El bloque de diputados del PJ-FpV presentó un proyecto de Resolución por el cual se dirige al Gobernador del Chubut solicitando, al amparo constitucional, que en un plazo de 10 días hábiles se informe al Poder Legislativo respecto de requerimiento sobre Pesca, conteniendo exhaustivos detalles acerca del Presupuesto de la Secretaría de Pesca; los Cambios en los Mecanismos de Control; las Incautaciones, Decomisos e Infracciones, y las Autorizaciones para operar como Prestadores de Servicios en los muelles de Rawson y Camarones.
“La difusión permanente de supuestas incautaciones y decomisos por parte de la Secretaría de Pesca, y las denuncias públicas sobre contrabando de pescados y mariscos, y sobre irregularidades en el otorgamiento de las autorizaciones para operar como prestadores de servicios de estiba, transportistas y mantenimiento, en los muelles de Rawson y Camarones, así como las fallas en obras contratadas en la reparación de las instalaciones portuarias”, alude la fundamentación del pedido legislativo elevado al gobierno. “Es necesario conocer los fondos recaudados por los distintos conceptos de ingresos de la Secretaría de Pesca y el destino que se le dio a dichos fondos”, añade el planteo.
Servicios portuarios
El proyecto del bloque opositor refiere a que habrían sido habilitadas nuevas empresas para operar como prestadoras de servicios de estiba y otros servicios portuarios en los muelles de Camarones y Rawson y que las mismas deberían cumplimentar las normas de impositivas, legales, laborales y de seguridad e higiene que garanticen el cumplimiento de las leyes, y demás normativas vigentes, “entre las que destacan las destinadas a proteger las condiciones óptimas para el desarrollo de la tarea del trabajador en un ámbito de trabajo complejo como el portuario”, precisa.
Insisten en que se “necesita conocer con precisión las condiciones de la infraestructura portuaria de Camarones y Rawson como las nuevas obras contratadas, las realizadas, las de reparación, de mantenimiento las que están en realización en dichos puertos”.
Langostino a Brasil
Por otra parte, hacen referencia al caso en cuyo marco la Policía Federal de Brasil incautó en la localidad de Dionisio Cerqueira, un camión con mercadería proveniente de una empresa de Puerto de Rawson por valor de un millón trescientos mil pesos y señalan que “ha tomado estado público la denuncia de un inspector de la Secretaría de Pesca ante el Ministerio Público Fiscal, por anoticiarse que dos funcionarios de la Secretaría, en un procedimiento en la RN 3 (Portal de acceso a Trelew) con asistencia de la Gendarmería Nacional detienen un camión cargado de langostinos que llevaba una guía de transito con su firma y sellos falsificados”.
“Ambos funcionarios detuvieron el vehículo, y sin tomar los recaudos mínimos para garantizar la descarga o el decomiso de la mercadería lo desviaron a una planta pesquera en el Parque Industrial de Trelew. Tres horas después el mismo camión fue detenido en el puesto caminero de Arroyo Verde, desconociéndose los hechos posteriores como destino de la mercadería, secuestro del vehículo, u otra acción que impida la infracción o delito que se estaba cometiendo”, argumentan al pedirle detalles al Gobierno sobre el polémico caso.
“Investigación profunda”
En la iniciativa se argumenta que “son numerosas las versiones en distintos medios y actores, sobre un sustancial incremento del contrabando dado el mayor interés en los productos frescos que se comercializan en el muelle de Rawson. Existen además denuncias respecto a la falta o incumplimiento de las condiciones mínimas de trabajo del personal de inspectores y de observadores a bordo, con el fin de que puedan desempeñar adecuadamente sus funciones, y así liberar las zonas de pesca y permitir la depredación de nuestro recurso pesquero”, indican al requerir información oficial al gobierno.
“Estas acciones relacionadas, constituyen un riesgo para el empleo futuro, la sustentabilidad de los actores del sector pesquero (empresas, sindicatos, permisionarios, etc.) que procuran cumplir con las normas y denuncian un sistema corrupto de circulación de productos de mar y su consecuente falta de control. Ante las excusas evidentes, resulta indispensable iniciar una investigación profunda sobre las irregularidades y denuncias recibidas”, añadieron.
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