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Es una nueva forma de realizar operaciones similar a la que existe actualmente con el canje de granos.
El 2020 fue el año de la explosión de las criptomonedas en medio de la pandemia del coronavirus. Y un grupo de emprendedores supo aprovechar el contexto para meterse de lleno en el negocio agropecuario. Es así como se desarrolló Agrotoken.io, la primera plataforma global de tokenización de commodities agrícolas y alimentos, presentándose al mundo con el lanzamiento de una criptomoneda respaldada en soja.
“La tokenización es convertir un activo real en uno digital, el primer producto con el que salimos al mercado es Soya (criptosoja). Está respaldada con un activo real, diferente de otras criptomonedas, como son los bitcoins, que tienen mucha volatilidad”, dijo Gabriela Roberto Baró, CEO & Co-Founder en Agrotoken, a Clarín. “Estamos creando un nuevo ecosistema para los agronegocios”, apuntó.
Según explicó, el procedimiento de negocio es similar a lo que sucede actualmente con el canje de granos que varias empresas agropecuarias ya han puesto en marcha.
La firma aclaró que el proceso de “tokenizar la soja” no altera el circuito del negocio tradicional de compra-venta de granos, sino que funciona como una solución digital para los productores del campo.
Según la directiva de la empresa, los beneficios de los productores que ingresen a esta nueva modalidad de negocios son varios: transaccionar (como cualquier moneda digital) para bajar los costos logísticos, administrativos e intermediarios y lograr mejores tasas de financiación en el mercado.
“El productor lo puede cambiar en moneda corriente o en otros activos. Alguien que tiene un pool de siembra, por ejemplo, en vez de mandarle los camiones de soja al inversor, les podrá dar directamente los tokens, simplificando cuestiones administrativas para que sea más fácil invertir en el agro”, explicó.
Así, el productor de soja que se introduzca en este nuevo negocio puede empezar a tokenizar con un mínimo de 30 toneladas y los instrumentos que se necesitan para probar la existencia del grano están dados por el certificado de depósito electrónico, el boleto de compra venta con un agro exportador habilitado en la plataforma y una cesión de derechos de cobro temporal que existe mientras la soja este tokenizada.
En tanto, cada Soya equivale a una tonelada de soja y su valor inicial dependerá del precio en el Matba-Rofex. Los contratos son por 30, 60 o 90 días, cumplido el plazo se “destokeniza” o se puede renovar. Si se precisa liquidar los granos antes de las fechas estipuladas, existe la posibilidad de destokenizar anticipadamente.
“El beneficio que le damos a los productores pioneros es pagarle aproximadamente un 3% en USDC (moneda estable), que está apareada al dólar. Cuando el cliente los quiere transformar, puede llevarlos directamente a su cuenta bancaria y se realiza la transferencia en pesos”, detalló Baró.
Desde la plataforma informaron que la primera tokenización de soja del planeta se realizó en el país con Adecoagro, El Boyero, Espartina y La Fe Vieja, empresas reconocidas en el sector agropecuario.
“Hasta hoy, no todos tenían la posibilidad de meterse en este mercado. Queremos que cualquier persona pueda obtener un token de soja de manera rápida y segura. Y a medida que vayamos sumando nuevos integrantes, estará la posibilidad de que con esos tokens puedan comprar camionetas, departamentos o una cosechadora”.
El objetivo es llegar a más países, como Brasil, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay y buscan digitalizar el 5% de la producción mundial de soja en un futuro. Además, la idea es lanzar los criptos tanto en maíz como en trigo próximamente.
Sebastián Macías, cofundador y socio de la empresa en Uruguay, dice que "hay que desterrar la idea de que los drones solo sacan fotos"
En su infancia, Sebastián Macías (31 años, ingeniero en computación egresado de la Udelar) recortaba fotos de aviones de las revistas de su padre. En 2017, decidió fundar Dronfies, una empresa dedicada al desarrollo de software y tecnología para drones, que hoy en día cuenta con seis socios.
Comenzaron en el área del entretenimiento (fotos de eventos con drones) y luego dieron un giro hacia soluciones para sectores productivos, como el agro. Desde 2020 trabajan en un sistema de gestión de tráfico de drones que desarrollaron con el Fondo de Innovación de UNICEF y que pronto funcionará en la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), según anuncia Macías.
La industria aeronáutica cada vez descubre más funcionalidades en los drones, aunque con frecuencia es difícil la implementación. ¿Cómo nació y evoluciona Dronfies?
-Sebastián Macías (SM): Para mi tesis de grado en 2015, exploré las tecnologías emergentes, como la realidad virtual, blockchain y drones, y vi que mi pasión y la oportunidad estaba en los drones. También tengo la motivación de ser emprendedor, es algo interno. Entonces, nos juntamos cuatro compañeros que nos conocíamos del trabajo o la facultad y desarrollamos Dronfies, que es una solución de fotografía con drones que le dio nombre a la empresa que fundamos en 2017.
Lo hicimos con apoyo de la incubadora Ingenio y luego de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Pero a finales de 2018 vimos que no era muy rentable y nos tuvimos que reinventar. De los socios originales, quedé solo yo, hice una ronda de inversión y a partir de ahí nos perfilamos a lo que somos hoy: aplicamos la tecnología dron a distintas áreas de negocio, como la forestal, el agro, telecomunicaciones, seguridad y energía.
Actualmente, hay otros cinco socios capitalistas, entre ellos Pyxis, que es un ecosistema muy importante de negocios tecnológicos de Sudamérica. Estamos instalados en sus oficinas y hacemos proyectos conjuntos. Desde el año pasado, estamos ampliando la oferta de nuestros servicios al sector de aviación.
“Ampliamos la oferta de servicios al sector aviación”
A fines de 2019, el Fondo de Innovación de Unicef seleccionó a Dronfies para generar una solución que permita el uso de drones en situaciones de emergencia, ¿en qué etapa se encuentra ese proyecto?
-SM: Sí, Unicef nos contactó para que participáramos en una licitación internacional para un proyecto de desarrollo de un sistema de tráfico aéreo de baja altura en los corredores de drones en Sierra Leona y Kazajistán, con fines humanitarios, como el delivery de vacunas y de sangre. El proyecto incluye la evaluación de desastres y mapeo de inundaciones con drones. Pero ese proyecto se postergó por la pandemia. Estaba previsto que viajáramos a Sierra Leona para la prueba del sistema en 2020, pero el mundo quedó parado, los vuelos, todo.
¿No se llegó a repartir test o vacunas contra el COVID-19 con drones bajo ese proyecto?
-SM: Se podrían haber repartido, pero no se llegó a tiempo con el desarrollo. Lo que sucedió también en la pandemia es que las organizaciones pusieron sus recursos en tecnologías que ya se conocen y no tanto en las emergentes.
Acción Popular, Avanza País, Juntos por el Perú, Fuerza Popular, Renovación Popular y Victoria Nacional explicarán y contrastarán sus propuestas en temas como financiamiento, desarrollo de la biodiversidad, gestión hídrica, importaciones subsidiadas y la Ley de Promoción Agraria, entre otros.
(Agraria.pe) Las próximas elecciones generales del 11 de abril serán decisivas para el futuro del país. Por ello, es necesario conocer a cabalidad los planes que los partidos políticos en contienda tienen para impulsar el desarrollo del país, pero especialmente del agro peruano, un sector que es clave para la creación de riqueza, puestos de trabajo y descentralización de oportunidades.
