URUGUAY : Sector productivo consideró positivas las modificaciones remitidas por el Ejecutivo al Parlamento
Las modificaciones en la Ley del Delito de Abigeato, sugeridas por el Poder Ejecutivo al Parlamento en un proyecto de ley remitido el 21 de diciembre, fueron recibidas con satisfacción en el sector productivo, donde se entiende que si se aprueban serán una herramienta que ayudará a disminuir la ocurrencia del delito.
El proyecto plantea cambios en los artículos 258 y 259 del Código Rural – Ley N° 18.826 (14 de setiembre de 2004) y fue debatido en la Comisión Honoraria Asesora en Seguridad Rural, coordinada por el Ministerio del Interior.
El presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana, Alejandro Gambetta, dijo que los cambios propuestos “nos parecen que son muy positivos”.
Explicó que el incremento de las penas y que no se puedan aplicar sanciones sustitutivas ni excarcelar “son buenas señales”.
También resaltó el valor de que el delito se configure no solo si ocurre en áreas rurales y que también sean penados los receptores de los productos del abigeato.
“Si sale, porque esto se tiene que analizar en el Parlamento, pensamos que para el rubro ovino sería muy positivo, porque estamos ante una de las restricciones más grandes para el productor, sobre todo para los cercanos a las ciudades donde el ovino disminuyó mucho su presencia”, expresó.
“Sería de gran ayuda para toda la producción ovina, pero especialmente para esos productores más chicos que son los que están más cerca de las ciudades, donde el problema es mayor”, añadió.
Gambetta indicó que el rubro fue siempre un aporte muy trascendente para los productores, pero a veces no han tenido una alternativa a dejarlo por las pérdidas que les ocasiona el abigeato.
Daniel Constantin, presidente de la Asociación Agropecuaria de Salto, manifestó que “estamos totalmente de acuerdo, todas las gremiales hace años vienen luchando para que las penas fueran más severas”.
“El que comercializa la carne de un animal robado es como si nada, no le pasa nada, el que carneó si es primario no va preso… así que esto es buena cosa”, dijo.
Constantin puntualizó que, ahora que surgió la iniciativa de aplicar cambios favorables, “solo esperamos que las dos cámaras del Parlamento los aprueben y lo antes que se pueda”.
Mabel Puig, presidenta de la Sociedad Rural de Durazno, recordó que “cuando escuchamos al ministro (Tabaré) Aguerre en el Prado anunciar que se estaba trabajando en este proyecto aplaudimos la iniciativa porque era algo muy reclamado desde hacía mucho, sin duda va introducir cambios para hacer más efectiva la represión y así de alguna manera fortalecemos la seguridad rural”.
Enumeró como factores clave el incremento de las penas y la eliminación de la potestad del juez de sustituir las penas por trabajo comunitario y de la excarcelación.
Dijo que actualmente a veces un efectivo policial conduce en ómnibus a la ciudad a quien cometió el delito y en calidad de detenido, y termina regresando en el ómnibus junto a esa persona ya en calidad de libre. “La Policía tenía armas, pero la Justica no acompañaba”, reflexionó.
Otros aspectos importantes, citó, es que el delito se podrá establecer incluso en el ámbito urbano y que se pueda penar a quien procese y comercialice la carne, cosa que hoy no sucede; “la gente no roba para comer, esa es la excusa, hay organizaciones que ahora se las podrá enfrentar”, señaló.
Finalmente, Puig valoró que se mantenga la potestad de incautar los elementos utilizados en todo el proceso, “porque eso desestimula cometer este delito”.
La posición de la CMPP
Enrique Lussich Puig, el asesor letrado de la Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP), analizó el proyecto de ley, concluyendo que “la nueva ley de abigeato proyectada mejora a la anterior”.
En un documento enviado a El Observador Agropecuario por la CMPP, Lussich destaca que además de incrementar las penas elimina la facultad que tenían los jueces de aplicar penas sustitutivas a la prisión, instaurando un sistema más severo en lo que hace a la represión de este delito y destacando a la figura del reducidor, al cual impone una pena especial.
En su análisis dice que “podría incluir también disposiciones que no solamente refieran a la represión del delito de abigeato, sino también a su prevención”.
La CMPP destaca que se logró que el Ministerio del Interior pusiera a disposición el sistema on line para hacer denuncias y facilitar los trámites de los damnificados. Además, evaluará solicitar audiencias a las comisiones parlamentarias para exponer sugerencias sobre el proyecto de ley.
Los cambios
Incrementa las penas del delito (actualmente se castiga con tres meses de prisión a seis años de penitenciaria) a 12 meses de prisión a ocho años de penitenciaría.
No se podrán aplicar penas sustitutivas a la prisión ni conceder la excarcelación.
El delito podrá configurarse aún cuando no se cometa en zonas rurales, sino en ciudades y pueblos.
Se impone a quien recibe, oculta o comercializa ganados o productos derivados del abigeato la misma pena prevista para quien comete el abigeato
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