El gasto público agropecuario es el valor de los recursos públicos que tienen como fin declamado incrementar la eficiencia de producción y consumo de productos de origen tanto vegetal como animal. Se incluyen también dentro de esta categoría las erogaciones públicas, cuyo objeto no es ya contribuir a la eficiencia de producción y consumo sino […]
El gasto público agropecuario es el valor de los recursos públicos que tienen como fin declamado incrementar la eficiencia de producción y consumo de productos de origen tanto vegetal como animal. Se incluyen también dentro de esta categoría las erogaciones públicas, cuyo objeto no es ya contribuir a la eficiencia de producción y consumo sino transferir ingresos a ciertos sectores de la población rural.
Es ejecutado fundamentalmente por organismos como el INTA y SENASA, y diversas reparticiones tanto a nivel nacional como provincial. De estas últimas, la más importante es el Ministerio de Agricultura (actualmente Ministerio de Agroindustria).
Este gasto se asigna al desarrollo tecnológico (INTA), la prevención sanitaria vegetal y animal (SENASA), el control de calidad e inocuidad de los alimentos (SENASA) y la ejecución de diversas políticas relacionadas al sector (Ministerio de Agroindustria).
Existen múltiples casos que justifican las erogaciones. Para el caso de INTA, por ejemplo, los programas de mejoramiento vegetal, de cartografía de suelos, de ensayos de fertilización y de sistemas de producción ganadera. Estudios cuidadosos realizados por economistas agrícolas muestran que la rentabilidad (tasa interna de retorno) de varios programas del INTA es en muchos casos superior al costo de oportunidad de los recursos empleados, contribuyendo así al crecimiento de nuestra economía. La existencia de programas como los mencionados no debe impedir, sin embargo, una discusión franca y objetiva sobre la calidad de la asignación del actual presupuesto público agropecuario.
Algunas cifras
Primero veamos algunas cifras. En el período 2007-2012 la asignación de recursos públicos al INTA y SENASA se triplicó, totalizando al final de este período más de u$s 500 millones anuales. Una parte sustancial del incremento de presupuesto fue empleado en pagar remuneraciones de personal adicional contratado, gran parte del cual no tiene funciones científicas o técnicas, sino que sus tareas están orientadas a proyectos de tipo “social” (extensión rural, estudios y diagnósticos diversos, apoyo a grupos de productores y emprendimientos).
Este tipo de actividades implica algo muy distinto de lo que tradicionalmente se incluía dentro del mandato de instituciones como el INTA y SENASA. Los últimos datos de presupuesto nacional muestran una asignación a agricultura de unos $ 9.000 millones (equivalente a unos u$s 690 millones). De este total, las erogaciones de administración central (actual Ministerio de Agroindustria) representan casi el 60%, y el 40% restante es asignado a organismos descentralizados (INTA y SENASA fundamentalmente). Una pregunta razonable es: ¿en qué se gastan estos recursos? Una cosa es pagar sueldos y adquirir insumos para investigadores de alta calidad, y una muy distinta es mantener empleados en tareas que aún cuando ponen buena voluntad – poco aportan.
Un tema relevante es el de los mecanismos de control sobre la calidad del gasto público agropecuario. En el caso del INTA, esta institución tiene un Consejo Directivo del cual participan representantes de organizaciones como los grupos CREA, la Sociedad Rural Argentina y otras instituciones. A riesgo de equivocaciones, la impresión es que este consejo es del todo inoperante en afectar el rumbo de la institución. Esto tal vez no debería sorprender: como muestran muchas investigaciones de corporate governance, aún en importantes empresas los directorios son frecuentemente “cooptados” por quien circunstancialmente detenta el poder (el CEO). En definitiva, estos directorios se limitan a refrendar decisiones ya tomadas y, excepcionalmente, hacen avanzar lineamientos congruentes con el mandato que recibieron.
En el caso de las empresas abiertas a mercados de capitales, la ineptitud del directorio termina resolviéndose a través de una adquisición hostil (recordemos a Gordon Gekko en la película Wall Street). En el caso del INTA, sin embargo, un directorio inoperante avala durante años ingentes desperdicios de recursos.
Resumiendo: las autoridades del Ministerio de Agroindustria tienen por delante el enorme desafío de maximizar la rentabilidad de los muchos millones de dólares que manejan instituciones que de ellos dependen. La tarea no es fácil, ya que las decisiones que deben tomarse serán, en muchos casos, resistidas. Pero en definitiva, gobernar no es ganar un concurso de popularidad sino contribuir al desarrollo de la Nación.
Marcos Gallacher : Director de la Maestría en Agronegocios de UCEMA
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