Por ello, la Agencia Agraria de Noticias (Agraria.pe) en alianza con la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) están organizando el Debate: Por el Agro Peruano, para el cual han convocado a seis voceros de los partidos más representativos y responsables de los planes agrarios en sus organizaciones.
Por el lado de Acción Popular estará Ángel Manero Campos, reconocido ingeniero agroindustrial, ex gerente de Sunshine Export, de Azucarera Andahuasi, ex director del Banco Agropecuario y también con un paso como Director Nacional Agrícola del Minagri, así como Gerente en la Región Lima.
En la esquina de Avanza País estará Jaime Salomón, PhD en Administración Estratégica, así como Magister en Filosofía y Administración. Ex miembro del Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar, la Comunidad Andina; así como presidente del Directorio de Electro Oriente SA, a lo que se sumó una participación como viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego.
Con el estandarte de Juntos por el Perú participará Eduardo Zegarra, economista de la PUCP, Doctorado en Economía Agraria y Aplicada por la Universidad de Wisconsin-Madison, así como especialista en políticas agrarias, mercados de tierras y gestión del agua, entre otros. Ha sido igualmente director general de Información Agraria del Minagri y actualmente es investigador principal de Grade.
Con Fuerza Popular irá Marco Vinelli Ruiz, economista con MBA y Maestría en Finanzas. Reconocido experto agroindustrial y con trayectoria en áreas de dirección ejecutiva, gerencia general, gerencia de planificación y presupuesto, entre otros. Ha sido socio fundador y director de empresas exportadoras agrícolas y ha diseñado fondos de inversión para el sector. Es director de la Maestría en Administración de Agronegocios de ESAN.
Para representar a Renovación Popular tomará la palabra Alfonso Velásquez, Máster en Desarrollo Emprendedor e Innovación, ingeniero economista, empresario de productos de exportación. Ha sido ex ministro de la Producción, presidente ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora, así como del Consejo Directivo del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”. También fue director fundador de Procesadora Perú SAC, presidente de la Asociación Regional de Exportadores de Lambayeque, entre otros.
Cierra el grupo por Victoria Nacional Juan Risi, ingeniero agrónomo de la UNALM, con Maestría y Doctorado en la Universidad de Cambridge. Tiene experiencia en diversos sectores vinculados a la agricultura y ha sido viceministro de Políticas Agrarias, secretario general, director general de Promoción Agraria del Minagri, así como jefe del INIA y director ejecutivo de INCAGRO. En Bolivia fue asesor de los Programas de Quinua y Semilla de Papa, además de representante del IICA.
El evento, que es de carácter gratuito, será moderado por Fernando Cillóniz, y ha sido estructurado para que los voceros expliquen sus objetivos estratégicos, formas de financiamiento, desarrollo de biodiversidad genética, forestal, manejo de recursos hídricos, gestión de la ganadería, aspectos de tributación, importación de productos subsidiados, promoción de inversiones y la Ley de Promoción Agraria, entre otros, con los que se arma un completo panorama de sus visiones sobre la problemática sectorial.
Asociación de productores pasó de cosechar 50 a 250 toneladas anuales, una producción que ya están colocando en el extranjero.
(Agraria.pe) La Asociación de Productores de Agro Exportación E4 Irrigación Majes – Aproagro quintuplicó su producción de palta Hass al pasar de una cosecha de 50 a 250 toneladas anuales luego de acceder a un Plan de Negocio del programa Agroideas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
La entidad estatal informó que este proyecto ha beneficiado a 36 familias arequipeñas que, pese a las limitaciones de la oferta sanitaria, trabajaron arduamente en la mejora de sus cultivos para aumentar la producción de sus hectáreas, obteniendo una cantidad que les permitió concretar ventas a un mejor precio.
"Nosotros vendemos a la empresa que exporta. El año pasado se ha ido a Asia, también hemos exportado a Europa y este año a Chile. Es necesario estar organizados porque podemos hacer más volumen y podemos ofertar nuestro producto mejor", comenta Guzmán Huamaní, uno de los socios fundadores de la organización agraria.
El sueño de trabajar con un producto de exportación inició cuando eran 20 socios y accedieron a un Plan de Negocio para la adopción de tecnología de Agroideas, que les permitió cambiar sus cultivos de panllevar por palta Hass, un producto de gran demanda internacional que exportan de manera indirecta.
La inversión ascendió a S/359 mil, siendo el cofinanciamiento de Agroideas S/287 mil y la contrapartida de la organización S/71 mil. Con ello, pudieron adquirir plantones de paltas Hass y polinizantes certificados, además de fertilizantes y cintas para el sistema de riego. El éxito inicial incentivó a que otros 16 pequeños productores de Majes se unan a las filas de Aproagro, sumando un total de 50 hectáreas de producción que pronto aumentarán a 80.
"Estamos apuntando a la instalación de 30 hectáreas más. Nosotros como asociación nos comprometemos a vender una fruta con estado de madurez óptima. Para ello se toman muestras de la palta para hacer análisis de materia seca, lo cual nos permite seleccionar qué fruta vamos a cortar: una fruta verde, opaca, sin brillo", explica Gretel Choque, ingeniera agrónoma, socia y actual presidenta de la organización.
En la actualidad por cada hectárea, obtienen en promedio 20 toneladas de palta Hass altamente cotizadas por empresas exportadoras, pero la meta para este 2021 es eliminar la figura del intermediario para mejorar aún más el precio de venta de su fruta, y así aumentar sus ingresos.
Dato
Hasta la fecha, el Midagri, a través de Agroideas, ha aprobado 73 Planes de Negocio en la cadena productiva de palta a nivel nacional, invirtiendo S/ 25.2 millones en favor de más de 2.000 pequeños productores de la agricultura familiar. De esta manera, se han atendido casi 3.000 hectáreas dedicadas a este cultivo en las regiones Junín, Ica, Huancavelica, Arequipa, Moquegua, Apurímac, entre otras.
Centenares de micros recorrieron casi 50 millones de kilómetros sin registrarse ningún tipo de problemas en los motores. Conocé la experiencia.
En ningún otro lugar del mundo se llevó a cabo una experiencia a gran escala como la que se desarrolló en la Argentina.
Cientos de micros urbanos e interurbanos funcionaron, durante más de un año utilizando únicamente biodiesel. Es decir que en lugar del corte clásico con gasoil, del 10%, los motores trabajaron durante todo ese lapso con este biocombustible derivado del aceite de soja al 100%.
En diálogo con este medio, Alberto Garibaldi, titular de la Consultora ALG Ingeniería y uno de los referentes a nivel internacional sobre el tema, es elocuente al respecto: “Fue un éxito total y absoluto. Incluso, superó todas las expectativas”.
Según el consultor, la idea era validar el corte de gasoil con un 25% de biodiesel, “pero cuando vimos que todo funcionaba sin ningún tipo de problemas, pasamos a la propuesta a B100. Empezamos con dos unidades, luego sumamos 14 y luego más. No paramos hasta superar las 300”.
El plan nació a partir del proyecto BioBus, que fue presentado en Buenos Aires en julio de 2018 y tenía como objetivo, justamente, testear el funcionamiento de micros de corta y media distancia, mostrar los beneficios vinculados con la menor emisión de gases de efecto invernadero y poder replicar esta experiencia en otras ciudades del país.
