Argentina argumentó ayer que el tribunal federal de EEUU no tienen jurisdicción para interferir en los pagos de su deuda realizados fuera del territorio estadounidense. Es por la causa que llevan adelante los fondos buitre que no aceptaron la reestructuración de bonos en 2005 ni 2010 y exigen se les pague el 100% de los [...]

Argentina argumentó ayer que el tribunal federal de EEUU no tienen jurisdicción para interferir en los pagos de su deuda realizados fuera del territorio estadounidense. Es por la causa que llevan adelante los fondos buitre que no aceptaron la reestructuración de bonos en 2005 ni 2010 y exigen se les pague el 100% de los intereses comprometidos por el Estado en su momento.
En un documento enviado a última hora de esta noche al tribunal federal del distrito sur de Nueva York que sigue el caso sobre el pago a los tenedores de deuda, Argentina cuestionó “el alcance de la capacidad de un tribunal de EEUU de interferir con el uso de sus propiedades que hace otro país fuera de Estados Unidos”.
Ayer viernes, las partes involucradas debían presentar sus opiniones ante el juez federal que lleva el caso,Thomas Griesa, quien prevé decretar antes del 2 de diciembre cuánto debe pagar Argentina a los tenedores de bonos, entre ellos el fondo de inversión NML Capital y Aurelius Capital. Esa es la fecha en que el país hace el primer pago de intereses de títulos.
Según una orden emitida el pasado 26 de octubre por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, Argentina no puede realizar ningún pago a los acreedores que aceptaron la reestructuración mientras siga negándose a pagar a quienes rechazaron el acuerdo. Sin embargo, esa corte le devolvió el caso al juez Griesa para resolver las cuestiones técnicas.
El documento argentino solicita una revisión de la decisión del Tribunal de Apelaciones, ya que supone “la primera vez” que un tribunal de EEUU ha prohibido a un Estado soberano disponer de “su propiedad fuera de Estados Unidos”, donde está fuera de la potestad de las leyes estadounidenses. Recalca que la ley estadounidense sobre inmunidad soberana extranjera (FSIA, por sus siglas en inglés) protege “la propiedad soberana localizada fuera de Estados Unidos” e insiste en que el pago a los acreedores se realiza fuera del territorio de este país del norte.
Entre los papeles presentados ante el juez Griesa, figuró también uno del Bank of New York Mellon, que participa en el pago del Gobierno argentino a los acreedores de EEUU que aceptaron la reestructuración. También esbozaron sus opiniones una parte de los acreedores que no aceptaron las reestructuraciones de deuda de Argentina en 2005 y 2010 y que demandaron al país en Nueva York para recuperar el 100 % de su inversión.
Este grupo argumentó que no son “fondos buitres”, sino jubilados que perdieron sus ahorros. “Buena parte de los tenedores de bonos quebrados son jubilados que esperaban financiar su retiro invirtiendo en deuda argentina. Algunos ya han fallecido”, dijo en su escrito el grupo de abogados Duane Morris, que representa a varios demandantes individuales.
El documento afirma que, “aunque la identidad” de los acreedores “no debería cambiar el resultado” del caso, “tiene que recordarse que no todos los tenedores de deuda que rechazaron los canjes ofrecidos por Argentina son fondos de alto riesgo que compraron bonos quebrados con descuento, los llamados ‘fondos buitres’”.
Por el contrario, según Duane Morris, este grupo de querellantes “compró los bonos de Argentina en el momento de su emisión” y lo hizo “no como una apuesta de riesgo sino como una inversión ‘segura’ para financiar sus jubilaciones”.
El fondo NML, con sede en las Islas Caimán, reclama a Argentina una deuda de u$s 284 millones por bonos soberanos que entraron en mora durante la crisis económica de 2001. El “buitre” logró que Ghana retuviera desde el pasado 2 de octubre el buque escuela de la Armada que se encontraba de visita en ese país, como medida de presión para reclamar el pago de estos bonos soberanos.