miércoles, 1 de mayo de 2013

Para Merbilhaa, la reforma judicial es como ¨tener licencia para matar¨


 El asesor legal de CARBAP analizó el futuro de las leyes que envió el kirchnerismo al Congreso, las cuales observa que tienen ¨vicios de origen gravísimos¨.

¿La reforma judicial tendrá el mismo devenir que la ley de medios? Algunos creen que sí. Entre ellos, el asesor legal de CARBAP, Juan Pedro Merbilhaa, quien analiza que las propuestas del oficialismo tienen “vicios gravísimos” y podrán ser revisadas por la Justicia en caso de aprobarse.
“Estos proyectos tienen vicios de origen gravísimos, sobre todo la modificación del Consejo de la Magistratura. Por supuesto, las medidas cautelares es un atropello liso y llano contra los derechos individuales”, opinó.
“Uno de los aspectos donde el Estado más ha avanzado sobre la sociedad civil ha sido la cuestión impositiva. En ese atropello, sea por cantidad, por institutos jurídicos o por malas praxis, no solamente por cantidad nos saca lo que nos corresponde, sino que la mayoría de las normas tienen vicios de origen. Imagínense un particular ahogado en su capacidad económica por la carga fiscal, inicia un juicio y no va a tener protección en el mientras tanto. ¿De qué me sirve que me lo reconozcan tardíamente si ya he perdido lo que tenía para perder?”, agregó.

Si se limitaran las medidas cautelares, “El Gobierno podría seguir cobrando esos excesos y esos impuestos establecidos por normas ilegítimas. Si el gobierno pierde el juicio, se plantea la devolución de lo pagado, pero todo es tardío. La ley le da un privilegio, no una igualdad al Estado, para darle un privilegio a aquel que la Constitución limita. Un horror”.
Por eso, Merbilhaa resumió que este nuevo marco jurídico le da al Estado “licencia para matar”.
“Si inicias un juicio contra el Estado y no te otorgan una cautelar, te siguen cobrando el impuesto. Si no pagás, te ejecutan. El hecho de que tengas un juicio anterior, no impide la ejecución. Lo único que puede detenerlo es la cautelar, y se la llevan puesta”, ejemplificó.
¿Qué responsabilidades les cabe a futuro a los funcionarios o legisladores que permitan esto? “En la constitución de la provincia de Buenos Aires está establecido que un funcionario que provoca un acto ilegítimo y afecta a particulares, responde con su patrimonio, pero nunca lo hicieron. La responsabilidad de los legisladores es política. Lo que se hace en general es la remoción de los mismos por la vía del juicio político. En el departamento administrativo puede haber actos más directos que, si provocan una lesión, hay normas superiores que los hagan responsables”.
“Pero no conozco un caso todavía”, recordó.

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