La iniciativa, con foco en la provincia de Santa Fe, contó con un fuerte apoyo de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), que nuclea a cerca de 30 Pymes que tienen un rol estratégico dado que son las únicas que, por ley, pueden proveer a las petroleras para realizar el corte del gasoil.
Se recorrieron cerca de 50 millones de kilómetros con biodiesel puro y no se registraron problemas
Fin a los falsos mitos sobre el biodiesel
Garibaldi pone de manifiesto la escala que tuvo este proyecto al asegurar que “se recorrieron entre 45 y 50 millones de kilómetros con biodiesel 100% puro. Es la experiencia más grande del mundo sobre B100 que se haya realizado alguna vez. Y los resultados fueron concluyentes: no hubo ningún problema en los motores”.
“Esto termina con los comentarios adversos sobre los efectos negativos del biodiesel sobre los motores. Eso es falso y nosotros para afirmarlo nos basamos en datos experimentales”, recalca.
Garibaldi agrega un dato más que pudieron comprobar en plena pandemia: como consecuencia de la cuarentena que se implementó en diferentes lugares del país y la consecuente reducción de las frecuencias de los viajes debido al menor flujo de pasajeros, hubo muchos micros que quedaron frenados durante meses y con los tanques parcialmente llenos con biodiesel.
“Es interesante, porque había un mito que decía que no era bueno dejar biodiesel en el tanque porque podía pudrirse. Frente a eso, pudimos comprobar que no pasó nada de eso: hubo unidades que estuvieron cinco meses totalmente frenadas y arrancaron sin problemas, no pasó absolutamente nada”, subraya.
Motores: no hay que tocar nada
El otro mito asegura que, para poder usar biodiesel en altas concentraciones o puro, previamente hay que recalibrar los motores para que no se dañen.
Frente a estas versiones, Garibaldi es concluyente: “No hay que recalibrar nada. Eso también es falso“.
“Un usuario puede pasar de gasoil grado 3 a biodiesel puro sin problemas, de manera automática. No hay que tocar nada del motor ni alterar nada, a contramano de lo que dicen quienes desinforman”, dispara Garibaldi.
El director de la consultora agrega que, cuando se habla de combustibles a base de alcohol sí, pero vuelve a insistir con que “en el caso del bio, no es necesario recalibrar nada”.
Alberto Garibaldi analizó los resultados de la experiencia BioBus
Motores más limpios
Incluso, asegura que el biodiesel tiene la particularidad de limpiar todas las impurezas acumuladas en el tanque de combustible y en el sistema de alimentación, incluyendo los inyectores.
“Por eso al comienzo se recomienda reemplazar el filtro de combustible al comienzo, a los 2.000 o 4.000 kilómetros, porque se van desprendiendo todas esas impurezas acumuladas. Eso es lo único, si bien en muchos casos no sería necesario porque los motores que usan gasoil con el corte de biodiesel muy posiblemente ya tengan los tanques y los sistemas limpios”, agrega.
Frente a esta experiencia, salta a la vista el rol estratégico que juega el biodiesel (regulado por la ley 26.093) en materia de costos, impacto positivo en el medioambiente y reducción de importaciones.
Y, sobre estos dos puntos, Garibaldi reflexiona: “Usando biodiesel se logra una reducción drástica de contaminantes del orden del 70%. Es un recurso 100% renovable y producido con mano de obra local, lo que permite reducir considerablemente las importaciones de hidrocarburos”.
Los productores de biodiésel y bioetanol celebran la prórroga del régimen de promoción por otros 4 años, pero alertan por el atraso en los precios. Las petroleras resisten una suba de los niveles de corte.
Los productores de biocombustibles alertaron por un atraso de entre 25% y 28% en los precios para la mezcla con naftas y gasoil. Argentina posee 54 plantas de biocombustibles en 10 provincias, con 27 pymes de biodiésel y dos no integradas. Hoy la mayoría están paralizadas porque no cubren los costos de producción. La prórroga del régimen de promoción es un aliciente, pero todavía quedan desafíos por delante.
En la búsqueda de un equilibrio, el Gobierno dio un aumento del 10% a partir de octubre. La tonelada de biodiésel, producido a base de aceite de soja, llegó a $48.533, mientras que el litro de bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y de maíz trepó a $32,78.
“Lo más rescatable del aumento es que se terminó con 10 meses de congelamiento. En la práctica, la recomposición no es suficiente para que el sector reanude las actividades. El 10% no alcanza ni para comprar materia prima. Es muy insuficiente”, afirmó Juan Facciano, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER).
En los últimos 10 meses el aceite de soja, que explica el 85% del costo de producción, subió 20% en dólares, tanto por la cotización como por la baja de las retenciones. Cuando se compra en el mercado interno se paga el valor FOB menos los derechos de exportaciones, con lo cual si se baja la alícuota, el producto se encarece en dólares. Pero también hay que agregar que el precio de pizarra del commodities llegó a u$s400 la tonelada, y eso generó un incremento superior, además de la devaluación del peso estimada del 30% en el mismo período.
Entre los productores coinciden que el ajuste del 10% que decidió el nuevo secretario de Energía, Darío Martínez, forma parte de un cronograma progresivo de actualizaciones y no descartan otro aumento antes de fin de año. “Con la recomposición inicial ninguna de las plantas, y se lo dijimos al secretario, ahora esperamos que la segunda sea por un porcentaje que permita volver a trabajar”, agregó Facciano.
Según revelaron las fuentes consultadas por este medio, la semana pasada se dio una charla con Martínez y la nueva subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto. Los productores se pusieron a disposición, conscientes de la situación que vive el país y la emergencia económica por la pandemia. “Queremos ser parte de la solución y no estamos hablando de aplicar lisa y llena la fórmula de precios, con amortización y márgenes, sino que sea un aumento para volver a trabajar”, enfatizó el dirigente agropecuario.
El inconveniente surge con la crisis que atraviesan las petroleras, que durante la pandemia no tuvieron más remedio que evitar la mezcla con combustibles fósiles. Por ley deben incorporar 10% de biodiésel y 12% de bioetanol, pero -a modo de ejemplo- en junio fueron de poco más de 7% y hasta 11%, respectivamente. Se estima que las refinadoras se ahorraron por menor compra de biocombustibles casi $13.000 millones entre agosto y septiembre, aunque tuvieron que importar más gasoil y la demanda en estaciones sigue por el piso.
El director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH), Claudio Molina, dijo que la diferencia entre los precios publicados por Energía para biocombustibles y la fórmula llega al 30% o 40%. “Por eso la industria está parada y están en riesgo unos 50.000 empleos entre directos e indirectos”, alertó el directivo.
Molina reveló a este medio que se están analizando alternativas para reactivar la producción. Una propuesta que llegó a la Secretaría es la posibilidad de aplicar un régimen provisorio por seis meses, con suba de precios y baja de los niveles de corte para compensar. “Hay empresas que están desesperadas. Si el precio no cubre los costos, las plantas se paran. En el maíz el 60% o 75% es costo de materia prima, y en el caso de biodiésel llega al 80%. La incidencia es muy grande y está dolarizada”, señaló el titular de AABH, pionera entre las entidades del rubro. Fuentes oficiales confirmaron que se recibió un pedido, pero aclaran que todavía no se tomaron definiciones. Las negociaciones están en marcha.
