Marzioni, un interventor flojito de papeles

La irrupción del gobierno de la provincia de Santa Cruz en la empresa pesquera Vieira S.A. exhibió desde sus inicios un nivel de improvisación que lejos de corregirse se profundiza con el correr de los meses. Primero la Legislatura dictó una ley declarando a la pesquera, su predio, la planta procesadora, los bienes inmuebles, muebles y maquinarias, y los siete barcos “de utilidad pública sujeto a expropiación”.

Con esa polémica ley de dudoso marco constitucional, el Poder Ejecutivo dictó un decreto ordenando una intervención sobre la compañía que pasaba a ser controlada por el estado santacruceño, en ese mismo instrumento administrativo firmado por el gobernador Daniel Peralta y su ministro de Producción, Rafael Gilmartin, se designó a Diego Marzioni, otorgándole atribuciones de interventor con facultades para administrar, negociar, gestionar y hasta celebrar acuerdos en nombre de la empresa a la cual le habían sido confiscados sus bienes.

El decreto en cuestión indicaba expresamente que la intervención se extendería por un plazo de 60 días, y que eventualmente podría ser prorrogado por otra norma similar. Lo cierto es que los dos meses transcurrieron, y administrativamente nunca se volvió a dictar otro decreto prorrogando la intervención ni el mandato de Marzioni, ya que de haberse hecho debió ser publicado en el Boletín Oficial de Santa Cruz, cuestión que no ha ocurrido.

Ergo, los actos que el interventor hubiera realizado posteriormente a los 60 días de su designación, al igual que los instrumentos públicos que hubiera firmado estarían viciados de nulidad. Si bien esto se trata de una cuestión estrictamente jurídica y administrativa, evidencia la displicencia política de la gestión de gobierno provincial que después de haberse lanzado en su experiencia por apropiarse de los bienes de sociedades anónimas, no logra encontrar rumbo a la empresa sobre la cual ahora tienen su control operativo.

El proceso estuvo siempre preñado de desprolijidad, vale recordar que la administración Peralta optó por las vías de hecho para intervenir la planta de procesamiento y confiscar los buques tangoneros y poteros, sin importar el inicio del Concurso Preventivo que ya estaba en marcha sobre la sociedad anónima Vieira Argentina. En esa misma línea de actos improvisados, y haciendo alusión a una norma que ni siquiera estaba vigente, Diego Marzioni irrumpió en la planta y el frigorífico de Puerto Deseado en calidad de interventor, a pesar que todavía no había ley de declaración de utilidad pública.

Una vez que el gobierno santacruceño tomó control de los bienes, salió contradictoriamente a la búsqueda de socios “privados” para que pongan a funcionar la “pesquera estatizada”. Y, ha sido esa endeble capacidad de poder mostrar que la decisión política que se había tomado tenía su correspondencia con los actos administrativos, y las figuras jurídicas que las avalaran, fueron las que precisamente conspiraron con las “metas iniciales” que se habían fijado.

Primero intentaron hilvanar con el sindicato de la marinería un acuerdo para que una sociedad anónima asumiera el control de los barcos para que los mismos salieran a la pesca, pero a aquellos a los que se pretendió embarcar en esa aventura advirtieron que podrían quedar ellos expuestos a actos de dudosa legalidad. Los buques congeladores langostineros y poteros cuentan con licencia nacional de pesca otorgada a Vieira Argentina SA, y el estado nacional a través del Consejo Federal Pesquero no ha producido revocatoria de esos permisos, por lo tanto, la explotación de los recursos cuya concesión temporal ha concedido el estado de la Nación, no ha sido modificado, y la sociedad anónima autorizada a faenar en el caladero argentino es Viera SA.

Esa precariedad administrativa y jurídica de una “intervención provincial” sobre bienes que tienen “permisos nacionales”, habría también desalentado a otros inversores que el gobierno de Daniel Peralta salió a tentar para la operatoria de los barcos, que a su vez le garanticen el aprovisionamiento de materia prima a la planta. Lo cierto, es que hasta el momento no se logró, ni una, ni otra cosa.

Al día de la fecha, la intervención y el designado interventor no tienen sustento jurídico, ya que el instrumento por el cual el Poder Ejecutivo ordenó su constitución quedó sin efecto tras el vencimiento del plazo establecido en ese mismo decreto, y no ha habido uno posterior publicado en el Boletín Oficial que prorrogue esa intervención. El dato no es anecdótico, y también muy gráfico para describir la precariedad institucional con la que se ha llevado adelante la “expropiación” de la pesquera.