El presidente de CRA, Rubén Ferrero, especifica en este artículo publicado el sábado 26 de mayo en el diario La Nación, el incumplimiento de leyes de relevancia para el sector agropecuario por parte del Gobierno Nacional.
En un país donde los hechos y las noticias parecen suceder con inusual rapidez, la sanción de la ley de emergencia agropecuaria votada el 20 de agosto de 2009 y promulgada pocos días más tarde (26.509), constituyó un avance sobre situaciones largamente reclamadas, motivadas por los efectos climáticos que recaen sobre la producción en un país con características geográficas tan diversas como el nuestro.
Aquella ley, que no cumplió tres años, su reglamentación y puesta en marcha, parece haber sido devorada por la aparición de vaya a saber qué idea superadora, qué orden, qué estrategia, al punto que la merituada ley de emergencia aparece como virtual letra muerta por los días que corren.
Paralelamente, una feroz seca ganó gran parte del territorio, quemó cultivos, arruinó cosechas, quebrantó economías individuales y regionales y se mostró después de las discusiones de manera plena al momento de evaluar comparativamente los rindes con años anteriores.
En un país dispuesto a olvidar pronto, queremos recordar que la sanción de la ley en cuestión contó con el respaldo unánime de los diferentes bloques políticos, al punto que recibió el voto afirmativo de 218 voluntades, hecho casi inédito en nuestra historia política y de destacada trascendencia, mucho más si se compara con la algarada que motivó la reciente voluntad legislativa para la expropiación de YPF, que culmino con 208 votos positivos.
Bueno es entonces apreciar las distintas consideraciones que sobre la voluntad legislativa se ofrecen según cada circunstancia, pues puede considerarse que sobra madurez y comprensión cuando se vota YPF y vaya a saber que pasa cuando se vota la ley de emergencia. Lo concreto, lo que verdaderamente importa, es que la voluntad de los partidos políticos de aquel momento ha ido a parar al canasto de los recuerdos y desde hace tres meses la comisión de emergencia, ni se reúne, ni da curso a los numerosos pedidos de homologación que les envían la provincias acuciadas por las sequías, la pérdida de rindes y la frustración de cosechas menores a las esperadas.
Algo ha cambiado y entonces el instrumento previsto por los diputados languidece en su aplicación práctica, lo que piden las provincias junto a los productores no se trata, no se homologa y en definitiva la emergencia no se aplica. Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, pueden dar muestras de ello.
Para los productores es mucho más ingrato saber que existen instrumentos de emergencia que no se utilizan, por política, revancha, sumisión o desidia, que saber que al clima hay que pelearlo solo.
Los gobiernos provinciales se dicen federales y no se permiten un reclamo en defensa de sus propios actos y decisiones, tan solo para conservar la asistencia financiera que les prolonga el desmedido gasto público.
Compromiso momentáneo
Rara paradoja la de las provincias que declaran emergencia y piden homologaciones, silencian la pasividad de sus tratamientos y legislan aumentando las cargas en sus ámbitos y en la Nación, bueno es preguntarse entonces: ¿los 218 votos de la 26.509 fueron auténticos, serios y estudiados consensos de la política mayúscula o la demostración de un compromiso sólo momentáneo, insustancial e incoherente?
La verdad espera una respuesta, los diputados debieran pedirla y el Gobierno cumplir las leyes que vota.
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