La ley que pone límite a los desalojos rurales en Santa Fe lleva medio año de sanción esperando la reglamentación. Y la demora preocupa a campesinos y pequeños productores, sobre todo del norte provincial.
Según le contó a Punto biz la diputada provincial Susana García -del bloque CC-Ari e impulsora de la ley- aún quedan dos cuestiones claves por resolver para que se legalice la disposición, que espera, se trate luego del receso invernal en la provincia.
"Aún queda por definir dos temas en los que estamos trabajando. Uno tiene que ver con precisar qué significa pequeño productor, y el otro se refiere a ver qué se hace con las tierras fiscales de las islas que están ocupadas", sostuvo la legisladora. En este sentido, señaló que se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Producción, organismo que se comprometió a tratar el asunto luego del receso invernal.
García comentó que en los últimos meses hubo dos intentos de desalojos rurales en el norte de Santa Fe, situación que los mismos campesinos impidieron "a la fuerza", pero que se necesita la reglamentación "lo antes posible".
La diputada explicó que los productores se encuentran en una posición "vulnerable e indefensa", ya que muchos de ellos, al ser analfabetos, no comprenden con agudeza ciertas cuestiones formales y resultan mal asesorados jurídicamente. "Ellos deben presentar mucha documentación que compruebe que hace años están trabajando esa tierra y eso lleva tiempo".
"Cuando el Gobernador, en el inicio de sesiones del 1º de mayo, se refirió a la normativa como una de las tres leyes claves que se promulgó el año pasado, nos sorprendió porque se venía dilatando la reglamentación", expresó García pero continúo: "Aún estamos esperando que eso suceda". Asimismo resaltó que la fragilidad del sector agrario viene acompañada de que la justicia del norte suele "fallar siempre a favor del más fuerte".
En diciembre de 2012 el Senado de la provincia convirtió en Ley la iniciativa que establecía la suspensión por cinco año del desalojo de pequeños productores en tierras santafesinas. La medida alcanza a productores rurales o familias campesinas que cuenten con más de 10 años de ocupación de la tierra en forma pacífica.
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