proporciona a las Comunidades Autónomas un plazo de un año para adaptarse a sus preceptos o para que procedan a hacer una remisión general a esta norma. Con esta finalidad, se configura la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente como foro para la propuesta y debate de las reformas legislativas necesarias para esta adaptación.
Otra de las novedades de la ley es la creación de bancos de conservación de la naturaleza, un instrumento de carácter voluntario que puede utilizarse para compensar o reparar la pérdida de biodiversidad que se produce como consecuencia de la ejecución de los proyectos con impactos ambientales o de la aparición de daños medioambientales derivados de las actividades económicas susceptibles de generar responsabilidad medioambiental.
Por primera vez, además, el proyecto de ley introduce la obligación de tener en consideración en la evaluación ambiental el cambio climático, para lo cual, deberán utilizarse las informaciones y las técnicas que estén disponibles en cada momento.
Además, se da un nuevo impulso el desarrollo sostenible, ya que se prevé generar unos 80.000 empleos y supondrá un impacto sobre la actividad económica de 1.000 millones de euros aproximadamente, según estima el Gobierno.

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