Costa Rica: Acusan al Gobierno de no poner la debida atención el problema de la piña orgánica

La Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea Legislativa investiga la denuncia de un presunto fraude con exportación de piña convencional que se hizo pasar por piña orgánica, lo que pone en peligro la marca del país en el mercado internacional y el futuro de los genuinos productores del cultivo orgánico.

En la primera audiencia sobre el tema, el pasado 20 de febrero, estuvo presente el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz; la viceministra Ivannia Quesada; el director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Marco Vinicio Jiménez; el exdirector de esa oficina, Francisco Dall’Anese, y representantes de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (Canagro).

En la sesión se dio un choque frontal entre las posiciones de la Cámara y los jerarcas del Ministerio. La primera representa a un sector de los productores de piña orgánica y sostiene que las autoridades del MAG no han atendido denuncias que han puesto desde el 2016, en el sentido de que “se está exportando más piña orgánica de la que hay en el país”; mientras que el Ministerio sostiene que sí se han investigado y que no se han comprobado irregularidades.

No obstante, las respuestas de los funcionarios evidenciaron fallas increíbles en la vigilancia que debe hacer el Estado sobre las exportaciones de la producción del producto orgánico y el cuido del mercado.

Ni el ministro, ni la viceministra, ni los funcionarios del FSE – a pesar de sostener que no se han comprobado irregularidades en la exportación de piña orgánica – supieron responder a la pregunta de cuánta es el área cultivada de piña orgánica en el país y cuál es el rendimiento por hectárea. Aunque estos datos son elementales para saber si se está exportando más piña orgánica de la que hay en el país, como denuncian los miembros de Canagro.

Otra novedad fue que Jiménez reconociera que en Costa Rica es posible realizar exportaciones de fruta orgánica sin conocimiento del FSE (pese a que por ley esta dependencia del MAG tiene la responsabilidad de llevar el registro de productores y certificadores orgánicos, y de vigilar el cumplimiento de los requisitos para mantener esa condición).

“Eso significa que la marca país no está tutelada por el Estado costarricense”, anotó el presidente de la Comisión Legislativa, Rolando González (Partido Liberación Nacional).

Los representantes de Canagro hablaron de la necesidad de que se investigue el “ruido”, existente desde el 2014, alrededor de la presunta presencia de piña convencional que se está haciendo pasar por piña orgánica en el mercado de Estados Unidos y Europa.

Insistieron en acusar a las autoridades de no haber puesto la debida atención al problema, y que más bien engavetaron una investigación que realizó el ingeniero José Miguel Jiménez, inspector del FSE. En ese estudio se comprobó irregularidades en una empresa exportadora de piña orgánica ubicada en Pital de San Carlos.

La investigación legislativa surgió luego que Canagro se quejó de una supuesta inacción de las autoridades del MAG ante denuncias presentadas contra Valle Verde Corp. L y L, Proyectos MMV S.A. y Congelados y Jugos Valle Verde S.A., empresas de un mismo grupo, radicadas en la zona de Pital de San Carlos, que supuestamente estarían involucradas en el fraude con la piña orgánica.

Según los miembros de Canagro, varias exportaciones de piña convencional fueron colocadas en mercados internacionales, lo cual supondría ingentes ganancias, y provocó un derrumbe de precios que tiene en peligro de bancarrota a productores que sí cumplen con las reglas de la producción orgánica, que además es más costosa.

Según los productores, la primera alerta les llegó  en octubre del 2015, durante un encuentro en Vermont, Estados Unidos, con importadores estadounidenses que les manifestaron preocupación por el presunto fraude con la piña orgánica.