los fundamentos de la medida pueden ser replicados por el complejo sojero para solicitar un trato equivalente
Rige a partir de hoy lunes
El gobierno macrista –tal como había prometido la semana pasada– oficializó la eliminación de las retenciones mineras. El dato es que los fundamentos de esa medida podrían ser perfectamente empleados por la cadena de valor sojera para solicitar un trato equivalente.
En los fundamentos del decreto 349/16 –publicado hoy lunes en el Boletín Oficial– se indica que los derechos de exportación “han tenido un efecto negativo sobre la industria minera argentina, lo que ha desincentivado las inversiones, toda vez que el país es una de las pocas jurisdicciones a nivel mundial en que se aplican derechos de tal índole”.
Y añade que las retenciones posicionaron a la Argentina en “una situación de pérdida de competitividad frente a las restantes naciones con actividad minera, encontrándose en desventaja respecto de países como Perú, Chile, Colombia o Brasil, en los que en años recientes se ha experimentado un marcado ascenso del nivel de inversiones en términos comparativos con nuestro país”.
“La aplicación de estos derechos afectó seriamente la competitividad de las pequeñas y medianas empresas mineras, radicadas mayormente en zonas de escasa disponibilidad de infraestructura y con costos de transporte elevados, determinando la pérdida de los mercados internacionales”, asegura el decreto.
También señala que las retenciones generan “riesgo de pérdida de puestos de trabajo y sus inevitables consecuencias en todo el sector productivo, en cuanto se refiere a empleos directos, empleos indirectos y cadena de proveedores”, para luego añadir que “ello se ha visto acentuado con la reciente caída en el precio internacional de los metales y demás productos minerales”.
“La imposición de derechos de exportación, que no son coparticipables, ha implicado una concentración de los aportes tributarios mineros en el Estado Nacional, en desmedro de las provincias, quienes poseen la titularidad originaria de los recursos minerales”, sostiene el texto oficial. Y agrega que eso “genera la imposibilidad de establecer un esquema tributario que maximice el impacto benéfico de la minería en las regiones donde opera, lo cual es crucial para que esta actividad se convierta en vector de potenciación del federalismo”.
El único párrafo de los fundamentos del decreto 349/16 que –al menos por ahora– no es extrapolable a la situación del complejo sojero, es el que dice que “la incidencia negativa de los derechos de exportación sobre las operaciones mineras en marcha excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario”.
Pero eso podría llegar a cambiar si EE.UU. logra una buena cosecha de soja 2015/16 y en consecuencia los precios internos de la soja, según advierten algunos analistas de mercados de granos, caen a niveles de 160 u$s/tonelada. Ese escenario, combinado con costos crecientes de control de malezas, tornaría inviable el negocio agrícola aún en la zona núcleo pampeana.
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