Entidades agropecuarias mostraron esta semana su descontento y criticaron aquellas iniciativas del oficialismo que promueven un aumento de la presión fiscal sobre el sector. Reclamaron partidas para asistir a productores afectados por el clima
Tras algunas semanas de calma, por lo menos en lo comunicativo, las entidades del sector rural volvieron a pronunciarse respecto a determinadas decisiones del Gobierno nacional, sobre todo en materia impositiva, con el aumento del Impuesto a las Ganancias y ante los mayores costos por el nuevo incremento en el precio de los combustibles.
Pero también la queja del sector primario se dio por el lado de la inacción del Gobierno en cuestiones puntuales, como el congelamiento de los fondos que el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca tiene para asistir a los productores en emergencia, que ya desde hace varios años no se mueve de los 500 millones de pesos. Creen que hoy ese monto es muy bajo, en especial, si se compara con los USS 27.000 millones que el campo podría ingresar en la economía.
“El sector necesita que el Gobierno defina cuáles van a ser las políticas para con el campo, pero también un alivio impositivo” (Chemes)
Así, tras una serie de comunicados que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA) hicieron públicos durante la semana, esos temas, en algunos casos con pronunciamientos fuertes, prometen generar una suerte de tensión y chispazos con el Gobierno, más aún si se toma en cuenta que pareciera ser que el Ejecutivo no está dispuesto a discutir determinados cuestiones, sobre todo las fiscales.
Durante la semana, CRA emitió dos fuertes cuestionamientos hacia decisiones del Gobierno: el aumento en los combustibles, que según cálculos de la entidad representará un gasto extra del sector de 19.200 millones de pesos, y a los cambios en Ganancias, que incrementarían la alícuota en un 40 por ciento. En relación al aumento de los costos, Coninagro también se quejó por los cambios en las facturas de Energía, que afectan especialmente a las economías regionales.
Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas
En diálogo con Infobae, el presidente de la entidad, Jorge Chemes, explicó que, antes que nada, “el sector necesita que el Gobierno defina cuáles van a ser las políticas para con el campo, pero también un alivio impositivo, porque, lamentablemente, cada vez que se necesitan recursos para el Estado lo primero que se piensa es en incrementar la carga impositiva al campo, que ya no puede tributar más”.
Para el dirigente rural es indispensable que el Gobierno entienda “el resultado negativo al que se va a enfrentar con estas medidas y que se comprenda definitivamente cómo es el negocio agropecuario, porque daría la impresión de que muchos funcionarios no estarían al tanto. Me niego a pensar que no lo saben y, si lo saben, no les importa, porque están llevando al borde de la quiebra a un montón de productores que van a terminar vendiendo capital para hacerle frente a los impuestos. Estamos en una muy grave situación”.“Cuando hay producción no haya rentabilidad y cuando no hay producción por cuestiones climáticas, el inconveniente es que el fondo de emergencia es totalmente insuficiente” (Achetoni)
Más allá del diálogo que existe con los representantes del Ejecutivo, en el campo está la sensación de que a pesar de lo que explique el sector, solo se lo ve como una fuente recaudatoria. “Cuanta reunión que tenemos con funcionarios, ponemos información sobre la mesa para que se vean los errores que se están cometiendo, pero el problema es que no se los tiene en cuenta. Se lo ve al campo como una fuente de recursos fiscales, pero no les importa cómo tributa y esa es nuestra preocupación”.
Por último, Chemes avizora “un año muy conflictivo. Vemos un Estado voraz y desesperado por recaudar y situaciones en el sector privado que no dan para más, porque no hay margen para seguir tributando. Habrá situaciones tirantes y esperamos que el Estado escuche o busque el equilibrio que se tiene que mantener dentro de la cadena”.
Fondo de emergencia
Como se suele decir, el campo es una industria a cielo abierto, por lo que el clima se convierte en un factor fundamental y totalmente incidente en la producción. En gran parte del año pasado la falta de lluvias le jugó una mala pasada a la actividad, a la que se le sumaron cuantiosos incendios a lo largo del país y fuertes nevadas en el sur. Estos eventos climáticos trajeron aparejados fuertes pérdidas productivas, que golpearon con mayor fuerza a los pequeños productores.
Para hacerle frente a estas situaciones, el Estado cuenta con la herramienta del fondo de emergencia para la asistencia de los damnificados de unos 500 millones de pesos, suma que para Federación Agraria es por demás insuficiente.
“Hay dos factores decisivos que afectan a los productores: cuando hay producción uno de los inconvenientes fuertes es que no haya rentabilidad y, cuando no hay producción por cuestiones climáticas, el inconveniente es que el fondo de emergencia es totalmente insuficiente y no hay sistema de seguros multirriesgo que le dé garantías y previsibilidad de inversión”, explicó el presidente de FAA, Carlos Achetoni, a este medio.
Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina
Para el dirigente agropecuario, la no actualización o congelamiento de este fondo estratégico para los pequeños productores, en un contexto inflacionario y de devaluación del peso en porcentajes exorbitantes hace ya años, se lo puede entender como “una desidia o desinterés a un sector tan pujante”.
“Generamos más de 30.000 millones de dólares de ingreso de divisas, de los cuales 9.000 millones son para el Estado vía retenciones. Creo que destinar 500 millones de pesos es irrisorio y de una falta de interpretación. Es como tener un auto lujoso, pero no ponerle combustible. Nosotros se lo hemos dicho al Gobierno en el ámbito de la Comisión Nacional de Emergencia cada vez que hubo una sesión”, agregó Achetoni.
En base a este último punto, el federado describió que “todas las veces que lo hemos hablado nos han dicho que tenemos razón y que lo están evaluando, pero lo que falta es la decisión de implementar una suba. Este año, con una recaudación mayor por los aumentos de los precios internacionales, van a tener (el Estado) un ingreso adicional de 2.500 millones de dólares que les permitiría a ellos hacer una disposición de una pequeña partida de eso para tener un fondo que supere los 10.000 millones de pesos y que realmente no sea declarar (la emergencia), sino llegar con asistencia concreta a los productores”
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