La tragedia de las inundaciones urbanas en Buenos Aires y La Plata alcanzó, por su magnitud, una rápida dimensión nacional. Al punto que alteró diferentes agendas, incluso las del entramado gremial del agro.
Durante esta semana, el gobernador José Manuel de la Sota convocó al gabinete provincial para analizar la marcha de emprendimientos públicos financiados con recursos de la tasa vial sobre los combustibles.
A la vez, el Ministerio de Agricultura de la Provincia anunció la convocatoria de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, en especial para analizar la situación en los departamentos del noroeste, con serios problemas productivos y económicos derivados de sucesivas sequías.
En la esfera nacional, la Comisión de Enlace resolvió dejar en suspenso la asamblea de productores que se iba a concretar ayer en Mendoza como parte de la agenda de reuniones para debatir las relaciones con el Gobierno nacional y posibles medidas de fuerza.
En un comunicado, las centrales expresaron su solidaridad con los vecinos afectados y se puso a disposición "para toda acción que pueda colaborar a mejorar la situación de quienes han sido alcanzados por este desastre climático", se consigna.
Convocatoria. La cartera agropecuaria provincial convocó para el próximo martes, a las 11, a la Comisión Provincial de Emergencia, en la cual, se anticipó, se presentarán los resultados del relevamiento que llevan adelante técnicos de la cartera en diferentes zonas de la provincia.
Con el antecedente fresco de que en 2012 la Nación no aprobó ninguno de los decretos de emergencia motivados por la sequía que afectó a las distintas producciones, este año las autoridades locales se tomaron su tiempo.
Según fuentes de la cartera rural, con el paréntesis se buscó aguardar la evolución, con un cuadro que se presenta hoy muy heterogéneo: desde cultivos que se recuperaron y entregan rendimientos importantes en zonas que estuvieron anegadas en el sudeste, hasta daños importantes por la sequía en el norte y noroeste.
Según la Sociedad Rural de Cruz del Eje, las lluvias en esa zona contabilizaron 30 milímetros entre enero y febrero, con un arrastre de cuatro años de sequía. Pero el área regada no llega al cinco por ciento (manifestación de déficits con la infraestructura rural).
La entidad reclama políticas de desarrollo que no pongan trabas a la producción. En esa línea, citó la pérdida de pasturas, que no se pueden resembrar a raíz de impedimentos de la Secretaría de Ambiente a efectuar rolados de bajo impacto, como lo permite la ley de ordenamiento territorial del bosque nativo.
A escala nacional, los productores insisten en que las retenciones y las distorsiones cambiarias llevan a una ecuación económica negativa para las diferentes actividades.
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