La Ley de Semillas históricamente generó divisiones en la Mesa de Enlace. Ninguno de los ministros de Agricultura de 2009 a la fecha (Julián Domínguez, Norberto Yauhar, Carlos Casamiquela y Ricardo Buryaile) encontró margen para consensuar un proyecto y aprobarlo.
El actual ministro, Luis Miguel Etchevehere, no quiere repetir las experiencias de sus antecesores y comenzó a mover los hilos con el objetivo de poder mostrar resultados de gestión al presidente Mauricio Macri. Pero no le tocó una parada sencilla al ex titular de la Sociedad Rural (SRA).
La idea del Gobierno era mandar lo más pronto posible al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Semillas (Nº 20.247/73) con el objetivo que sea tratado y aprobado durante el transcurso del presente año legislativo, aprovechando que no hay elecciones.
Etchevehere presionó para apurar a toda costa un acuerdo entre las cuatro entidades rurales. El ministro dijo que “todos los integrantes de la cadena trajeron un borrador y en base a eso se elaboró un proyecto; ya está en instancias de presentarse ante el Congreso”.
Estas declaraciones del funcionario macrista causaron un alto grado de indignación en el sector. Es que los directivos de Federación Agraria (FAA) y Confederaciones Rurales (CRA) rechazan el proyecto del oficialismo, dado que no contempla una serie de puntos planteados.
En diálogo con ExtraNews, el presidente de CRA, Dardo Chiesa, comentó que “el Ministerio de Agroindustria, para avanzar en un proyecto conjunto, tomó los aspectos en los que estamos de acuerdo, pero ignoró los puntos en los que no hay consenso”.
FAA, por su parte, impulsa una iniciativa propia que cuenta con estado parlamentario hace tres años. La entidad federada que conduce Omar Príncipe, no sólo se opone al proyecto del Gobierno, sino que se sentó a negociar con CRA la posibilidad de presentar un único plan.
La idea de ambas entidades tiene una razón de ser. Los dirigentes saben que si van divididos y no hay consenso generalizado para que avance una iniciativa de tales características, muy difícilmente la Ley de Semillas logre ser aprobada este año.
Las diferencias respecto a la postergada norma giran en torno al cobro de regalías. El sistema de regalías extendidas reconoce las inversiones que realizan las empresas semilleras en desarrollo biotecnológico, a través del cobro de un canon cada vez que el productor utilice la semilla. Las compañías, mediante un contrato con el productor, se aseguran el cobro de regalías en sus variedades de soja y trigo, principalmente.
El otro sistema que proponen algunos grupos de productores es que se pague por la semilla una sola vez y luego pueda volver a ser utilizada. Según estiman en el sector, la venta ilegal de semillas representa una suma cercana a los u$s 400 millones.
Como sea, el próximo martes en el Ministerio de Agroindustria los presidentes de las cuatro entidades mantendrán una reunión “a agenda abierta” con Etchevehere en donde intentarán, una vez más, ponerse de acuerdo (algo que, hasta el momento, parece misión imposible).
Las presiones del Gobierno
Estaba todo listo. Hace 10 días, las máximas autoridades de FAA y CRA tenían previsto presentar en una conferencia de prensa un proyecto conjunto de Ley de Semillas. Sin embargo, la presentación que se iba a realizar en la sede porteña de FAA fue suspendida de manera inesperada.
El hecho de que FAA y CRA no apoyen la iniciativa oficial -tal como sí hacen la SRA y Coninagro- evidenciaba el fracaso de Agroindustria. Por tal motivo, al parecer, Etchevehere mandó a uno de sus segundos, Santiago del Solar, a “sugerir” a Chiesa que se baje de esa conferencia.
Las fuentes consultadas por ExtraNews cuentan que Del Solar además generó un revuelo interno en CRA, haciendo notar a algunos dirigentes que si respaldaban la iniciativa que habían acordado con la entidad federada, quedarían muy mal parados frente al resto del sector.
