Peor que un ejército de ocupación

Primer informe oficial sobre la destrucción generada por el régimen kirchnerista

“El estado del Estado”.

El gobierno macrista publicó el primer informe oficial sobre la destrucción generada por el régimen kirchnerista entre 2003 y 2015. El documento –denominado “El estado del Estado” y disponible en el sitio de Presidencia de la Nación– contempla un resumen de los daños provocados en las áreas de desarrollo humano, política económica, trabajo, energía, transporte, seguridad, justicia, cultura y comunicación, entre otros aspectos.

Los principales datos relativos al sector agropecuario y las comunidades de las diferentes regiones productivas argentinas se reproducen a continuación:

Las políticas oficiales provocaron una caída del 10% en la producción de granos equivalente a más de 10 millones de toneladas por año. El cultivo que más sufrió fue el trigo.

El stock vacuno cayó de 57 a 48 millones de cabezas entre 2007 y 2012. En el mismo período Argentina pasó de ser el tercer exportador mundial de carne vacuna a ser el 12°. En 2006 el sector exportó un millón de toneladas equivalentes de res con hueso. En 2015 no llegó ni al 30% de ese valor. “Llevará años recuperar el terreno perdido”.

Una parte importante de la competitividad de los sectores avícolas y porcinos “estaba basada en la presión sobre otros eslabones de la cadena y no en factores propios de competitividad”.

La producción lechera nacional casi no creció en los últimos diez años, mientras que en el mismo período “nuestros vecinos aprovecharon para crecer entre 5% y 7%”.

El manejo del “caso Botnia” tuvo efectos negativos en el sector forestal. En Entre Ríos dejó de plantarse y se prohibió además la exportación de rollizos a Uruguay por los puerto entrerrianos. Muchas grandes inversiones se destinaron a Uruguay (el caso más emblemático es la fábrica de pulpa de celulosa Montes del Plata).

El fondo que corresponde a la atención de la emergencia agropecuaria (500 millones de pesos anuales) se ejecutó apenas en un 42% y 63% en los años 2014 y 2015 respectivamente. “Las rendiciones de cuentas de estos fondos fueron deficientes o inexistentes. Si se hubiese transferido todo el dinero y auditado la ejecución de la ayuda, en diciembre de 2015 habría habido mejores herramientas para enfrentar las inundaciones de los meses siguientes”.

Hasta diciembre de 2015 convivían en el Ministerio de Agricultura tres “ministerios paralelos” –uno técnico, uno político y uno de militancia política– cada uno con su propia gestión y procedimientos de hecho.

La Corporación del Mercado Central de Buenos Aires en diciembre de 2015 acumulaba una deuda de 400 millones de pesos. Se encontraron contratos de alquiler a precios fijos irrisorios con plazos de hasta 35 años con otros 15 de prórroga. También se detectaron registros de operaciones comerciales con sobreprecios de 254% y el “desarrollo de obras de particulares en terrenos del Mercado Central realizadas sin ningún contrato con el organismo”.

Se detectaron 15.000 expedientes sin resolver por infracciones a transportistas de carga en lo que respecta a incumplimientos del Régimen de Fiscalización de Granos y Ganado de la República Argentina (un programa creado en 2009).

Entre 2005 y 2015 el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad, ajustado por inflación, creció más de un 40%. La red de autopistas a nivel nacional a fines del año pasado era del orden de 2800 kilómetros cuando se requieren al menos 6300 kilómetros para atender el actual volumen de tráfico. En los últimos doce años la cantidad de rutas con problemas de seguridad (“rutas de la muerte”) o de capacidad (colapsadas de tráfico) creció de 1000 kilómetros a 3400 kilómetros.

“Vialidad Nacional abandonó su función primordial al punto de que algunas provincias tuvieron que ocuparse de las rutas nacionales. Un ejemplo de esto fueron la Ruta Nacional 36 y la Ruta Nacional 19, ambas en Córdoba, donde el gobierno provincial, después de pedir en reiteradas oportunidades su transformación en autovías, terminó avanzando por su cuenta aún sin la expresa autorización de Vialidad Nacional, que mientras tanto ejecutaba obras en municipios amigos de esa provincia”.

El 2015 la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística perdió más de 2100 millones de pesos. “Nunca se le exigió una rendición completa de cuentas, que incluyera sus ingresos genuinos y los egresos reales”. En los balances no se incluían, por ejemplo, los aportes del Tesoro y se dejaban afuera a más de 4000 empleados, “con lo cual se daba la imagen de que BCYL era una operación rentable”. En 2015 –el peor año de las últimas décadas– transportó 2,5 millones de toneladas versus 5,3 millones en 2003. El estado de las locomotoras tenía una edad promedio de 47 años. “Muchas máquinas eran de 1950 y los talleres no tenían elementos de trabajo ni repuestos para realizar reparaciones”.

La Secretaría de Asuntos Municipales entregó 464 subsidios por más de 91 millones de pesos. “Todos fueron asignados a municipios oficialistas, que, por otra parte, sólo rindieron gastos por el 6% del total”. La ex Secretaría de las Provincias, un día antes de las elecciones de noviembre de 2015, asignó el remanente de Aportes del Tesoro Nacional (99 millones de pesos) a la provincia de Santa Cruz, “lo que generó que no quedaran fondos para asistir a provincias en caso de emergencias”.