Medida del gobierno con fuerte impacto en la economía de la FAA

La entidad calificó la medida como “revanchismo” del gobierno y extendió la agresión a todas las entidades. El impacto económico para la FAA rondaría los 2,5 millones de pesos mensuales, la pérdida de una caja que pondría en riesgo la estrategia política de Eduardo Buzzi para continuar perpetrándose al frente de la entidad.

La Afip que conduce Ricardo Echegaray publicó la Resolución General 3419 mediante la cual asesta un duro golpe a Eduardo Buzzi que podría poner en duda su continuidad al frente de la Federación Agraria, entidad que preside desde que comenzó el siglo.

La medida implementada por la Afip, modifica el sistema de emisión de formularios 1116 y crea un sistema electrónico para los mismos. Así se da por finalizado el formato papel a partir del 13 de marzo de 2013, aunque mantiene la validez de los ya emitidos incluso hasta el 12 de marzo del año próximo.

Conocida la medida el viernes pasado, desde FAA se condenó “la falta de diálogo del gobierno y la pretensión de eliminar a todos aquellos que denuncian la concentración económica que promueve el modelo actual”.

Desde el punto de vista económico, fuentes agrarias de El Enfiteuta estiman que la nueva normativa podría significar una pérdida de “caja” para Eduardo Buzzi en torno a los 2,5 millones de pesos mensuales, imprescindibles para la campaña política interna que en el Congreso anual federado reelige a Buzzi desde comienzos de este siglo ininterrumpidamente.

La FAA puso en duda el nuevo mecanismo de emisión “cuyo funcionamiento nadie puede garantizar”, sostuvo la entidad en un comunicado. Para la entidad no caben dudas de que “existe una clara voluntad de revanchismo contra quienes hemos denunciado el modelo de concentración económica implementando por el kirchnerismo”. 

Añade la entidad que la “perversidad” del gobierno nacional “no tiene límites” y enumera una serie de hechos que desde 2008 a la fecha toma como una directa “agresión” a “los sectores productivos”. 

Según la entidad, gobierno solamente persigue el objetivo de “destruir a las instituciones que representamos a los productores agropecuarios”, ya que “apenas finalizado el conflicto por la 125 se le había quitado a nuestra entidad el permiso para emitir Cartas de Porte en 2009”. 

También se computa como una agresión la disolución del Renatre, con una caja cercana a los 400 millones de pesos que era “administrado eficientemente por entidades y gremio”. 

La decisión sobre los formularios 1116 se equipara también con el decreto 2552 publicado el mismo día viernes donde se “expropia el predio de la Rural en Palermo”. Y reclama por la pérdida de productores pequeños y medianos en la última década.

“Nuestras bases no se van a resignar a la desaparición, seguiremos reclamando políticas públicas que garanticen el destino de los chacareros y campesinos. Cien años de historia respaldan las banderas que vamos a seguir levantando con orgullo, aunque le pese a los funcionarios de turno”, concluyó la entidad.