De hecho, se dice que cuando Chiesa confirmó que se retiraba de la mesa de diálogo formada en Agroindustria para apurar la Ley, el ex hombre de La Rural y del Movimiento CREA explotó, tratando de muy de mala manera a los directivos de CRA.
Otras versiones cuentan que las presiones surgieron desde el interior de CRA, donde se le exigió a Chiesa que se baje de la conferencia con FAA. “Queremos tener una Ley lo antes posible para poder disponer de la última tecnología que no entra a la Argentina”, afirmó un dirigente del norte.
Después de todos estos acontecimientos, las autoridades de CRA, entonces, elaboraron un anteproyecto de reforma de la actual Ley de Semillas que contempla mantener el “uso propio” irrestricto solamente para las microempresas agrícolas.
La respuesta de CRA
“Nosotros tenemos un proyecto propio sobre el tema que elaboraron nuestros técnicos. La idea era que FAA se encolumne en nuestra iniciativa. Pero por razones personales mías no pudimos presentarlo tal como estaba previsto”, aclaró Chiesa a este medio.
“No descarto que CRA presente un proyecto conjunto con FAA sobre la Ley de Semillas”, indicó Chiesa. “Hubo algunos desentendidos y las otras entidades (Sociedad Rural y Coninagro) pidieron un impás de espera; sabemos que si hay muchos proyectos, difícilmente avance algo”, agregó.
“Yo quiero construir para adelante”, señaló el dirigente, para luego mencionar que “nos quedan por resolver varios puntos; tenemos que ver un proyecto integral para que no sea solo soja y trigo y que la transición no sea de usos privados porque entonces se termina judicializado el tema”.
El plan de FAA
La polémica pasa porque el nuevo anteproyecto diseñado por técnicos y legisladores del oficialismo no incluye el concepto de “orden público”, a diferencia del texto presentado en 2016, que reconocía a toda propiedad intelectual al momento de comprar semilla.
Jorge Solmi, dirigente de FAA y especialista en el tema, consideró que “al no estar contemplado el orden público, los propietarios de patentes que licencien el uso a las semilleras pueden reservarse la posibilidad de cobrar a los productores un canon por el uso de esas patentes”.
“Se quiere vender que el nuevo anteproyecto es fruto de un consenso, cuando esto no existe. El concepto de orden público, en términos jurídicos, implica que el Estado se pone en el medio de dos partes con el propósito de proteger a la más débil”, sostuvo Solmi.
“Nosotros entendemos que, si un proveedor de tecnología licencia el uso de una patente a una empresa semillera, el cobro de la misma debe circunscribirse entre ambos, sin incluir al productor en ese acuerdo”, explicó el dirigente oriundo de Pergamino.
Una semana cargada de rumores
No son días fáciles en el Ministerio de Agroindustria. En las últimas semanas las versiones que corrieron son de lo más variadas. Incluso, el martes pasado llegó a circular el rumor de que Macri decidió echar al ministro Etchevehere en medio de cambios en el Gabinete.
Si bien eso no ocurrió, en la Casa Rosada dicen que “nadie tiene el puesto asegurado”. El ministro Nicolás Dujovne aún sigue fastidioso con Etchevehere, porque cuando se planteó la posibilidad de volver a implementar las retenciones, el entrerriano hizo una fuerte defensa del sector.
Lo cierto es que, en este contexto de incertidumbre económica y política, nada puede descartarse. La posibilidad más viable que analiza el equipo de Dujovne, hasta el momento, es dar de baja la disminución gradual de las retenciones a la soja para establecerlas fijas en torno al 27%.
Tampoco puede descartarse por completo que el Ministerio de Agroindustria vuelva a tener rango de Secretaría como hasta septiembre de 2009. En este sentido, el hombre que más suena en los pasillos oficiales para ocupar el cargo de secretario es el actual titular del Senasa, Ricky Negri.
Así las cosas, Macri deberá resolver en las próximas semanas las medidas que tomará respecto al campo dado que el grado de incertidumbre, en medio de tantos rumores, es cada vez mayor, y afecta no sólo el caudal de negocios, sino también el ánimo entre los productores.
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