800 millones y 7.000 granjas cerradas para adaptar el sector porcino español a la legislación de bienestar animal

ESPAÑA : El director de Anprogapor califica de “titánico” el esfuerzo del pocino español

La “felicidad” del porcino costará entre 600 y 800 millones de euros al sector español y obligará a cerrar miles de granjas. Esto puede suponer desabastecimiento en algunos casos y mayores precios por la caída de la cabaña.

La directiva europea de bienestar porcino costará a España de 600 a 800 millones en adaptaciones de más de 50.000 explotaciones e implicará el cierre de miles de granjas (7.000 según algunos cálculos), que no podrán reconvertirse. Así lo han indicado fuentes del sector que, en algún caso, anticipan desabastecimiento y mayores precios por la caída de la cabaña.

Bruselas ya obligó a las explotaciones creadas a partir de 2003 a que las cerdas permanezcan en grupos desde las cuatro semanas de gestación, obligación que extenderá a todas la granjas construidas antes de esa fecha a partir del 1 de enero de 2013. La Unión Europea (UE) también plante habilitar mayores espacios para alojarlas y sustituir millones de rejillas o “slabs” de los solados.

La exigencia supone cambiar, en todo el proceso, instalaciones para 2,20 millones de cerdas, con un coste de 300 euros por animal, cuando según el sector no hay evidencias científicas de que el alojamiento compartido mejore el bienestar de las gestante y teme que haya más peleas entre los animales y mayor número e abortos.

En España ya se ha normalizado el 70% de las explotaciones, según el director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel Higuera, quien ha subrayado “el esfuerzo titánico” para adaptarse al 95% este año. España conservará su segundo puesto europeo en el sector del porcino, tras Alemania, pese a los temores de que Dinamarca, Holanda, Reino Unido y Suecia se vieran beneficiados, según el director de Anprogapor, con 3.000 socios y el 80% de la producción.

Desde COAG, Jaume Bernís, calcula que quedan 10.000 granjas por someterse a la norma; que 130, sólo en Cataluña, no podrán hacerlo; y que la producción nacional porcina caerá un 10 o 15%. A su juicio, la legislación traerá “el caos” a los productores independientes, que no podrán realizar las inversiones tras cuatro años de pérdidas, aunque a nivel global el 80% de las explotaciones españolas la habrá asimilado para el 1 de enero.

Carlos Polaino, por parte de UPA, cifra en 7.000 granjas las que tendrán que cerrar, el 10% del censo nacional, lo que se traducirá en una caída del censo de 250.000 cerdas, aunque se recuperará después.

La UE endurecerá el sistema de cría del cerdo en un momento en el que despuntan ventas (España producirá este año 3,5 millones de toneladas) y precios: las canales se dispararon el 20,5% interanual en septiembre, hasta 192,89 euros los 100 kilos. Además, y según la FIAB, la carne porcina lidera la venta exterior con 1.152 millones de euros en el primer semestre.

En Teruel, conseguirán “llegar” entre el 70 y el 80 % de las granjas este año, pero un centenar cerrarán, con una disminución de la cabaña de 2.000 cerdas de cría, de las más de 80.000 actuales. Manuel Esteve, presidente de la asociación de criadores Acriporte (que reúne a 300 ganaderos y al 50% del sector turolense) ha advertido de las repercusiones para una provincia donde predominan empresas de 100 o 200 cabezas, muy alejadas de las “megaexplotaciones” de Zaragoza o Huesca, en su mayoría en régimen de integración. Ha estimado en 300 o 400 los empleos que se destruirán en Teruel y “sin estos puestos de trabajo, muchos pueblos desaparecerán”.

Desde la Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) de Porcino de Fuente Alamo (Murcia), Juan Antonio Puertas, ha detallado que se adaptará la mayoría de las granjas de la región (casi todas adheridas a integradoras como Cefusa, Agroporc, Porcisan, Nanta o Piensos Cartagena), donde apenas quedan ganaderos independientes. Según Puertas, los proveedores se están quedando sin materiales para atender pedidos de granjeros para las obras y hay industrias con problemas de suministro de animales.

En el caso de Castilla y León, desde la organización Urcacyl se asegura que los ganaderos han gastado grandes sumas en los últimos años, obligados por la Administración, para alejarse de núcleos urbanos, pero que ahora no sirven sus granjas porque las autoridades les piden las nuevas adaptaciones.

El coordinador de la Asociación Regional de Ganaderos de Porcino de Castilla-La Mancha (Argapor), Tomás Recio, ha afirmado que entre 100 y 150 pequeñas explotaciones familiares -que sufren una fuerte crisis desde 2007 por el encarecimiento de los piensos- no podrán afrontar el gasto. Recio coincide en que las grandes integradoras no tendrán problemas (el 92% del sector se ha adaptado ya), pero sí pequeños porcicultores de Pueblanueva, Recas, Talavera, Consuegra o Gálvez.