En este marco, el Senado avanzó con la prórroga del régimen de promoción de los biocombustibles, sin modificar los niveles de corte. Los productores lo celebran, porque brinda certidumbre, tranquilidad y previsibilidad a las inversiones, y aclaran que el plazo no fue caprichoso. La ley extendió por otros cuatro años la vigencia de la ley 26.093, que vencía en mayo del 2021. En rigor, el Poder Ejecutivo tenía la facultad de hacerlo por DNU, ya que la norma prevé un cambio el inicio de la entrada en vigencia del régimen, que fue el 2010. Pero tanto oficialismo como oposición coincidieron en la necesidad de darle marco institucional a la prórroga y que pase por el Congreso.
A mitad del camino, las petroleras pusieron el grito en el cielo, alertaron por millonarias pérdidas en Vaca Muerta, pidieron reducir el plazo de extensión -previsto inicialmente a 15 años- y dijeron que la producción agropecuaria debe estar destinada a la exportación, para generar ingresos de dólares frescos al país. Dicen que se pierden u$s1.400 millones por no vender al exterior aceite de soja y maíz y que el esquema de promoción impositiva actual acumuló un débito fiscal de u$s6.000 millones. Entre los grandes jugadores, ya sonó la idea de equiparar impuestos con el graven al despacho y al dióxido de carbono, incluyendo al GNC.
Otra de las discusiones es que los biocombustibles son más caros que los hidrocarburos. Para Molina es un mito. “Desde el 2010 hasta octubre pasado la nafta subió 60% más que el bioetanol y el gasoil un 48% más que el biodiésel”, alertó. Y agregó que si se tiene en cuenta la desgravación impositiva, los biocombustibles resultaron más baratos porque en la mezcla no se distingue la tributación a la hora vender un litro de nafta o gasoil.
La Liga Bioenergética cree viable una suba de los cortes del gasoil con biodiésel al 15% y de la nafta al 15% con bioetanol, pero con el objetivo final de llegar progresivamente al 27,5% a fines de 2027. Las petroleras lo resisten a capa y espada. “En Estados Unidos o Europa los conductores pueden elegir en las estaciones si quieren combustible fósil o de origen natural, ¿por qué no puede pasar eso acá?”, se preguntó Facciano.
Durante los debates parlamentarios, los legisladores remarcaron que es indispensable iniciar un profundo debate sobre un nuevo marco regulatorio integral, que tenga en cuenta los intereses de todos los actores de la cadena de producción de combustibles, incluidos los de las petroleras y las refinadoras. El diálogo ya comenzó por parte de algunos diputados.
CompartiremailFacebookTwitterBrasil aprobó el uso de materia prima importada para producir el biodiésel que se ofrece en las subastas que realiza el regulador de hidrocarburos ANP, según información publicada el miércoles en el Diario Oficial. La alternativa de importación fue propuesta inicialmente por el Ministerio de Minas y Energía para hacer frente a la escasez de soya. […]
Brasil aprobó el uso de materia prima importada para producir el biodiésel que se ofrece en las subastas que realiza el regulador de hidrocarburos ANP, según información publicada el miércoles en el Diario Oficial.
La alternativa de importación fue propuesta inicialmente por el Ministerio de Minas y Energía para hacer frente a la escasez de soya. La mayor parte de la producción de este año se exportó debido a la depreciación del real frente al dólar.
ANP apoyó la medida e incluyó la opción en la licitación de la 77a subasta de biodiésel programada para el 4 de diciembre para abastecer al mercado en los dos primeros meses de 2021.
La falta de biocombustible podría comprometer el suministro de diésel, ya que una ley federal exige un porcentaje mínimo de biocombustible en la mezcla.
A pesar de la reciente reducción temporal de la mezcla de 12% a 11%, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de biodiésel generó el incremento de precios en las últimas subastas de biodiesel de la ANP.
La asociación brasileña de productores de biodiésel, Ubrabio, señaló en un comunicado que la decisión del gobierno elevará la competitividad y reducirá los precios.
“Brasil ya importa soya, por lo que esta liberación para usarla en la producción de biodiésel ayudará a ajustar un desequilibrio que se espera se prolongue hasta principios del próximo año, considerando el retraso en la cosecha de soya que debería ocurrir en enero”, explicó el titular de Ubrabio, Donizete Tokarski.
El gobierno planea aumentar la mezcla obligatoria de biodiésel en el diésel en un punto porcentual anual en los próximos tres años, para llegar a 15% para marzo de 2023.
La empresa de investigación energética EPE estima que la demanda de biodiésel crecerá 60% para 2030, de 7.200 millones de litros (Ml) en 2021 a 11.400Ml.
Este carburante es más respetuoso con la atmósfera, pero se basa en aceite de palma y soja, lo que impulsa la deforestación de las selvas tropicales
Poco podía imaginar Rudolph Diesel en 1885, cuando utilizó aceite de cacahuete como combustible para alimentar un motor de ignición-compresión, que 135 años después el biocombustible a partir de hoja de palma y soja se habría convertido en el epicentro de una controversia mundial. Ello es debido a que, si bien se trata de un combusible con emisiones casi cero en cuanto a gases de efecto invernadero, su producción acelera la deforestación del planeta, sobre todo en las grandes selvas tropicales.
La Unión Europea, que el año pasado consideró «insostenible» el biodiésel, ha comenzado a poner limitaciones a esta producción con directivas para reducirla en el horizonte de 2030, pero en el resto del mundo la producción es imparable.
Los biocombusibles representan el 90% del aumento de la demanda de aceite vegetal, liderada por Brasil e Indonesia y por la industria de la aviación. Según un informe de Ecologistas en Acción con datos de la Rainforest Foundation de Noruega, si esta demanda se atendiera de manera simultánea podría provocar la deforestación de siete millones de hectáreas de bosques, lo que produciría 11.500 millones de toneladas de emisiones de CO2. Es decir, los biocombustibles son limpios pero, en el caso de los derivados del aceite de palma y soja, tienen unas derivadas muy negativas.
La producción de combustible «bio» arrasa bosques en América e Indonesia. GETTY IMAGES
El lado oscuro de los biocombustibles
Recientemente, la organización Transport and Environment (T&E) ha hecho público un informe en el que destaca que en los últimos diez años el consumo de aceites vegetales como la colza, el girasol, la soja o la palma destinados a la industria alimentaria y oleoquímica se ha estabilizado en unos 12 millones de toneladas al año. En cambio, para producir biodiésel la cantidad aumentó un 46%, pasando de los ocho millones de toneladas de 2009 a los 11,7 millones en 2019.
T&E, una de las entidades conservacionistas más prestigiosas de la UE, recuerda que, si se tiene en cuenta la deforestación de bosques tropicales que se lleva a cabo para obtener los biocombustibles, estas sustancias terminan siendo un 80% más contaminantes que el diésel tradicional.
En 1912, Diesel manifestó que «el uso de los aceites vegetales como combustibles para los motores puede parecer insignificante hoy en día, pero con el transcurso del tiempo puede ser tan importante como los derivados del petróleo y el carbón en la actualidad». No se equivocó, pero no calculó sus consecuencias. Se estima que entre 2021 y 2030 se producirán en el mundo 61millones de toneladas de biocombustible, lo que supone el 90% de la producción actual del aceite de palma. ¿Estremecedor? El mundo se enfrenta, por lo tanto, a dos crisis: el cambio climático acelerado por la emisión de los gases de efecto invernadero y, por otra parte, la destrucción de los ecosistemas buscando combustibles alternativos. Un círculo vicioso.
