Chile : La guerra de los frigoríficos por la Ley Navarino

De las cuatro plantas con autorización para faenar ovinos destinados a la exportación de la Región de Magallanes, solo la que está en Tierra del Fuego es beneficiaria de las exenciones tributarias de la legislación para zonas extremas. Los del continente alegan que eso se transforma en competencia desleal.

La longitud de Chile le juega en contra a los extremos. Clima, distancia y dificultades de conectividad los dejan en mal pie para competir en igualdad de condiciones con los productores del resto del país. Precisamente por ello es que distintos gobiernos han creado leyes de excepción para dar la posibilidad a las zonas extremas de igualar de alguna manera los factores y paliar los gastos que implica vivir y producir en zonas distantes.

Una de ellas es la conocida como Ley Navarino, la Ley 18.932, establecida para las zonas al sur del Estrecho de Magallanes. Y es que vivir en el extremo sur no es lo mismo que en otra ciudad de este largo país, principalmente por la distancia, las dificultades para el transporte y las frías temperaturas.

Gracias a ella, desde 1985 el territorio ubicado al sur del estrecho de Magallanes recibe la compensación del 20% sobre las ventas que reciben anualmente rubros específicos; entre estos, la ganadería.

La Región de Magallanes cuenta con una masa de más de dos millones de ovinos y concentra alrededor del 80% del total nacional. Por esta razón, lo que suceda con los productores de la zona es determinante para la producción ovina nacional, un rubro que ha venido cobrando importancia en la canasta exportadora del país.

En la zona existen cuatro frigoríficos con patentes para exportar (hay otros dos que procesan para mercado nacional y regional). De los cuatro más grandes solo el que está en Tierra del Fuego es favorecido por la Ley Navarino. La situación es vista como poco justa por los otros tres grandes de la región, que están pidiendo que la franquicia se les haga extensiva, ya que así como está la ley se ha convertido en una competencia desleal, especialmente porque las ventajas quedarían sólo para el empresario -que no habría invertido en la construcción del frigorífico- y no estaría estimulando la llegada de nuevos productores a esa zona.

La situación adquiere fuerza en estos días cuando el precio de la carne ovina está afectado por una fuerte caída en la demanda y en el valor internacional.

“Este es un tema que reaparece cada cierto tiempo, especialmente en momentos álgidos como ahora en que está bastante complicada la colocación de carnes ovinas en el exterior, por la situación de crisis que vive en especial Europa. Ello ha provocado un baja importante de los precios pagados a productor respecto de años anteriores, lo que genera mayor competencia y tensión entre los poderes compradores locales, al asumirse que el frigorífico instalado en Porvenir tendría alguna ventaja. Sin embargo, en la práctica nunca ha habido diferencias realmente significativas en los precios pagados a productor por las distintas plantas, que fluctuan en rangos que podrían considerarse normales”, explica Manuel Bitsch, seremi de Agricultura, XII Región.

Separados por el estrecho

Aunque a simple vista parece que es corta la distancia que separa al territorio bajo la Ley Navarino, la realidad es que cruzar el Estrecho de Magallanes implica mayores gastos que moverse desde Chile continental hacia los destinos de exportación. No sólo porque hay más distancia y es necesario cruzar en una barcaza que cobra por tonelada de transporte, sino porque los caminos son más malos y hay menor conectividad.

Es el argumento del frigorífico Patagonia para justificar el beneficio.

 ”Sin la Ley Navarino el frigorífico de Tierra del Fuego no podría mantener su operación. Los costos asociados a trabajar en una zona extrema sobrepasan el monto del beneficio recibido por el Estado”, afirma Juan Gysling, director del Grupo Marfrig Frigorífico Patagonia.

La molestia de los otros frigoríficos grandes radica en que no están tan lejos. Dos se encuentran ubicados en los alrededores de Punta Arenas -AgroMarin y Simunovic- y el tercero, de MacLean, en Puerto Natales. Su queja es que el aislamiento es el mismo en toda la región.

Para ellos el problema con la ley y Patagonia no es sólo que éste está en Tierra del Fuego, sino que la planta fue construida por Corfo en la década del 60; es decir, con recursos estatales. Posteriormente se vendió y a lo largo de los años fue pasando por diferentes manos hasta que en el 2007 la compró Marfrig, un holding brasileño del rubro cárnico que está en distintos países y que es el actual dueño.

Esta sería una de las causas por las que se considera que no debieran ser beneficiarios de la Ley Navarino, ya que estaría orientada a la creación de nuevas empresas. Además, en el caso de la planta de Porvenir, se considera injusto que algo que fue creado y financiado inicialmente por el Estado reciba ahora otros beneficios creados para fomentar el desarrollo y la inversión en zonas aisladas.

Es precisamente esta razón la que llevaría a que no se considere que los otros dos frigoríficos ubicados al sur del Estrecho -el matadero Koba, en Porvenir, y Río Side, en Cerro Sombrero- y que también son beneficiarios de la ley, sean competencia desleal. Sin embargo, estos últimos, además, tienen una capacidad menor y su producción se destina únicamente al mercado regional y nacional, por lo que no resultarían una real amenaza para aquellos ubicados en el continente, que son exportadores y manejan una producción mucho mayor.

El director de Patagonia insiste en que las acusaciones de competencia desleal están empujadas más que nada por los problemas que afectan hoy a las plantas, producto de las condiciones de mercado, más que porque el beneficio de la ley impacte realmente en la suma y resta final.

“Los malos resultados económicos del sector en la temporada 2012 se deben a la concurrencia de varios factores y son, a su vez, la razón detrás del abandono del sueño por parte de los primeros dueños de Patagonia”, recalca Gysling.

