En este momento de cambios y replanteos en el área del Ministerio de Agricultura, entre los temas que seguramente deberán analizarse, y hacia ello apuntarán los correspondientes lobbies, no faltarán cuestiones como la comercialización del trigo y el maíz, las exportaciones de carnes, la situación de las producciones vinculadas con las economías regionales, la ley de semillas, los impuestos. Sin perjuicio de ello, deseo llamar la atención sobre otros aspectos, menos difundidos, de la problemática agraria.
Sin que la enumeración implique jerarquización, en nuestro país existe:
1) un problema campesino, en virtud del cual este tipo de productores familiares no capitalizados –parte de la población más pobre del campo, y en muchos casos integrantes de pueblos originarios– resulta crecientemente desplazado de sus espacios de vida y trabajo por fenómenos tales como la sojización, la forestación descontrolada, la minería y el petróleo, las obras destinadas al turismo y por las propias condiciones de competencia que les impone el capitalismo cuando se hallan más integrados al mercado. Frente a estos fenómenos sigue siendo una asignatura pendiente garantizar sus derechos sobre la tierra, la disponibilidad de las condiciones necesarias para el desarrollo de sus producciones, y el respeto de sus identidades, tradiciones y culturas.
2) Una crisis de la pequeña y mediana producción chacarera, familiar capitalizada, que viene sufriendo la agudización de los procesos de concentración del capital, el uso de la tierra y la producción desde comienzos de los ’90, lo que ha llevado a la desaparición de miles de explotaciones que no pueden competir con las escalas y rentabilidades que opera el gran capital en todas sus manifestaciones. En este sentido, detener y procurar revertir estos procesos mediante políticas diferenciadas para las pymes rurales es otro de los desafíos pendientes de la política agraria.
3) Sobre la base de la subsistencia de la gran propiedad territorial, la valorización de la tierra (en la zona núcleo de 2200 dólares la hectárea en 1991 a 15 mil dólares en 2013), y la vigencia de niveles de renta actuales de hasta 450 U$S por ha, se puede estimar que la renta del suelo percibida anualmente por los terratenientes ronda los 10 mil millones de dólares, repartiéndose alrededor de la mitad de este monto entre no más del 10% de los propietarios en control de un bien natural, similar al agua y el aire.
4) El deterioro de los recursos naturales y el ambiente es otro de los problemas acuciantes relacionados en buena medida con el agro, donde las formas específicas de extractivismo en curso determinan el avance sobre ecosistemas débiles, desmontes indiscriminados, contaminación con agroquímicos, pérdida de biodiversidad vegetal y animal, etc. Todo producto de una agricultura minera, que poco repone de los nutrientes que extrae del suelo, y que arrasa a su paso no sólo con la naturaleza, sino también con los ancestrales pobladores de los territorios que disputa.
En suma, junto con la difícil situación de todas las categorías de asalariados y peones rurales, las cuestiones que brevemente hemos señalado –y que incluyen al conjunto de los sectores populares del campo– constituyen sin duda parte de los problemas que demandan, al menos, la puesta en marcha de vías de aproximación a las necesarias soluciones de fondo
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