El asesor letrado de CARBAP analizó qué posibilidades tiene el Gobierno de aplicar dicha norma contra los productores que no vendan la soja.
Una noticia movió el piso sobre el que pisan los productores. Según publicó el matutino El Cronista Comercial, el Gobierno analizaría la posibilidad de aplicar la Ley Antiterrorista contra aquellos productores que no vendan la soja, algo deseado por el Ejecutivo para hacerse de dólares. Al respecto, el asesor en temas legales de CARBAP, Juan Pedro Merbilhaa, cree que dicho camino es “inaplicable”.
Tajante, Merbilhaa consideró “un disparate más” la probable intención del Gobierno de avanzar por ese camino para acelerar las ventas de la oleaginosa al exterior y, así, hacerse del 35% de retenciones. “¿Cuál es el nuevo delito? ¿Cosechar y no vender? Ahí se destruye todo. La Ley Antiterrorista, con la excusa de ser preventiva y ponerse a tono con la persecución internacional, para evitar una de las consecuencias del narcotráfico, el lavado de dinero, en la Argentina se la hizo como hace todo este gobierno, como un instrumento de persecución”, analizó.
“Esta ley, tal como se la hizo, mal redactada, mal reglamentada, no es una ley sancionatoria de un delito sino una ley represiva, como la Ley de Abastecimiento, la cual, por la legislación de desregulación, ha quedado suspendida. Son leyes policíacas”, agregó.
Luego, prosiguió: “La Ley Antiterrorista podría ser razonable si se la pusiera en línea con la legislación internacional. ¿Qué tiene que ver esto con un productor que no ha empezado a cosechar y tiene derecho a vender su producto cuando se le antoje? Es tan inaplicable que el solo hecho de mencionarla, si no fuera porque este Gobierno va por más, sería risible”.
Para el letrado, detrás de esto se esconde la intención de apretar a los productores a través de las exportadoras: “Este señor Moreno (sic) lo dijo abiertamente y fui testigo, que él quiso perseguir y controlar a la producción. Como la producción esta tan atomizada, no es posible. Aprendió en la función que el cuello de botella es la comercialización. Con esos pocos operadores se ha pasado entre el caramelo y el garrote. El apriete viene de los sectores más concentrados. Esta gente opera a favor del poder, en este esquema que ha volteado a tantas pymes y concentró el poder económico, para controlarlos más. Van sobre los acopiadores con un mensaje que llega al productor. El exportador va a decir que no tiene bolsones y que están en manos de los productores”.
Por último, cree que el siguiente será “ir a las chacras y ver qué hay” y con eso “meter miedo”. Hubo expediciones de inspectores en la provincia para (verificar) las existencias de trigo. El fisco no puede pedirme que diga todo de todo porque sí. Estamos llegando a los extremos del Estado policíaco que ya tenemos”.
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