No llega a los productores

Una de las críticas que se hacen a la aplicación de la ley es que si bien genera importantes beneficios económicos, éstos no estarían llegando a los productores, quienes no reciben un mejor precio por sus ovejas. 

“Las tablas son según el peso del cordero, y la verdad es que prácticamente no hay variación entre los precios del frigorífico de Tierra del Fuego y los del continente; de ahí el reclamo, se supone que debería haber una diferenciación de precios por el hecho de estar exentos de IVA”, explica Jorge de Grenade, presidente de Asogama.

Y eso es lo que consideran injusto los empresarios del continente.

“Las empresas no beneficiadas por la ley alegamos que esa mayor competitividad no la están traspasando a sus proveedores (los productores de corderos), ya que la última producción salió incluso con precios menores a la competencia en Punta Arenas. Y que esto no está alineado con el espíritu de la ley, cuyo objetivo es desarrollar la zona. Además, es un factor de competencia desleal dentro del sector”, plantea José Marín, presidente de AgroMarín.

Desde Tierra del Fuego, Patagonia sostiene que si se igualara el beneficio, ellos quedarían fuera de competencia, lo que tendría impactos sociales muy potentes.

“Significaría la pérdida de la fuente laboral directa de 400 trabajadores y todo lo que ello significa para un pueblo de 5.000 habitantes”, afirma Gysling.

Según los expertos, para producir en la isla se trabaja con sistemas distintos, lo que lleva a que en ella sólo sean viables los productores grandes. Sin embargo, con buenos niveles de eficiencia, los costos son similares o menores a los del continente. 

“Los costos de mano de obra, energía y agua en las dos partes (continente e isla) son similares. Las plantas que están en  Tierra del Fuego efectivamente tienen un costo por traer el producto terminado para su embarque al continente, y deben llevar hacia la isla los insumos, cajas y plásticos, entre otros.  Podría decirse que hay un costo mayor, pero no es relevante en relación con la bonificación de 20% sobre el valor de venta de los bienes vendidos”, afirma Nicolás Simunovic, presidente ejecutivo del frigorífico Simunovic.

La molestia entonces es porque la Ley estaría beneficiando a la planta, pero no cumpliendo el objetivo de desarrollo humano y productivo de una zona aislada.

“La pregunta es quién está aprovechando este subsidio, pues no da para beneficiar a los ganaderos que son los que desarrollan la actividad en la isla”, explica Juan García, gerente del Consorcio Ovino.

No se trata aquí, de derogar una legislación, sino de buscar la fórmula que haga más eficiente la entrega del beneficio.

“La Ley ha sido beneficiosa y algunas empresas han generado desarrollo en el área, pero debería establecerse una modificación para evitar distorsiones. Debería incluirse un artículo que impida la recuperación del Crédito Fiscal en caso que el bien exportado no haya sufrido transformación en la zona norte del país. De esta manera, se evitarían distorsiones en el mercado, no generaría problemas al sector ganadero de Tierra del Fuego y solo pondría las reglas del juego claras para todos los operadores, ya que se mantendrían todos los beneficios de la Ley Navarino antes señalados”, propone Simunovic.

“Producir en la isla no afecta el costo de producción, ya que lo que más sube es el combustible, pero su participación en los costos es baja. Lo que ocurre es que las condiciones hacen que los sistemas de producción sean distintos para la isla y el continente. La isla no aguanta productores medianos ni chicos. El costo es relativo y ligado a la eficiencia”.

Juan García,
Gerente del Consorcio Ovino.

1985
fue el año en que se promulgó la Ley Navarino, la que en 1999 -a través de la Ley Austral- extendió sus beneficios de 25 a 50 años.

20%
es la bonificación sobre el valor de venta de los bienes vendidos. La ventaja tributaria sería aprovechada sólo por un frigorífico de Tierra del Fuego, pues es el único autorizado para procesar para exportación.

 Otras leyes de excepción

En el norte del país, Arica y Parinacota también cuentan con una legislación -la llamada Ley Arica 2- que busca potenciar la inversión y fomentar el desarrollo regional. 

“Esta ley es de utilidad para todas las actividades económicas que se llevan adelante en la zona, incluido el sector agropecuario, que actualmente es la segunda demandante de mano de obra y que este último trimestre alcanzó 11,6% de ocupación. A esto hay que agregar que en la partida ‘actividades inmobiliarias empresariales’, que representa el 5,1%, se incluye al sector de empresas semilleras que continúa en franca expansión en la región. En consecuencia, ‘la bonificación a la mano de obra’ es un potente atractivo para los empleadores, sin duda también la bonificación a las inversiones para nuevas iniciativas o complementarias, o bien el crédito tributario”, afirma Jorge Alache González, seremi de Agricultura de esa región.

Aquí también hay problemas: Trabajadores y asociaciones gremiales agrupadas en la Corporación de Desarrollo manifestaron su descontento con la ley por temas salariales y de regulación al horario de trabajo, y que la Zona Franca, no  cumpliría el ánimo original de una zona exenta de IVA.

Por esto, en diciembre pasado se aprobaron en la comisión mixta de Zonas Extremas del Congreso las modificaciones a la ley, con el objetivo de regular las diferencias centradas en cómo y sobre qué base se aplica la contratación de la mano de obra y la definición de zona franca en una región aislada.

El beneficio debe continuar para las empresas y/o servicios que se han instalado con emprendimientos que se crearon para el desarrollo de Tierra del Fuego, por ello que el beneficio al frigorífico de Porvenir se otorgó mal, no le correspondía. Cuando se entregó, esa empresa estaba ya instalada, además con recursos del Estado”.