La “cláusula de biotecnología” distorsiona el comercio de granos argentino

Conflicto en la comercialización de soja 2016

La Federación de Acopiadores vuelve a alertar sobre el gravísimo problema que acarrea el ilegal y compulsivo sistema diseñado por Monsanto para el cobro de patentes.

El esquema de recaudación que Monsanto intenta imponer compulsivamente para el cobro de la tecnología Intacta incorporada a la semilla de soja hará estallar un nuevo conflicto cuando se comercialice el grano de la nueva campaña, algo que ya ha comenzado a manifestarse en las operaciones forward.

Desde la Federación de Acopiadores entendemos que es importante que a los dueños de las tecnologías se les retribuya por sus aportes a las semillas. Pero estamos convencidos que el procedimiento elegido por Monsanto, de utilizar a los comercializadores de soja para que funcionen como sus agentes de recaudación, no es el camino.

La situación

Como Monsanto no quiere asumir el costo de la cobranza del canon de la semilla, pretende utilizar a los agentes del comercio de granos como sus recaudadores. Así, exportadores, acopiadores y cooperativas, que nada tienen que ver con el negocio de la semilla de soja, se ven involucrados en un mecanismo que distorsiona el comercio al ser obligados a actuar como agentes de retención y recaudación a favor de la empresa multinacional.

Este mecanismo es fuertemente cuestionado y rechazado por las entidades de productores, acopiadores, cooperativas y corredores. Incluso también Aapresid sostiene que tanto el germoplasma como la tecnología deben cobrarse en la semilla y no en el grano de soja. La iniciativa de Monsanto tuvo principios de ejecución para la soja de la campaña 14/15 producida en el NOA y NEA y pudo ser instrumentada porque la compañía obligó a los compradores finales (exportadores e industriales) a incorporar en sus contratos de compra de soja en forma compulsiva, la “cláusula de biotecnología” comentada. “Se compra con la cláusula sí o sí. Si no se acepta no hay compradores de soja”.

De esta forma, la compañía podría llegar a quebrantar los usos, costumbres y principios que rigen la comercialización de granos en nuestro país gracias al condicionamiento que impuso a los exportadores para otorgar los “certificados de bioseguridad” que China exige a la importación de soja.

Es evidente que si no existe alguna solución por parte del Estado que resuelva semejante conflicto, la comercialización de la próxima campaña de soja tendrá serios problemas.

En rigor, el problema ya comenzó a manifestarse porque hoy los exportadores imponen, en sus contratos de compra de grano de soja de la próxima campaña (forwards), la famosa cláusula de biotecnología por la cual  los acopiadores, que no somos los dueños de la soja, debemos aceptar la retención de hasta U$S 15 por tonelada en caso de que el grano  contenga la presencia de tecnología patentada por Monsanto que, recordamos, es un procedimiento aplicado a la semilla que nada tiene que ver con el grano y el uso que se le dará.

Está claro que ante la imposibilidad de encontrar una “solución de mercado” (todos los exportadores han celebrado acuerdos secretos con Monsanto y los vendedores no tenemos opción), el conflicto requiere una solución del Estado, arbitrando entre los intereses y posiciones de las partes. Es un claro ejemplo de la necesidad de una intervención estatal para la solución de conflictos.

Qué dice la Ley

El artículo 8, inciso b, de la ley de patentes T.O. 1996 establece: “… Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el titular de una patente de procedimiento tendrá derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines, del producto obtenido directamentepor medio de dicho procedimiento”.

De este artículo se desprende claramente que la protección al inventor del procedimiento –en este caso, Monsanto- se extiende hasta la semilla, que es el producto obtenido directamente por el procedimiento. Pero nunca se puede argumentar que se extiende al grano que es el fruto de la planta que se obtiene con la semilla. Mucho menos cuando dicho grano se mezcla, con pérdida de identidad en el acopio y se comercializa con otras finalidades (consumo animal o humano) que nada tienen que ver con la siembra.