El biodiésel y otros biocombustibles están viviendo un auge a nivel mundial. Liderados por China e India, los datos de producción y consumo son cada vez mayores. La independencia energética respecto a los países productores de petróleo y los objetivos medioambientales son los dos motivos de su gran popularidad. Especialmente en países en desarrollo, donde la alternativa eléctrica para el transporte no está tan al alcance, suponen un importante recurso renovable. Es un combustible más limpio que el diésel habitual. Todos los estudios y mediciones indican que el biodiesel reduce las emisiones de CO2, SO2, CO o HC entre otros, según un informe de EnergyaUVM.
En cuanto al CO2, el gas principal de efecto invernadero, se ha demostrado que el biodiésel puede ser un arma para frenar dicho contaminante, ya sea mezclado con el diésel tradicional o bien usado al 100% para reducir las emisiones.
Algunas estimaciones, como las de la EPA (la Environmental Protection Agency de Estados Unidos) calculan reducciones de entre el 57% y el 86%. Estas cifras son coherentes con otros estudios y simulaciones al respecto. Mediciones reales que se han recogido en algunos países como Brasil, que lo usan mezclado en sus flotas de transporte, también dan cuenta de esa reducción de emisiones. En cuanto al SO2 (dióxido de azufre, un gas irritante por sí solo y muy nocivo para la salud), el biodiésel no lo emite.
La reducción de monóxido de carbono cuando se usa biodiésel también es significativa. Si atendemos a los datos ya nombrados, las pruebas dan una reducción de un 48% de CO, según Ecologistas en Acción.
Pero tampoco se trata de un combustible limpio al cien por cien, pues emite más NOx (óxido de nitrógeno). De media se estima un 10% de incremento. El NOx es un gas irritante que, en grandes concentraciones, afecta a las vías respiratorias y puede exacerbar condiciones como la alergia y otras afecciones relacionadas con nuestro aparato respiratorio.
Las plantas bio de España
En el año 1985 se construyó en Silberberg (Austria) la primera planta piloto productora de este tipo de combustible, siendo el aceite de colza la materia prima utilizada. Desde entonces se ha experimentado un creciente interés por el uso de este biocarburante y de otras energías alternativas complementarias, debido ello a la concienciación colectiva por la conservación del medio ambiente, los compromisos derivados del Protocolo de Kyoto, y la gran dependencia del petróleo, de la que es inseparable la espectacular escalada de su precio.
Esta situación ha provocado que la producción de biodiésel alcanzara en la Unión Europea dos millones de toneladas en 2018, siendo Alemania la mayor productora, con 750.000 toneladas. En España, a finales de 2018 ya había más de 40 plantas instaladas, con una producción del orden de 185.000 metros cúbicos.
Tampoco esas fábricas nacionales se libran de las críticas ecologistas: «Desde 2013 a 2015 ni un solo litro de los biocombustibles consumidos fue considerado por la Comisión Europea (CE) energía renovable, ya que el Gobierno español paralizó en 2013 el sistema de verificación de su sostenibilidad. En marzo 2015, la CE instó oficialmente al Gobierno español a implementar correctamente la sostenibilidad de los biocarburantes. Posteriormente, el Gobierno español puso fin a esta moratoria irregular, estableciendo a partir del 1 de enero de 2016 un ‘régimen transitorio’ para la verificación de la sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, que se mantiene de forma indefinida y ofrece pocas garantías al basarse en declaraciones responsables que se exigen a los agentes económicos», señala el informe de 2019 «Bioenergía en España», de T&E, Ecologistas en Acción y Birdlife.
El mundo, en definitiva, se enfrenta al reto de desterrar prácticas que, pareciendo ecológicas, en realidad no lo son.
Lo nuevo: con grasa animal
Los subproductos orgánicos sin uso pueden servir para generar biodiésel, en vez de ser destinados a vertederos o a incineración, según un proyecto
Al margen del uso de materia prima vegetal (palma, colza, girasol, soja, maíz, etc.), la investigación sobre el biodiésel avanza por otros caminos. En este sentido, el Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (Aiju) va a coordinar un proyecto para desarrollar una planta piloto que producirá cinco toneladas al año de biodiésel a partir de grasa animal. Con esta iniciativa, en la que participan también la petrolera Cepsa y el Instituto Tecnológico del Calzado (Inescop), se estima que se prodrá reducir hasta un 80% la huella de carbono respecto a los actuales carburantes. Europa gestiona anualmente 17 millones de toneladas de subproductos animales, que, a su vez, generan una gran cantidad de grasas, una parte importante de las cuales son eliminadas en vertederos o a través de la incineración. Estos procesos suponen un problema, tanto para el clima como para el medio ambiente, debido a las emisiones que se generan.
Con el objetivo de hacer frente a esta situación, se ha puesto en marcha el proyecto Life Superbiodiesel, cuyo objetivo es producir biocombustibles derivados de esos desechos animales, y metanol a través de una tecnología catalítica heterogénea. Al frente del mismo, se encuentra el instituto tecnológico Aiju, si bien también participan en el mismo (Cepsa), el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (Imdea), el Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (Inescop), el Instituto de Tecnología Química (ITQ), Organovac y la Universidad de Murcia.
Una de las ventajas de esta iniciativa, además de la producción de biodiésel de alto valor añadido a partir de grasa animal, es la reducción potencial de un 80% de la huella de carbono sobre el diésel convencional y de un 35% respecto al biodiésel de primera generación. El proyecto implementará, además, un proceso de producción simplificado que evite los costosos pasos anteriores y posteriores al tratamiento. Asimismo, permitirá la reducción, al menos del 96%, del consumo de agua, utilizando el proceso enzimático desarrollado con respecto al proceso convencional.
Rubén Beneito, coordinador del proyecto en Aiju, destaca que el proyecto «desarrollará, probará y demostrará una novedosa producción de biodiésel a partir de grasas animales residuales basada en tecnología supercrítica y catalizadores heterogéneos». Beneito enfatiza que, además de ser apta para su replicación en el mercado, aliviará diversos problemas medioambientales. «Entre otros (subraya) ayudará a valorizar un residuo de bajo valor comercial, disminuyendo las emisiones y la deforestación asociada a los enfoques de producción de biodiésel y reemplazando el diésel mineral en los vehículos de transporte, lo que a su vez reducirá las emisiones y contribuirá en última instancia a la mitigación del cambio climático»
Son las prórrogas de la ley de biocombustibles y de ganadería Ovina. Fuerte pronunciamiento del ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba: " Hay mucha incertidumbre y angustia en el sector de los biocombustibles, que ha generado inversiones y fuentes de trabajo. Ante esta situación se ve afectada la continuidad de las mismas”.
Hay preocupación en diferentes ámbitos de la producción y la política sobre la falta de tratamiento en el Congreso de la Nación de dos leyes que son de relevancia para la actividad agropecuaria y agroindustrial. Se trata de dos prórrogas: Ley de Biocombustibles y la Ley Ovina.
En el caso de los biocombustibles, la Ley 26.093 vence el próximo 12 de mayo. Ya hay una media sanción del Senado aprobando por unanimidad su prórroga y en diputados todavía no hay fecha para su debate, aunque existiría la posibilidad que los sectores de la oposición pidan en los próximos días una sesión especial para el tratamiento sobre tablas de la iniciativa.
