El 16 de julio de 2008 pareció que la política argentina cambiaba para siempre. Por primera vez en cinco años el Gobierno perdía una votación en el Senado, y no era una votación más. Perdía una votación que se pretendió ideológica, se volvió mediática, se manifestó institucional y siempre fue económica.
El conflicto que se generó en torno a la 125 puso de manifiesto la Argentina post crisis donde el modelo político era sustentado por la generación de valor del sector agropecuario: la “oligarquía sojera”, término acuñado por entonces, incluía indistintamente a pequeños, medianos y grandes productores beneficiados por una coyuntura internacional favorable para los productores agropecuarios y asediados por un modelo político lleno de improvisaciones e incertidumbres.
Aquel conflicto puede ser visto desde múltiples ópticas, un tema político, impositivo, económico, social o productivo. Más allá de las posiciones que entonces se sostuvieron, allí se debatió un modelo. Durante más de tres meses se puso en cuestión un modelo de acumulación política que desde el año 2003 se sustenta en la renta agraria.
La resolución 125 estuvo cargada de simbolismos. Por un lado expresó la avidez económica del Gobierno; por otro la caracterización de la política como imposición antes que diálogo, confrontación antes que negociación.
La expresión económica estaba en el fondo de la iniciativa. El aumento de las retenciones como una verdadera expropiación desde un techo inverosímil del 35% de impuesto a la exportación a otro desconocido y creciente.
En paralelo, la segunda expresión generó una alianza social entre el sector agropecuario y las clases medias urbanas, que reaccionaron ante la prepotencia y ambición de un Gobierno que desafía constantemente los límites institucionales.
Aquello pasó, lo que pareció un punto de quiebre quedó como un hecho aislado en un proceso de diez años de acumulación política. La derrota legislativa de la 125 y su posterior consecuencia -la derrota electoral del oficialismo en 2009-, no implicaron un cambio de época.
Más aún, el modelo de construcción política oficial se sostuvo y reverdeció.
En el Gobierno no hubo cambios, ni profundos ni faciales. La economía argentina se mantuvo, la concepción del poder subsistió. El modelo sigue siendo tal.
En 2008 el precio de la soja explicaba en parte el veloz crecimiento económico de los cinco años anteriores. En 2012, también es el precio de la soja el sustento -tal vez el único sustento-, de un modelo resquebrajado y con signos de agotamiento.
En 2008 la potencialidad del sector agropecuario argentino era enorme. Hoy, en 2012, la potencialidad se conserva. Claro que también se conserva la carencia de programas para el desarrollo del sector a largo plazo.
Aquella vez, en 2008, ante una situación fiscal compleja la salida del Gobierno fue extraer más recursos del sector agropecuario. Hoy, en 2012, la respuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires calcó el modelo de la 125: revalúo inmobiliario ante el agobio de los crecientes agujeros presupuestarios. Hoy como ayer, el futuro ausente.
A aquellos que estamos involucrados en diseñar una alternativa política, nos corresponde mostrar que podemos encontrar caminos distintos que potencien la productividad y el valor agregado.
Es por eso que pienso que debemos enfrentar la decisión de formular una profunda reforma fiscal que incentive a los emprendedores y castigue a los especuladores, asumiendo que las retenciones son un instrumento extraordinario para circunstancias excepcionales. Asimismo, que no se puede usar políticas de comercio interno como instrumento de política agroindustrial, en ese intento vago y sistemáticamente fracasado de contención de precios internos. Hay mejores instrumentos como los subsidios a la demanda.
Hemos observado en los últimos 9 años un conjunto de medidas que llevaron a una concentración de la actividad como nunca se ha conocido. Todo esto mostrado con un empaquetamiento “progre” de inocultable mendacidad.
Los pequeños productores deben ser defendidos a ultranza porque constituyen una parte sustantiva del entramado social del país. Para darles sustentabilidad debemos lograr que la tasa de riesgo que enfrenta su actividad sea reducida a través de medidas efectivas de atenuación sobre los riesgos climáticos y de mercado.
La administración de las políticas públicas hacia el sector agroalimentario se ha llenado de gente y vaciado de contenido y eficiencia. Necesitamos un Estado en serio de gente capacitada que sirva para solucionar problemas y no para ayudar amigos y castigar a enemigos.
A cuatro años de la 125, podemos decir que aquella noche pareció cambiar todo, para terminar cambiando poco. Se sostuvo la mirada cortoplacista, extractiva y prejuiciosa del Gobierno en materia agroindustrial. Cambió su discurso, pasó de señalar con el dedo inquisidor al yuyo que crece solo, a rogar por el aumento del precio de la soja.
Para quienes entonces pusimos un límite al atropello ambicioso, se mantiene el desafío: construir una alternativa válida, sustentable y generosa que desde la política potencie a la Argentina productiva que sigue dándonos oportunidades para dar el definitivo salto al desarrollo con equidad.
El modelo extractivo del kirchnerismo no construye futuro, solo sostiene un presente plagado de desequilibrios e incertidumbres. La Argentina del futuro no se construye ninguneando al “yuyo” ni dependiendo de la soja. La Argentina se construye generando condiciones para producir valor con equilibrio territorial y equidad social.
Ernesto Sanz es senador por la provincia de Mendoza (UCR)
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