El constitucionalista Daniel Sabsay analiza el devenir de la disputa judicial por la ley de medios, luego de que la Corte rechazara el per saltum pedido por el Gobierno.
La Corte Suprema de la Nación decidió no aceptar el pedido de per saltum realizado por el Estado nacional en el marco de la causa por la constitucionalidad de la ley de medios. El kirchnerismo pretendía que el máximo tribunal levantara la extensión de la cautelar otorgada por la Cámara Civil y Comercial I. Para el constitucionalista Daniel Sabsay, los plazos procesales establecen que la causa podría resolverse recién “entre ocho meses y un año”.
Para Sabsay, “Algo tan simple como el ejercicio del control de constitucionalidad que hacen los jueces se transforma en la Argentina en una cruzada para ver quién gana. Mantiene en vilo al país en cosas que no son la preocupación de los argentinos en este momento”.
Con respecto a lo dictaminado en la ley de medios, Sabsay analizó: “Si la Corte abría el recurso para su análisis, ya suspendía la medida cautelar. Lo importante es saber cuáles son los pasos procesales. El gobierno ahora va a anteponer un recurso extraordinario ante la sala, quien puede concederlo o rechazarlo. Si lo hace, va a la Corte para ver si confirma o rechaza la cautelar. Si no lo concede, puede llegar a la Corte por un recurso de queja. La cuestión de fondo es la que dicta el doctor Alfonso. Una vez que vuelva el expediente del fiscal, ya estará listo autos para sentencia. Desde ese momento, tiene 40 días para hacerlo. Es previsible que en un tiempo no muy dilatado se puede dictar sentencia, que será apelada a la Corte. Es muy difícil tener resolución de la Corte en un plazo no menor a ocho meses o un año”.
El jurista se refirió además al argumento que Eugenio Zaffaroni esgrimió en el fallo, al calificar de “alzamiento” la postura de la Cámara: “Por qué habla de alzamiento es algo que habría que preguntarle a él. Es un término impropio para un fallo judicial. Curiosamente se compadece con los mismos términos que fueran utilizados por la presidenta y sus colaboradores. Justo en el aniversario de la fiesta de la democracia, nos hablan en términos bélicos. Es una contradicción muy grave”.
“Esto no es un combate de características militares. Tenemos en un lado a una Justicia que está permanentemente acosada por una suerte de coacción del Poder Ejecutivo, amenazándola, exigiéndole. Eso no es una situación normal. El Ejecutivo pone a la Justicia, que es el eslabón más débil del Gobierno, en una situación difícil”, añadió.
Sabsay considera que “Hay actitudes rayanas en asegurar impunidad. De cualquier juez que fuere, el Poder Ejecutivo tiene que cumplir con los fallos, pero máxime con la Corte. Hay una jactancia en el no cumplimiento. Nuestro sistema está amenazado. Encontramos la debilidad de jueces y fiscales penales que deberían realizar procesos contra los que hacen eso”.
“En el caso del procurador (de Santa Cruz, que no fue repuesto por el Gobierno) Sosa, la última sentencia de la Corte fue más lejos y denunció esos hechos ante la Justicia federal local, en la cámara de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, para que iniciara acciones contra el gobernador. Eso nunca se hizo. Los tribunales inferiores no obedecieron a la Corte Suprema. Néstor Kirchner consideró que lo del procurador Sosa era una especie de golpe de Estado a Santa Cruz”, subrayó.
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