El régimen a prorrogar propone, entre otras cosas, una estructura de beneficios y promociones para las empresas radicadas en el interior del país, y también un piso de corte de biocombustible que obliga a las petroleras a cumplir con un límite del 10% en diésel con mezcla de soja y del 12% en naftas con bioetanol de caña y maíz.
Desde la oposición hay una coincidencia con el sector privado sobre los beneficios de la normativa que hasta el momento posibilitó incrementar alternativas de agregado de valor a la producción primaria en el sector agroindustrial, igualando oportunidades, promoviendo empleo calificado y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros.
En lo que respecta a la Ley Ovina, la misma vence el próximo 5 de abril y está destinada a lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos que permita la sostenibilidad a través del tiempo y consecuentemente, permita mantener las fuentes de trabajo y la radicación rural. Entre sus objetivos consta lograr un aumento de ingresos netos y valor agregado; desarrollo de recursos humanos; el aumento de la facturación global del sector; y un incremento en el stock ovino nacional, entre otros puntos.
Biocombustibles
En las últimas semanas las empresas productoras de biocombustibles, y en especial las plantas dedicadas a la elaboración de biodiesel, plantearon su “preocupación, incertidumbre y desconcierto” por el retraso que ofrece el tratamiento de la prórroga de la Ley 26.093 en el Congreso.
En relación a este tema, el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, advirtió que desde el gobierno provincial vienen reclamando su prórroga en Diputados y hasta el momento no han sido escuchados.
En diálogo con este medio, el ministro provincial aseguró que “es inentendible el porqué de esta quietud. Los que se niegan a prorrogar la Ley en el fondo quieren reducir los cortes de bioetanol y biodiésel y oponerse a que se agregue valor en origen para el progreso de nuestros pueblos. Hay sectores del Gobierno nacional que se oponen a la política de biocombustibles y pretenden favorecer la continuidad de una política fundamentada exclusivamente a los combustibles fósiles, yendo a contramano de los compromisos asumidos por nuestro país en la reducción de gases de efecto invernadero”.
Sergio Busso, ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba
Y agregó: “Tampoco creemos que estos apenas dos meses que quedan para el vencimiento de la Ley, ambas Cámaras puedan aprobar una ley superadora con el suficiente consenso. Además, no sabemos si en algún lugar existe un borrador de una supuesta nueva Ley. Nunca se puso sobre la mesa el proyecto que desarrollaron las provincias productoras de la mano de los actores vinculados a este sector. Hay mucha incertidumbre, angustia en un sector que ha generado fuertes inversiones y fuentes de trabajo y que ante esta situación se ve afectada la continuidad de las mismas”.
Por último, el ministro dijo que desde su provincia, como en otros distritos donde la producción de biocombustibles tiene una fuerte presencia, levantaron la voz para plantear que se deje la incertidumbre de lado y haya certezas votando la prórroga de la ley, para que exista una mesa de diálogo que permita seguir perfeccionando la misma y generar desarrollo en las provincias y el país.
Ley Ovina
Esta semana el diputado nacional chubutense por la Unión Cívica Radical (UCR), Gustavo Menna, reclamó que se trate de manera “urgente” la prórroga de la Ley Ovina, ya que falta menos de un mes para que la misma deje de estar vigente.
En diálogo con Infobae, Menna catalogó como clave a la Ley para recuperar el stock ovino y explicó que “en el 2001 se ideó este régimen que apunta a parar esa declinación y recuperar el stock y en esto fue una herramienta muy importante el fondo para la recuperación de la actividad ovina, que está destinado a sostener a los productores con apoyo económico, pero también a las provincias para los temas de infraestructura”.
Reclaman una prórroga de la Ley Ovina
Según detalló el legislador nacional, “este fondo permite sostener todas estas erogaciones y tuvieron resultado porque permitieron generar una recuperación. Los fondos que se destinaron originalmente en 2001 fue de 20 millones de pesos anuales, que por el tipo de cambio del momento, eran 20 millones de dólares. Hoy la Ley de Presupuesto tiene previsto 80 millones de pesos para este fondo, que quedó desfasado”.
Es por tal motivo que Menna presentó en julio del año pasado un proyecto para que se prorrogue la actual Ley, pero que se modifique el monto del fondo hasta establecer un mínimo de 1.600 millones de pesos anuales, como así también algunas pautas para su distribución, en las cuales se tengan en cuenta el stock ganadero de cada provincia.
Respecto al retraso en el tratamiento, el diputado dijo no encontrar explicación a la demora “porque este es un reclamo de las entidades ganaderas de todas las provincias patagónicas. Nosotros quisimos prevenir y presentamos el proyecto en julio y colegas correntinos también lo hicieron. Y por septiembre, el Ministerio de Agricultura convocó a representantes de las entidades del país, en lo que se llama la Mesa Ovina, y empezaron a analizar el proyecto, llegaron a un acuerdo pero en un plano de asesores”.
“Esto parece ser que no avanzó a nivel de ministro y tampoco en el Ejecutivo, que no mandó un proyecto de ley. Esto nos preocupa, porque faltan pocos días para que venza. El viernes pasado le cursamos una nota al presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados para que convoque a la comisión y, ya que no hay proyecto del Poder Ejecutivo, que empecemos a tratar nuestros proyectos de ley, que tienen estado parlamentario”, finalizó.
CompartiremailFacebookTwitterDesde hace cuatro meses el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) levantó la restricción implementada para las exportaciones de carne bovina. La restitución del estatus de Colombia se logró tras verificar las condiciones frente a la enfermedad de la Fiebre Aftosa por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE. Esto abrió inmediatamente […]
Desde hace cuatro meses el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) levantó la restricción implementada para las exportaciones de carne bovina. La restitución del estatus de Colombia se logró tras verificar las condiciones frente a la enfermedad de la Fiebre Aftosa por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE.
Esto abrió inmediatamente una ventana con el país. De acuerdo con la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán, a partir de la autorización se exportaron 312 toneladas de carne por US$1,5 millones y en enero de 2021 fueron 144 toneladas por US$685.000.
Además, ayer, 26 de marzo, Athena Foods, empresa de Minerva, logró exportar el primer contenedor de carne bovina con el sello de calidad ‘Colombian Beef Grass-Fed’.
Esta certificación resalta la producción animal con base en la alimentación 100% de pasturas y además busca fortalecer el proceso de internacionalización de la carne y su promoción comercial en los mercados a nivel mundial.
“Nos llena de satisfacción exportar desde Colombia el primer contenedor de carne bovina con el sello que garantiza que es carne de ganado alimentado 100% de pasturas y con destino a un mercado tan exigente como lo es el chileno. Esto destaca nuestro compromiso de ofrecer al mundo cada día mejor carne, más natural. El sello genera un valor agregado para nuestro objetivo de posesionar la carne colombiana en mercados internacionales”, afirmó Leandro Protzen, COO de Athena Foods.
Es importante anotar que Athena Foods se encuentra en Bucaramanga y el ganado que sacrifica es en gran parte de la región.
José Félix Lafaurie Rivera, presidente de Fedegán, explicó que el sello es la marca propia de un proceso de producción totalmente inocuo que refleja el manejo de buenas prácticas ganaderas basadas en el estricto respeto del bienestar animal, pero también, de la sanidad, del medio ambiente y de su respectiva cadena del frío.
