La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FEARCA) manifestó en un comunicado que una resolución de la actual Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), haciendo exigible la instalación de respondedores radar a todas las aeronaves de Trabajo Aéreo a partir del 1° de febrero de 2018, empuja a la ilegalidad a muchos aeroaplicadores registrados que no pudieron cumplir con el corto plazo para la instalación de los dispositivos.
La Resolución ANAC N° 25/2018, publicada en el Boletín Oficial el 16 de enero de 2018, impone la obligatoriedad de uso de dispositivos respondedores radar (transponders) por parte de todas las aeronaves de Trabajo Aéreo que realizaran operaciones al Norte del paralelo 29 Latitud Sur. La disposición tiene el objetivo de hacer posible la distinción entre aviones agrícolas y narcotraficantes y poder dirigir las intercepciones sólo contra estos últimos.
Tras la entrada en vigencia de la Resolución, el Departamento Trabajo Aéreo de la ANAC comenzó a rechazar las solicitudes de habilitación y re-habilitación de todas aquellas empresas de Aviación Agrícola basadas al norte del paralelo 29 Sur, en tanto presentaran para afectación aeronaves carentes de respondedores radar. De esta forma, “se echó a la basura un año de esfuerzo en la lucha contra la Aviación Agrícola clandestina, pues resultó que la propia Autoridad Aeronáutica impedía la habilitación o re-habilitación con fundamento en una norma de cumplimiento imposible”, explicó FEARCA.
El Dr. Tomás Insausti (nuevo Administrador de ANAC) “fue expresamente informado de esta problemática en las reuniones del Consejo Asesor de Aviación Civil llevadas a cabo el 31 de enero de 2018 y el 8 de febrero de 2018, en el curso de las cuales se le requirió la inmediata prórroga de la Resolución ANAC N° 25/2018. Lo mismo solicitó formalmente FEARCA en nota del 14 de febrero de 2018. Al día de hoy no existen ni visos de solución a este problema, que se hubiera resuelto muy fácil actuando con buena voluntad” señaló el comunicado.
Teléfono para Tomás Insausti
“Nuestro país reúne a la cuarta flota de aeroaplicadores más grande del mundo, detrás de Estados Unidos, la Federación Rusa y Brasil. Pero, a diferencia de lo que ocurre en aquellos países, la mitad de nuestra flota es clandestina. En otras palabras, hay tantas empresas agroaéreas registradas por la ANAC, como empresas carentes de Certificados de Explotador de Trabajo Aéreo” remarcó la entidad, al mismo tiempo que explicó que el problema no sólo es relevante desde el punto de vista impositivo, sino desde el ángulo de la seguridad operacional aeronáutica, pues el riesgo de ocurrencia de accidentes se potencia en aviones carentes de mantenimiento aeronáutico cuyos pilotos no tienen incluso licencias que los habiliten a volar.
“El Dr. Tomás Insausti debe comprender que sin la Aviación Agrícola el modelo agroexportador colapsa, pues sólo los aviones pueden sembrar, fertilizar y tratar las plagas vegetales con la contundencia y velocidad que nuestro campo necesita. La Resolución ANAC N° 25/2018 debe prorrogarse de manera urgente pues, lejos de contribuir a la lucha contra el narcotráfico, sólo está penalizando a los aplicadores aéreos registrados” concluyó el comunicado.
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