Como si con el clima no bastara… el otro ambiente, el económico-jurídico, se ha ido “contaminando” para las actividades agropecuarias; especialmente en los últimos 40 días, desde que se reimplantaron las retenciones.
Porque la cuestión va más allá de la inestabilidad financiera que sufre todo la Argentina; y de los derechos de exportación que desde el mes pasado se han generalizados para todos los productos que pasan por la Aduana.
En el caso de las producciones rurales, la falta de previsibilidad que requiere cualquier negocio sumó un riesgo que preocupa a quienes hacen cuentas para definir inversiones: de un cultivo a otro, con más o menos tecnología aplicada, o directamente entre rubros con costos y márgenes de rentabilidad diferentes.
Ese escenario se profundizó con el artículo 83 del proyecto de Ley de Presupuesto que el Gobierno envió al Congreso, el cual contempla la posibilidad de elevar las retenciones hasta el 33%.
En el caso de la soja, el principal cultivo, implica 5-6 puntos más de los que tributa actualmente, y para otros casos, que hoy pagan hasta 12%,significaría un salto determinante para pasar a planillas excel con números rojos.
En ese contexto, muchos productores han manifestado preocupación, en forma individual y/o a través de las organizaciones del agro que los nuclean.
Una de las advertencias más representativas que se manifestaron sobre este riesgo provino de las Cadenas de Valor de los principales cultivos, que incluye a las asociaciones de la soja, el maíz, el sorgo, el trigo y el girasol.
Desde allí subrayaron que “la posibilidad de facultar al Ejecutivo para aplicar derechos de exportación de hasta el 33%… es una demostración de que se desconoce y no se tiene en cuenta cómo afectaría esta situación a las economías regionales y particularmente a los productores más alejados de los puertos”.
Remarcaron que “en un contexto sumamente difícil para todos los argentinos parece que la única alternativa viable es castigar a quienes producen sin pensar en las graves consecuencias que esto implica”. Incluso criticaron “los argumentos de algunos gobernadores”.
En ese sentido, quien quedó en el foco de las acusaciones fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que ha declarado públicamente su posición favorable a la suba de los derechos de exportación.
Las cadenas de valor, al igual que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación de Acopiadores, entre otras, manifestaron “un total rechazo a esta posibilidad”.
Y argumentaron que “si el objetivo es superar la crisis económica, se debe potenciar a los sectores que son motores para un desarrollo conjunto, porque tienen mayores oportunidades de alcanzar un rápido crecimiento y generar empleo y divisas, con el consecuente impacto positivo sobre toda la sociedad”.
Cuando el reclamo crecía en sordina, y llegó al debate de esta semana en la Comisión de Presupuesto en Diputados, el presidente de ese cuerpo, el santafesino de PRO Luciano Laspina, dijo que “los productos con alícuota del 12% mantendrán ese tope, y se fijaría el máximo del 33% sólo para la soja”.
El titular de la comisión habría aceptado hacer modificaciones por pedido de la oposición, e incluso, de su propio bloque, según señalaron desde la Fundación Barbechando.
Lo más interesante es que Laspina habló de “evitar la discrecionalidad” y criticó la Resolución 125 como “un engendro hijo de la arbitrariedad”.
Aunque no despejó todos los temores ni pudo asegurar que la delegación de facultades al Ejecutivo no se extienda hasta diciembre de 2020, o sea un año después del cambio de mandato presidencial.
La cuestión es inquietante. Y el telón de fondo es la economía argentina, que siempre resulta amenazante para los que producen a la intemperie, no sólo sin techo físico, sino también sin adecuados paraguas políticos.
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