El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) confirmó que la mortandad de abejas ocurrida hace un mes en el departamento de Salto fue provocada por el insecticida fipronil, cuya comercialización y uso está prohibido en el país desde 2009. Ahora continúa la investigación para determinar el origen de la contaminación, habiéndose descartado una presunción inicial al no encontrarse rastros del mismo en las plantaciones citrícolas de la zona, como se sospechó erróneamente.
El tema fue informado en una conferencia de prensa realizada ayer en la sede del MGAP, con la presencia del director general de los Servicios Agrícolas del ministerio, Federico Montes, quién detalló los procedimientos realizados, y de la directora General de la Granja, Zulma Gabard, quién informó sobre las ayudas económicas dispuestas para los productores afectados.
Luego de informar sobre las distintas muestras extraídas de las colmenas y de las plantaciones de la zona y los resultados obtenidos a nivel de laboratorios, Montes señaló que en 14 muestras de las 15 analizadas (93%) encontraron la presencia de fipronil, con diferentes concentraciones. El 50% de las muestras tienen una concentración superior –y en algunos casos muy superior– a la dosis letal media del fipronil, lo cual fue sorprendente para los funcionarios del MGAP, porque no coincidía con las declaraciones que se estaban aportando en la zona afectada, manifestó Montes.
Recordó que en el año 2009 el MGAP había prohibido la formulación líquida y en polvo para su uso en el Uruguay, por lo tanto su comercialización y uso es ilegal en este país. Luego, en 2014, se hizo una segunda modificación para el producto que estaba autorizado como curasemillas en el arroz y como hormiguicida, eliminándose para el arroz y solo se permitió para uso agrícola como una formulación granulada como hormiguicida con una concentración de 0,003% –cuando en una formulación líquida se puede alcanzar hasta un 48% de concentración de fiproponil–, con lo cual de ninguna manera es causante de muerte de abejas.
Apoyo económico
La directora general de la Granja informó que se dispuso una asistencia económica proveniente del Fondo de la Granja para los productores que habían presentado 15 denuncias, por el cual se afectaron 1.800 colmena. Recibirán un aporte de $ 750 por cada colmena para reestructurar sus unidades de producción.
Hasta 500 colmenas los productores de nivel familiar recibirán un apoyo diferencial, por el cual el 80% de ese monto es no retornable y el 20% restante tienen opción a créditos con República Microfinanzas con intereses el primer año a cargo del Fondo de la Granja y el segundo año a cargo de los productores.
Los apicultores de 501 a 1.000 colmenas recibirán un 60% de monto no retornable y el 40% con pago de intereses similares al plan anterior. Finalmente a los productores no familiares se les otorgará el crédito por el 100% de las colmenas en las mismas condiciones de pago de intereses que los productores familiares.
Un desafío para seguir investigando
La primera medida que tomó Uruguay frente a los riesgos que representa el uso del insceticida fipronil para la producción fue su prohibición en 2009. Ahora que ocurrió este caso y el origen no está determinado, “hay que seguir trabajando en la investigación”, afirmó Federico Montes –director general de los Servicios Agrícolas del MGAP– al responder sobre la capacidad de control que tiene este país sobre un producto cuya utilización no está autorizada.
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