El presidente de Cartez emitió un comunicado alentando a salir a la calle en respaldo del magistrado y del fiscal José María Campagnoli.
La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) que preside José W. Manubens Calvet emitió un comunicado este martes convocando a la ciudadanía a expresarse públicamente a favor del juez Ariel Lijo y del fiscal José María Campagnoli.
Como en 2008 “estamos convencidos que debemos volver a salir para brindar nuestro apoyo a algunos Jueces y Fiscales que se animan a ponerle coto a la corrupción oficial”, señala el comunicado. En diálogo con El Enfiteuta, Manubens Calvet precisó que se trata de ambos funcionarios judiciales.
La entidad consideró que “no es un hecho menor que un Juez de la Nación llame a indagatoria al Vicepresidente, para eso hace falta una gran cuota de valor y contar con pruebas suficientes. Exponerse al fracaso – ya sea por falta de elementos probatorios o por presiones políticas – es asumir un gran riesgo”.
Motiva a la entidad la “defensa del correcto ejercicio de la Justicia” que “es el objetivo de toda sociedad republicana”. En tanto que cuando la independencia de los poderes republicanos peligra “se desvirtúa el sistema y surge el autoritarismo, para el cual el único remedio son las públicas expresiones de apoyo hacia quienes tratan de subsanar los males”.
“En todo el tiempo que pasó desde aquel triste suceso de la famosa 125 se ha puesto en evidencia que no hay ladrones buenos o malos, si algunos pensaron que estaba bien que se le robara al sector agropecuario, hoy se dan cuenta que también les robaron a ellos” asegura la entidad.
El ruralismo también criticó al gobierno por la situación económica. “Estamos hartos que se use un vacío relato para defender un sistema económico que no cierra ni en la más elemental de las contabilidades; queremos que todos coman, todos tengan viviendas, todos se eduquen, todos trabajen pero también queremos que todos valoren y paguen por lo que compran, basta de becarios del sistema”, dice Cartez.
La crítica apunta a los programas sociales a los que considera “útiles únicamente para salir de una crisis; eternizarlos es un acto de violación a la democracia porque con su pago se instrumenta la compra del voto y, vistos desde otro ángulo, significan el fracaso absoluto de las políticas aplicadas, ya que en doce años de Gobierno no hubo capacidad para evitar las causas que los justificaron”.
La entidad cordobesa concluye que “no vamos a hartarnos” de buscar justicia “porque sabemos que la corrupción es la enfermedad terminal para la Democracia; por todo esto y simplemente por esto, convocamos a la ciudadanía a manifestar todos juntos, sin banderas ni pancartas, el apoyo a los Jueces y Fiscales valerosos y nuestros deseos de vivir en paz, con la dignidad que merecemos”.
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