Ahora Echegaray no le devuelve el IVA a las cerealeras hasta que paguen la deuda impositiva

En un nuevo capítulo de la puja por la deuda impositiva de las cerealeras, el Gobierno cambió de estrategia para intentar cobrar los 600 millones de dólares que les reclama a las principales firmas del sector. La semana pasada venció la fecha límite que había establecido el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, para regularizar la situación.

El Gobierno cambió de estrategia para intentar cobrar los 600 millones de dólares que les reclama a las exportadoras, a las que acusa de haber incurrido en una fraude. A través de la resolución 3397, la AFIP determinó que se incluya entre quienes están inhabilitados para percibir la devolución del IVA a los sujetos que “registren deudas líquidas y exigibles por cualquier concepto correspondientes a sus obligaciones impositivas, previsionales o aduanera ante esta Administración Federal”.

Así, estableció que las deudas “se podrán consultar por medio del servicio de clave fiscal en la página web de este Organismo, ingresando a la opción denominada `Recupero de IVA por exportaciones – Consulta de deuda – Art. 4 – RG 2000/06″.

Además, excluyó de la devolución del IVA a quienes “se les detecten inconsistencias asociadas a su comportamiento fiscal”. “Con relación a las aludidas exclusiones, en el supuesto en que a la fecha de la presentación originaria el solicitante no registrara deuda líquida y exigible, pero sí a la fecha de la rectificativa, se considerará la fecha de esta última”, precisó la AFIP.

En otras palabras, el Gobierno intentará quedarse con el IVA de aquellas empresas que están acusadas de haber incurrido en las operaciones fraudulentas de 2007 y 2008.

El conflicto se inició por la aplicación de Ley 26.351, denominada Martínez Raymonda, que fue sancionada en noviembre 2007 y reglamentada en mayo de 2008. La norma establecía que “en caso de una nueva suba de retenciones, los exportadores pagarían el impuesto previo, sólo si pudieran acreditar la tenencia o adquisición de dichos granos, de lo contrario, abonarían el nuevo impuesto”.

A fines de 2007, el Gobierno aumentó los derechos de exportación -en el caso de la soja, por ejemplo, pasó del 27,5 al 35 por ciento-. Según denunció la AFIP, las exportadoras habrían realizado una presentación anticipada de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para poder abonar las retenciones con la alícuota antigüa -del 27,5%, en la soja- pero sin haber efectuado la compra de granos y cereales, como indica la ley.

Eso les permitió, más tarde, comprarle la cosecha a los productores pero cobrándoles a ellos la alícuota nueva -siguiendo con el ejemplo, la del 35% en soja-. A través de esta “maniobra fraudulenta” habrían conseguido una evasión global de entre 1450 y 1700 millones de dólares.

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fijó como fecha límite al 20 de octubre para que las cerealeras le paguen U$S600 millones de esos U$S1700 millones por exportaciones mal liquidadas. Las pretensiones del Gobierno bajaron luego de cuatro años de la denuncia y a casi dos de la conformación de una comisión bicameral que investigó el tema y que al final no llegó a ningún lado.

De hecho, hasta el momento el Gobierno consiguió recaudar menos de U$S300 millones de toda la suma que reclamó en un principio. Sólo 20 de las 53 firmas que fueron denunciadas realizaron algún tipo de resarcimiento. La primera de ellas fue Alfred Topfer que le pagó a la Afip US$33,6 millones. Las gigantes Bunge, Cargill, Dreyfus y Noble todavían resisten el reclamo.

El argumento de las exportadoras de granos es que, en realidad, obraron por una fisura que dejó la resolución del Gobierno. “Tendrían que haber cerrado los registros de ventas al exterior, como cada vez que se sanciona un aumento de retenciones, lo que hicieron las cerealeras era completamente legal”, explicó a LPO una fuente del sector. “El error no fue de las cerealeras sino del secretario de Agricultura [de ese momento]“, agregó.

El Gobierno no avanzó con dureza en este reclamo por año, pero en 2012 y frente a la necesidad cada días más imperiosa de conseguir dólares, comenzó a una creciente embestida contra el sector. Los controles y las resoluciones que afectan a las exportadores generaron una respuesta negativa de las firmas.

Según reveló La Política Online con información de distintas fuentes del sector, las exportadoras eligieron una estrategia de resistencia que ya le había dado un buen resultado a las empresas mineras en un conflicto de similares características con el Gobierno.

Decidieron retirarse del mercado de soja para evitar liquidar divisas al Banco Central en un momento de extrema necesidad de dólares por parte del Gobierno. Es decir, paralizaron prácticamente el mercado para demostrarle al Gobierno que todos salían perjudicados.