“Este es un avance significativo de la ganadería colombiana ya que empezaremos a exportar carne al estilo de los países de primer nivel en estas transacciones en el mundo con el debido sello que lo califica como producto de selecta calidad y de confianza al exigente consumidor global”, añadió Lafaurie Rivera.
A partir de esa autorización del SAG de Chile se ha llevado carne a ese país: En 2020 fueron 312 toneladas de carne por un valor de US$1,5 millonesy en enero de 2021 fueron 144 toneladas por US$685.000.
CompartiremailFacebookTwitterEl Índice de Actividad que elabora todos los meses la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (Incair) arrojó para el mes de febrero la primera cáída del año. El indicador se ubicó 3,28 por ciento por debajo del de enero,lo que representa un 8,7 por ciento en relación al primer mes del 2021. Sin embargo, la […]
El Índice de Actividad que elabora todos los meses la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (Incair) arrojó para el mes de febrero la primera cáída del año.
El indicador se ubicó 3,28 por ciento por debajo del de enero,lo que representa un 8,7 por ciento en relación al primer mes del 2021.
Sin embargo, la diferencia con el primer mes del 2021 es poco significativa, dado que este se trató de un enero “atípico “con mayor actividad histórica, que anticipó el repunte estacional del mercado.
“Febrero mantuvo el nivel de recorridas en campos y nuevas consultas por Propiedades puestas en el mercado y la oferta de nuevas propiedades se mantuvo en niveles sostenidos”, afirmó la entidad.
CAIR proyecta que los valores sostenidos de los granos continuén empujando a la actividad, pero señalaron al panorama político y económico como “el principal obstáculo para las inversiones por la falta de confianza en la política gubernamental”.
Tal como les había informado el intendente Gustavo Perié, el empresario Hugo Borrel quiere reabrir la fábrica: lo que entonces no había sido blanqueado por el intendente es que, como condición, quiere despedir a 250 trabajadores. Mientras tanto, el dueño del frigorífico no pagó la quincena y unas mil familias aguardan por soluciones. Las negociaciones en el Ministerio de Trabajo pasaron a un cuarto intermedio hasta el martes 30.
Los y las trabajadoras de Arrebeef resisten en las puertas del frigorífico, acompañados/as por gran parte de Pérez Millán que colabora incluso para que, quienes pelean por su trabajo, puedan comer.
Este jueves se realizó una reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, donde tal como había adelantado el intendente Gustavo Perié, la firma propiedad de Hugo Borrel anunció la intención de reabrir las puertas. Sin embargo, la “letra chica” no fue por entonces comentada por el intendente cambiemita: Borrel exige, a cambio de la reapertura, el despido de 250 trabajadores/as.
La propuesta fue rechazada de plano por la Federación de la Carne y la reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 30, donde las partes volverán a reunirse con la mediación de la cartera provincial.
Mientras tanto, Borrel busca “asfixiar” a los/as trabajadores/as, a quienes no les ha pagado la quincena. En efecto, el empresario manifestó en el encuentro que “está dispuesto” a pagar la quincena, excluyendo a los 250 trabajadores/as que quiere despedir y que ya integran un listado.
La situación apremia, no solo entre las familias de los y las trabajadoras, sino también en Pérez Millán donde todas las familias dependen directa o indirectamente de Arrebeef.
Borrel apuesta a dividir a los y las trabajadores, minimizando la protesta y asegurando que son un grupo minúsculo de trabajadores/as quienes encabezan la protesta. Es justamente sobre esos nombres sobre los que quiere avanzar en el despido.
Cabe destacar que, mientras tanto, los propietarios siguen facturando con otras firmas: “La empresa está trabajando en Bernal donde tiene una planta frigorífica Ciaber- Finexcor, además tiene una planta en Escobar donde están trabajando plenamente”, confirmó La Radio Ramallo. En materia de ventas la compañía cárnica sigue exportando a China y a Chile, por lo que recursos no le faltan.
ArreBeef es un frigorífico del top cinco de las empresas del sector. En 2020 logró crecer en faena versus 2019. En rigor, según fuentes del mercado, el año pasado faenó 357.772 cabezas. Fue quinta en el ranking de faena por planta a nivel país. En el año precedente estuvo en 300.782 cabezas. Abastece de carne en el mercado interno y exporta. La planta de la compañía tiene 26.200 metros cuadrados.
Mientras tanto, los y las trabajadoras denunciaban el pago de salarios muy por debajo de lo acordado a nivel nacional para el sector, con la connivencia del secretario regional de la Federación de la Carne, Luis Pérez. Este reclamo por mejoras en las condiciones laborales y salariales llevaron a Borrel a cerrar las puertas y a dejar a mil familias en la calle.
Por los planes sociales, falta mano de obra en el campo y se pueden perder las cosechas en varias zonas del país.
Las economías regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) volvieron a manifestar su preocupación por la falta de mano de obra en el campo.
Si bien a principios de enero de este año desde CAME habían hecho público el reclamo, nadie lo escuchó y ya perdieron buena parte de sus cosechas. Además, la entidad solicitó una audiencia con carácter urgente al ministro de Agricultura, Luis Basterra, pero aún no fue atendida pese a la gravedad del problema, que atenta contra el normal desempeño de la actividad productiva.
Al momento, la falta de trabajadores rurales ocasionó que producciones como la cereza, las frutas de carozo, el ajo, el tabaco, la vid, los cítricos, las pomáceas, el té y el olivo, entre otras, hayan sufrido una baja en la productividad, una elevación de costos e, inevitablemente, una disminución de rentabilidad.
Los pequeños y medianos empresarios agropecuarios aseguran que los planes y programas de asistencia social desincentivan a los beneficiarios a aceptar un empleo registrado, ya que el “blanqueo” implica la baja automática de los beneficios. El “Plan Empalme” jamás funcionó, entonces, tras finalizar la relación de dependencia, pueden pasar dos o tres meses hasta que vuelven a cobrar la asistencia social.
Desde las economías regionales de CAME no cuestionan la ayuda que el Estado brinda a los más necesitados, pero sí coinciden en que no debería ser un escollo para el normal desempeño de la actividad, responsable de garantizar la mesa diaria de los argentinos.
“Los trabajadores nos transmiten su miedo a perder la ayuda estatal si los registramos y prefieren no asumir el riesgo, ya que es la única fuente de ingresos que tienen. Nosotros necesitamos mano de obra y por eso solicitamos compatibilizar los planes y programas sociales con el empleo registrado, de forma tal que puedan seguir cobrándolos pese a estar en blanco”, aseguró Eduardo Rodríguez, presidente de Economías Regionales de CAME.
Para que el problema no se agrave ni se replique en otros cultivos es necesario que el Estado intervenga de manera urgente. “Es paradójico que, por un lado, el Gobierno quiera combatir la evasión y la informalidad; y por el otro nos coloque en esta encrucijada”, recalcó Rodríguez.
Actualmente, los productores deben decidir entre perder parte de la cosecha o bien contratar trabajadores en negro, fomentando la industria del juicio y arriesgándose a recibir una sanción por empleo no registrado. Sea cual sea la opción elegida, los riesgos son altos.
