El proyecto de criar vacas en el bosque es un experimento que requiere, en primer lugar, eliminar el ordenamiento territorial
Salta tiene hoy la posibilidad de poner en marcha un proceso de transformación productiva y liderar la industrialización de productos agroalimentarios. Lograrlo dependerá de una decisión política que aliente la inversión. Sin embargo, resultará difícil, ya que el Gobierno provincial debería dar un volantazo y poner distancia con la presión de los ambientalistas.
Hace una semana se constituyó parcialmente el Comité Asesor Provincial de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), que tendrá a su cargo la ejecución de un proyecto que parece una quimera: que la provincia cumpla con el protocolo aprobado en el proyecto Salta 2030, que estableció para ese año una meta de cinco millones de cabezas de ganado bovino.
En estos casos, Perón decía: “Si no quieren que algo se haga, formen una comisión”.
Con diez meses de atraso, porque en setiembre de 2015 ya se había tomado el compromiso con el Gobierno nacional, se incorporaron el INTA, Federsal, Cámara de la Producción, las secretarías de Asuntos Agrarios y Medio Ambiente, la UNSa, Redes Chaco y otras entidades, a las que se sumará el Consejo Económico y Social.
No hay entusiasmo y el desaliento es comprensible. Entre 1995 y 2007, el rodeo ganadero se triplicó en Salta y llegó al millón de cabezas. Desde entonces, se estancó porque frenaron el desarrollo de pasturas, sin las cuales no hay ganadería. Hoy, con todas las tierras con posibilidades de desarrollo agroganadero pintadas de amarillo, es imposible sumar cuatro millones de cabezas en 14 años.
El ordenamiento territorial fue resultado de una ley de bosques pensada al margen de las necesidades de producción y empleo. La norma obligó a preservar determinadas áreas, pintadas de “rojo” y dejó librada a la agricultura y la ganadería las que se pintaron de verde. Salta actuó a la inversa que el resto de las provincias y se impuso el freno a toda el área amarilla. Basta observar cómo cambia el color del mapa en el límite entre Rivadavia, en Salta y Ramón Lista, en Formosa.
Hace una semana se constituyó parcialmente el Comité Asesor Provincial de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), que tendrá a su cargo la ejecución de un proyecto que parece una quimera: que la provincia cumpla con el protocolo aprobado en el proyecto Salta 2030, que estableció para ese año una meta de cinco millones de cabezas de ganado bovino.
En estos casos, Perón decía: “Si no quieren que algo se haga, formen una comisión”.
Con diez meses de atraso, porque en setiembre de 2015 ya se había tomado el compromiso con el Gobierno nacional, se incorporaron el INTA, Federsal, Cámara de la Producción, las secretarías de Asuntos Agrarios y Medio Ambiente, la UNSa, Redes Chaco y otras entidades, a las que se sumará el Consejo Económico y Social.
No hay entusiasmo y el desaliento es comprensible. Entre 1995 y 2007, el rodeo ganadero se triplicó en Salta y llegó al millón de cabezas. Desde entonces, se estancó porque frenaron el desarrollo de pasturas, sin las cuales no hay ganadería. Hoy, con todas las tierras con posibilidades de desarrollo agroganadero pintadas de amarillo, es imposible sumar cuatro millones de cabezas en 14 años.
El ordenamiento territorial fue resultado de una ley de bosques pensada al margen de las necesidades de producción y empleo. La norma obligó a preservar determinadas áreas, pintadas de “rojo” y dejó librada a la agricultura y la ganadería las que se pintaron de verde. Salta actuó a la inversa que el resto de las provincias y se impuso el freno a toda el área amarilla. Basta observar cómo cambia el color del mapa en el límite entre Rivadavia, en Salta y Ramón Lista, en Formosa.
La ley de bosques obligaba al Gobierno nacional a pagar un resarcimiento a los dueños de los predios inmovilizados. En total, en ocho años, debió girar 18.000 millones de pesos, de los que a Salta hubieran correspondido unos tres mil millones; apenas llegaron 30 millones por año, con destino impreciso.
El comité asesor creado hace una semana debe comenzar a experimentar si el manejo de bosques con ganadería integrada es aplicable, ya que solo se verificó algún caso exitoso en Santiago del Estero. Pensando en las exigencias del quehacer rural, este comité se perfila tan eficaz como ponerse a bailar la danza de la lluvia.
El MBGI establece que en una finca, por caso, de mil hectáreas, el 10% -100 ha- se aplicarán a pasturas; otras 100 ha deberán ser preservadas con flora nativa, y las 800 ha restantes se destinarán al ganado, pero preservando 300 ha. Es decir, que para hacer los experimentos de factibilidad habrá que conseguir finqueros con títulos de propiedad, dispuestos a invertir en alambrados, pasturas, riego, ganado y reforestación; todo, para saber, dentro de cinco años, si el sistema funciona o no. Gran parte de los predios están ocupados hoy por grupos familiares sin título de propiedad, que probablemente no están en condiciones de participar.
Por eso nadie celebra la iniciativa y los anuncios oficiales fueron llamativamente discretos.
El comité asesor creado hace una semana debe comenzar a experimentar si el manejo de bosques con ganadería integrada es aplicable, ya que solo se verificó algún caso exitoso en Santiago del Estero. Pensando en las exigencias del quehacer rural, este comité se perfila tan eficaz como ponerse a bailar la danza de la lluvia.
El MBGI establece que en una finca, por caso, de mil hectáreas, el 10% -100 ha- se aplicarán a pasturas; otras 100 ha deberán ser preservadas con flora nativa, y las 800 ha restantes se destinarán al ganado, pero preservando 300 ha. Es decir, que para hacer los experimentos de factibilidad habrá que conseguir finqueros con títulos de propiedad, dispuestos a invertir en alambrados, pasturas, riego, ganado y reforestación; todo, para saber, dentro de cinco años, si el sistema funciona o no. Gran parte de los predios están ocupados hoy por grupos familiares sin título de propiedad, que probablemente no están en condiciones de participar.
Por eso nadie celebra la iniciativa y los anuncios oficiales fueron llamativamente discretos.
La peste amarilla
Las cifras son alucinantes. Con una pobreza estructural que merodea el 50% de la población, hay 5.157.000 ha aptas para el cultivo y la ganadería que no son aprovechadas. Salta tiene una superficie agroganadera de 10.232.502 ha. Hay 2.500.000 en producción, 1.196.000 pintadas de rojo (intocables) y 1.383.000 pintadas de verde. El resto, en amarillo. Está prohibido desmontar pero se trata de tierras habitadas por gente que tiene ganado y utiliza la madera. Como ocurre con las economías de subsistencia, el resultado es una mayor desertificación del monte chaqueño, incremento de la mortalidad por desnutrición y migración a los asentamientos que hoy albergan al 20% de los habitantes de las ciudades de Salta, Orán y Tartagal
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