El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, que tiene lugar hoy y mañana en Bruselas, en el que se analizará el estado de situación de los planes estratégicos nacionales, así como de los tres Reglamentos de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que actualmente están en proceso de debate en el Parlamento Europeo. También se debatirá sobre las posibilidades de pesca entre la UE y el Reino Unido para 2021 y de poblaciones de aguas profundas para 2021 y 2022.
El ministro Planas considera que el diálogo estructurado, entre los distintos Estados miembros con la Comisión Europea, es un elemento imprescindible en la elaboración de los planes estratégicos, sobre todo en lo que se refiere a la consideración de las recomendaciones y objetivos del “Pacto verde” que se establecen a nivel de la Unión Europea. “Es imprescindible este cambio de impresiones para que los Estados miembros podamos avanzar”, con certidumbre y seguridad, en la elaboración del Plan estratégico nacional.
El nuevo Plan estratégico, según Planas, es una oportunidad para que los Estados miembros enfoquen las intervenciones de la PAC hacia aquellas medidas identificadas como prioritarias por España para que sean más eficaces.
España comparte el contenido de las 17 recomendaciones efectuadas por la Comisión para la elaboración del Plan Estratégico nacional, de las que 16 se corresponden con necesidades ya identificadas y altamente priorizadas en el análisis realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La recomendación restante hace referencia a la cobertura de la banda ancha en todo el territorio nacional para 2025, que también se incorporará al Plan Estratégico, y que ya estaba incluida por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en la Estrategia España Digital 2025.
Según ha recalcado el ministro, el procedimiento de aprobación de los planes estratégicos solo puede evaluarse sobre la base de actos jurídicos vinculantes para los Estados miembros, “no solo de propósitos o de intenciones de la Comisión, sino sobre la base de referencias con base legal”. Además de la aprobación de la Comisión, Planas considera necesario un debate político en el seno del Consejo para asegurar la igualdad de condiciones en el proceso de aprobación de los planes estratégicos.
En relación con los Reglamentos de la PAC, en lo que respecta al debate acerca de si la definición de agricultor genuino debe ser o no obligatoria para los Estados miembros, el ministro ha recordado que España tiene la intención de aplicar esta definición.
Por lo que se refiere a la evaluación del rendimiento, el ministro ha puntualizado que la futura PAC está basada en la consecución de objetivos específicos y que la medición de su consecución a través de una evaluación de rendimiento, debe ser lo más sencilla posible. “No tendría sentido plantear una doble capa de control”, teniendo en cuenta que esta reforma tiene por objetivo la simplificación.
Y sobre la cuestión de la condicionalidad social, ha asegurado que España está abierta a considerar las cuestiones que se pongan sobre la mesa, pero siempre que no suponga una carga suplementaria para agricultores y ganaderos, y que “no se ponga en tela de juicio su reputación”.
En el ámbito de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA), el ministro defiende una mayor ambición en lo relativo a las intervenciones y en la reciprocidad en el uso de los productos fitosanitarios en relación con los acuerdos comerciales con terceros países. En el marco de la OCMA, Planas ha recordado que España ya ha logrado que el Acuerdo del Consejo de octubre contemple que las autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo (hasta un máximo de incremento anual del uno por ciento) se mantengan hasta el año 2040. España apoya alcanzar un acuerdo con el Parlamento Europeo para establecer un año de finalización que pueda estar comprendido entre 2040 y 2050.
El ministro Planas considera que el diálogo estructurado, entre los distintos Estados miembros con la Comisión Europea, es un elemento imprescindible en la elaboración de los planes estratégicos, sobre todo en lo que se refiere a la consideración de las recomendaciones y objetivos del “Pacto verde” que se establecen a nivel de la Unión Europea. “Es imprescindible este cambio de impresiones para que los Estados miembros podamos avanzar”, con certidumbre y seguridad, en la elaboración del Plan estratégico nacional.
El nuevo Plan estratégico, según Planas, es una oportunidad para que los Estados miembros enfoquen las intervenciones de la PAC hacia aquellas medidas identificadas como prioritarias por España para que sean más eficaces.
España comparte el contenido de las 17 recomendaciones efectuadas por la Comisión para la elaboración del Plan Estratégico nacional, de las que 16 se corresponden con necesidades ya identificadas y altamente priorizadas en el análisis realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La recomendación restante hace referencia a la cobertura de la banda ancha en todo el territorio nacional para 2025, que también se incorporará al Plan Estratégico, y que ya estaba incluida por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en la Estrategia España Digital 2025.
Según ha recalcado el ministro, el procedimiento de aprobación de los planes estratégicos solo puede evaluarse sobre la base de actos jurídicos vinculantes para los Estados miembros, “no solo de propósitos o de intenciones de la Comisión, sino sobre la base de referencias con base legal”. Además de la aprobación de la Comisión, Planas considera necesario un debate político en el seno del Consejo para asegurar la igualdad de condiciones en el proceso de aprobación de los planes estratégicos.
En relación con los Reglamentos de la PAC, en lo que respecta al debate acerca de si la definición de agricultor genuino debe ser o no obligatoria para los Estados miembros, el ministro ha recordado que España tiene la intención de aplicar esta definición.
Por lo que se refiere a la evaluación del rendimiento, el ministro ha puntualizado que la futura PAC está basada en la consecución de objetivos específicos y que la medición de su consecución a través de una evaluación de rendimiento, debe ser lo más sencilla posible. “No tendría sentido plantear una doble capa de control”, teniendo en cuenta que esta reforma tiene por objetivo la simplificación.
Y sobre la cuestión de la condicionalidad social, ha asegurado que España está abierta a considerar las cuestiones que se pongan sobre la mesa, pero siempre que no suponga una carga suplementaria para agricultores y ganaderos, y que “no se ponga en tela de juicio su reputación”.
En el ámbito de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA), el ministro defiende una mayor ambición en lo relativo a las intervenciones y en la reciprocidad en el uso de los productos fitosanitarios en relación con los acuerdos comerciales con terceros países. En el marco de la OCMA, Planas ha recordado que España ya ha logrado que el Acuerdo del Consejo de octubre contemple que las autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo (hasta un máximo de incremento anual del uno por ciento) se mantengan hasta el año 2040. España apoya alcanzar un acuerdo con el Parlamento Europeo para establecer un año de finalización que pueda estar comprendido entre 2040 y 2050.
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