Asimismo, la ausencia de registración tiene otro perjuicio para el empleador. Lo que no está declarado no puede deducirse en la liquidación anual del Impuesto a las Ganancias, por lo que el productor se ve en la obligación de absorber estos costos, que vulneran aún más su rentabilidad, si decide encarar la zafra con trabajadores informales.
La mano de obra tiene una alta incidencia en los costos de producción del sector, ya que representa entre el 45% y el 75%, según la actividad.
La mano de obra tiene una alta incidencia en los costos de producción del sector, ya que representa entre el 45% y el 75%, según la actividad. Con respecto al nivel salarial y a modo de ejemplo, en el oasis este de la provincia de Mendoza, los viñateros pagan hasta $100 el tacho, mientras lo acordado era $50; por lo que un cosechero puede cobrar un jornal de entre $5000 y $6000.
Las producciones regionales emplean a alrededor del 70% de la mano de obra rural, dando trabajo a aproximadamente 625.000 trabajadores temporarios en época de cosecha. “Un país con hambre y altas tasas de desempleo se da el lujo de desperdiciar alimentos por no contar con la cantidad de personal necesario para levantar la zafra”, remarcó el titular del sector de Economías Regionales de CAME.
Es una nueva forma de realizar operaciones similar a la que existe actualmente con el canje de granos.
El 2020 fue el año de la explosión de las criptomonedas en medio de la pandemia del coronavirus. Y un grupo de emprendedores supo aprovechar el contexto para meterse de lleno en el negocio agropecuario. Es así como se desarrolló Agrotoken.io, la primera plataforma global de tokenización de commodities agrícolas y alimentos, presentándose al mundo con el lanzamiento de una criptomoneda respaldada en soja.
“La tokenización es convertir un activo real en uno digital, el primer producto con el que salimos al mercado es Soya (criptosoja). Está respaldada con un activo real, diferente de otras criptomonedas, como son los bitcoins, que tienen mucha volatilidad”, dijo Gabriela Roberto Baró, CEO & Co-Founder en Agrotoken, a Clarín. “Estamos creando un nuevo ecosistema para los agronegocios”, apuntó.
Según explicó, el procedimiento de negocio es similar a lo que sucede actualmente con el canje de granos que varias empresas agropecuarias ya han puesto en marcha.
La firma aclaró que el proceso de “tokenizar la soja” no altera el circuito del negocio tradicional de compra-venta de granos, sino que funciona como una solución digital para los productores del campo.
Según la directiva de la empresa, los beneficios de los productores que ingresen a esta nueva modalidad de negocios son varios: transaccionar (como cualquier moneda digital) para bajar los costos logísticos, administrativos e intermediarios y lograr mejores tasas de financiación en el mercado.
“El productor lo puede cambiar en moneda corriente o en otros activos. Alguien que tiene un pool de siembra, por ejemplo, en vez de mandarle los camiones de soja al inversor, les podrá dar directamente los tokens, simplificando cuestiones administrativas para que sea más fácil invertir en el agro”, explicó.
Así, el productor de soja que se introduzca en este nuevo negocio puede empezar a tokenizar con un mínimo de 30 toneladas y los instrumentos que se necesitan para probar la existencia del grano están dados por el certificado de depósito electrónico, el boleto de compra venta con un agro exportador habilitado en la plataforma y una cesión de derechos de cobro temporal que existe mientras la soja este tokenizada.
En tanto, cada Soya equivale a una tonelada de soja y su valor inicial dependerá del precio en el Matba-Rofex. Los contratos son por 30, 60 o 90 días, cumplido el plazo se “destokeniza” o se puede renovar. Si se precisa liquidar los granos antes de las fechas estipuladas, existe la posibilidad de destokenizar anticipadamente.
“El beneficio que le damos a los productores pioneros es pagarle aproximadamente un 3% en USDC (moneda estable), que está apareada al dólar. Cuando el cliente los quiere transformar, puede llevarlos directamente a su cuenta bancaria y se realiza la transferencia en pesos”, detalló Baró.
Desde la plataforma informaron que la primera tokenización de soja del planeta se realizó en el país con Adecoagro, El Boyero, Espartina y La Fe Vieja, empresas reconocidas en el sector agropecuario.
“Hasta hoy, no todos tenían la posibilidad de meterse en este mercado. Queremos que cualquier persona pueda obtener un token de soja de manera rápida y segura. Y a medida que vayamos sumando nuevos integrantes, estará la posibilidad de que con esos tokens puedan comprar camionetas, departamentos o una cosechadora”.
El objetivo es llegar a más países, como Brasil, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay y buscan digitalizar el 5% de la producción mundial de soja en un futuro. Además, la idea es lanzar los criptos tanto en maíz como en trigo próximamente.
El sábado Diputados debatirá el proyecto que eleva los mínimos imponibles pero a su vez aumentará el tributo que pagan las empresas. Cómo afecta al sector agropecuario.
Este sábado 27 de marzo, en una sesión maratónica, la Cámara de Diputados dará un paso en elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para empleados en relación de dependencia y lo llevará a 150 mil pesos. Hasta allí una parte de la población se verá beneficiada con la propuesta del oficialismo.
Pero el lado B es que es que el proyecto que impulsa el Gobierno propone un salto en la alícuota de Ganancias de personas jurídicas del 30% al 35% y mantiene otro 7% por distribución de dividendos, aumentando la carga para las empresas organizadas en forma de sociedades de capital.
Si bien el campo expresó su rechazo al proyecto, con su mayoría el oficialismo ganará la pulseada y nuevamente el campo engrosará los números de su ya abultada presión fiscal.
La estructura propuesta de alícuotas marginales escalonadas organizadas en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada es la siguiente:
Un primer escalón con una alícuota del 25% para ganancias netas acumuladas hasta $1.300.000
El segundo escalón del 30% para ganancias netas acumuladas de más de $1.300.000 y hasta $2.600.000.
Y, por último, un segmento del 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $2.600.000.
En el caso de los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota del 7%, a través del impuesto cedular vigente.
Tres consejos para minimizar el impacto
Como asesores impositivos, buscamos la forma de minimizar su impacto, que al día de hoy es seguro y negativo para las empresas medianas y grandes del agro. Si no hay posibilidades de maniobra las empresas deberán prestar atención a estos tres puntos:
Ser prolijos con la generación de la información. No solo trabajar en el margen bruto, sino también trabajar con sus contadores unir la contabilidad con la gestión de forma tal que les permita entender el impacto fiscal de la que va a tener su producción.
Planificar, como mínimo, tres meses antes el cierre del ejercicio para hacer una proyección de cuánto será el monto del impuesto a pagar
Considerar todos los gastos que se puedan deducir: Amortizaciones de maquinarias, amortizaciones de reproductores, gastos de siembra, gastos de seguros de cosechas.
El productor hace años que tiene un socio mayoritario que solo está para repartir las ganancias cuando los rindes son buenos, pero en su día a día, de ese aporte ve poco. Hoy la participación del Estado en la renta agrícola es de las más alta de la historia. En este sentido, el aumento en el impuesto es un atentado a la inversión productiva que sólo generará más informalidad y desconfianza a la que ya tenemos.
Hay una gran carga de frustración y desconfianza generalizada, el incremento en Ganancias, sumado a un inconstitucional Impuesto a la Riqueza, parece ser otro ladrillo en la pared para perjudicar al sector privado y en particular al que más dinamiza la economía local, el agro.
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