La preocupación de las empresas más importantes del sector radica en los tiempos de aprobación de las solicitudes ingresadas ante la Secretaría de Comercio Exterior. Advierten que esta situación podría tener un impacto directo en los rendimientos de la campaña agrícola.
Las empresas proveedoras de insumos para el agro reclamaron al Gobierno mayor celeridad y definiciones concretas acerca de cuál es la política aplicada para liberar importaciones. Es que desde el 2020 se generaron problemas para traer desde el exterior productos clave para la producción agrícola.
Hasta ahora no se registraron problemas con las materias primas, pero sí hubo inconvenientes con los productos formulados -con licencias no automáticas- que llegan listos para ingresar al canal de distribución o que se deben fraccionar para su comercialización. Éstos deben pasar por un proceso de aprobación que realiza la Secretaría de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, pero el reclamo también llegó a la órbita del Ministerio de Agricultura.
Los pedidos de importación los realizan las empresas, pero la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), que agrupa a las compañías más importantes del sector, confirmaron esta situación e intentan mediar en un conflicto que se agravó en los últimos meses. Desde la entidad apuestan al diálogo con el Gobierno para resolver el problema, pero aseguran que se debe mejorar la interacción con las empresas. Federico Landgraf, director ejecutivo de CASAFE, precisó que “es necesario dinamizar el canal de diálogo para trabajar los criterios en materia de importaciones y tener en cuenta la previsibilidad cuando hay importaciones que están atadas a ciclos biológicos”.
Landgraf. Director de CASAFE, impulsa el uso del diálogo y criterios.
En un año sumamente complejo en materia de política económica, el Gobierno busca equilibrar sus cuentas y al mismo tiempo controlar cualquier irregularidad en las importaciones e incluso monitorear posibles inconsistencias dentro de las cadenas productivas. Desde la Secretaría de Comercio Exterior confirmaron a Ámbito que durante el 2020 se autorizaron el 93,5 % de las SIMIs presentadas y explicaron que del total de las licencias no automáticas presentadas, el 80% se aprobaron dentro de las 48 horas. En cuanto a enero de 2021, destacaron que alrededor del 80% de esas presentaciones fueron aprobadas durante el mismo mes y agregaron que no se están realizando exigencias o imponiendo criterios adicionales a los importadores aunque sí se solicitaron proyecciones complementarias para conocer las necesidades que tendrán los importadores durante todo el año.
Más allá de la explicación oficial, los empresarios aducen problemas en las autorizaciones desde el año pasado y manifiestan que se fueron agravando con el tiempo hasta el punto que, si continúan, podrían complicar la productividad en la próxima campaña agrícola en un escenario económico en el que cada dólar cuenta.
Como parte del plan de reactivación económica, el gobierno intenta forzar a las empresas a producir en el país, sin embargo hay productos que se importan porque tienen formulaciones especiales, que no se pueden producir localmente. No sólo porque no existe la infraestructura para hacerlo sino porque además hay mecanismos de protección de patentes por los cuales las empresas multinacionales concentran la producción en un determinado lugar del mundo. Se trata de tecnologías únicas que si bien tienen un sustituto en el mercado local, éstos no dan los mismos resultados de productividad y eficiencia para obtener lo que en definitiva buscan el productor y el gobierno, que es el aumento del rendimiento en los cultivos para incrementar las exportaciones.
Hasta ahora no se generaron mayores problemas en el canal de distribución porque durante el año pasado los productores se adelantaron con las compras debido a la situación económica y a la expectativa de una devaluación, que si bien implica mayores ingresos en pesos por la venta de los granos en dólares, al mismo tiempo incrementa el costo de los insumos entonces todos los que pudieron se abastecieron de agroquímicos que compraron a dólar oficial.
El problema que ven las empresas a futuro radica en que si las demoras continúan, no sólo se habrá perdido una oportunidad de producir más en la campaña gruesa que esta finalizando, sino que tampoco habrá insumos clave para la campaña de trigo y se incrementará el temor por el abastecimiento para la próxima campaña gruesa en herbicidas y plaguicidas, que en definitiva son los productos que evitan pérdidas en los cultivos por el avance de insectos o malezas.
A través de CASAFE, buscan mejorar el diálogo y establecer criterios según la estacionalidad de los productos a importar, porque una autorización tardía pierde efectividad. Extraoficialmente son varios los casos en los que se denuncian demoras en la aprobación de licencias no automáticas que superan los 3 meses y si el producto no llega al mercado se pierde la posibilidad de comercialización por parte de la empresa y de aplicación de tecnología premium por parte del productor.
Mientras el gobierno espera que aumenten las exportaciones en el agro, al mismo tiempo se generan problemas para que ingrese la tecnología disponible en el mundo -y hasta ahora en nuestro país- para evitar problemas en el lote. A algunas empresas les aprobaron en lo que va del año un porcentaje cercano al 10% de los insumos necesarios para las campañas de soja, maíz y trigo, que totalizan casi 100 millones de toneladas de granos. Si el conflicto persiste, los problemas se podrían evidenciar en la próxima campaña agrícola.
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