Desde la Federación de Acopiadores insistimos en que la comercialización del grano de soja “no destinado a la siembra en nada lesiona o afecta los derechos de patentes que Monsanto posee sobre procedimientos incorporados a la semilla”. Por lo tanto, Monsanto no puede interferir en la comercialización del grano de soja.

Tres poderes y ninguna solución

Los tres poderes del Estado están en conocimiento de la existencia de este conflicto. El 19 de mayo de 2015, el Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional anunció en una reunión junto al Ministro de Agricultura y el Secretario de Agricultura, la sanción inminente de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual tanto la tecnología, como el germoplasma, se pagarían en la semilla, poniendo fin al conflicto comentado. Lamentablemente, dicho anuncio quedó en una promesa más realizada e incumplida por este Gobierno.

Al mismo tiempo, se afirma que existe un proyecto de ley a los fines comentados, aunque no existe actividad legislativa en este sentido que permita alentar alguna esperanza.

También entidades de productores presentaron una acción en la Secretaría de Comercio, en la comisión de Defensa de la Competencia, que está frenada.

En el poder judicial existen, desde el 5 de junio de 2015, dos demandas presentadas por la Federación de Acopiadores contra la inclusión de la cláusula de biotecnología en los contratos de compraventa de soja, con pedido de una medida cautelar que todavía no encuentran la designación de un juez que asuma la competencia, después de haber pasado por la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que se declaró incompetente para actuar en una situación de estricto derecho.

Del lado privado hubo reuniones entre representantes de la Federación de Acopiadores y Monsanto a los fines de encontrar entendimientos. Estas reuniones terminaron toda vez que Monsanto insiste en querer utilizar a las empresas acopiadoras como cobradoras de supuestas deudas que, con ella, pudieran tener los productores, circunstancia que hemos rechazado enfáticamente y seguiremos haciendo.

La voz del acopio

Una vez más reiteramos nuestro total rechazo a que Monsanto, sin tener derecho alguno, nos obligue a hacer un trabajo que no queremos realizar, que pretendan pagarnos lo que a ellos se les ocurra y que nos pongan en una situación terminal, pues aceptar su leonina exigencia nos quiebra la relación comercial con nuestros clientes y nos ubica en la ilegalidad al retener, de manera indebida, dinero de los productores sin ningún otro motivo que una orden de una empresa privada.

Reiteramos nuestro llamado al Poder Ejecutivo para que, más allá de comentarios donde expresan su repudio a la actitud de Monsanto, se pongan los pantalones largos e intervengan para evitar el avasallamiento de empresas multinacionales que no respetan el orden legal ni jurídico, pudiendo provocar el sojuzgamiento o desaparición de pequeñas y medianas empresas acopiadoras.

A los exportadores les exhortamos a que reflexionen sobre el inmenso daño que ocasionan a pequeñas empresas familiares que, aparte, han sido siempre sus proveedores. El abuso de posición dominante en que incurrirían y los contratos de adhesión son figuras que claramente están repelidas por el Ordenamiento Jurídico en General.

Alertamos acerca de los permanentes mensajes de Monsanto que se esfuerzan en afirmar que toda la cadena comercial ha aceptado su sistema. Es otra maniobra de esta empresa utilizada para ocultar su verdadero propósito: convertir a los acopiadores y cooperativas en sus amanuenses  para poder cobrar a los productores lo que ellos determinen.  

También solicitamos a empresas, cámaras sectoriales, Bolsas y Mercados que defiendan el sistema de comercialización actual, manifestándose en contra de semejante atropello que podría tener peligrosas derivaciones. Imaginemos por un instante la posibilidad de que todos los proveedores de insumos y servicios a la producción pretendieran utilizar a la cadena comercial para actuar como recaudadores de sus posibles acreencias. Sin dudas sería el fin de un sistema comercial eficiente, equitativo, seguro, ágil y ordenado legal y jurídicamente.