2012, la realidad y el relato
El segundo mandato de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner ha cumplido un año y teniendo en cuenta su triunfo electoral en Octubre de 2011 nadie puede poner en duda la legitimación de origen del actual Gobierno.
Pero como ciudadanos y productores sí nos permitimos dudar de la legitimidad de ejercicio de este mandato a la luz de la realidad social, política, institucional y económica que sacude a la Nación.
Porque así como el Gobierno dibuja los índices inflacionarios, la pobreza, el empleo, también construye un relato ficticio sobre la marcha del país que, a nuestro entender, dista mucho de lo que narra el Gobierno.
La división promovida en la sociedad y la búsqueda incansable de enemigos ha crispado a la ciudadanía y forzado a salir a la calle pidiendo, ante todo, racionalidad.
En las últimas horas las imágenes de saqueos en varios lugares del interior del país muestran una realidad absolutamente distante de lo que se relata: la pobreza existe y se expande.
No es sólo el campo el que reclama ni la clase media la que se queja. La inmensa mayoría de los trabajadores quieren con razón un sistema impositivo justo, real y actualizado.
La inseguridad golpea todos los días, la droga corroe, y ambas merecen una atención y un combate que implica, como punto de partida, reconocer el problema.
La economía se estancó, la competitividad desapareció, el retraso cambiario es notable, la presión impositiva es la más alta de la historia, volvió el déficit fiscal, las provincias se desfinanciaron, el gasto público trepa a niveles cada vez más preocupantes, la emisión monetaria realimenta la inflación, el BCRA pierde solidez, la propiedad privada se ve amenazada constantemente, y a contramano de la región en Argentina caen las inversiones extranjeras directas.
Mientras la mayoría de los países latinoamericanos muestran resultados apreciables en sus principales variables económicas, Argentina ostenta un penoso segundo lugar en los países con más inflación de América, aún en las estadísticas del INDEC.
Desde 2007 a la fecha el peso se devaluó 56%, la inflación fue del 244%, el salario mínimo vital y móvil aumentó 298%, la emisión monetaria se expandió 259%, el gasto público se incrementó 249% y en los últimos 10 años la presión fiscal creció más del 50%. Esta es la política económica real y con ella convive el interior productivo.
Primero se prohibieron las exportaciones, luego se restringieron las importaciones, se estableció un cepo sobre la moneda extranjera que, entre otras consecuencias, prácticamente clausuró el mercado inmobiliario y, sin embargo, nada fue suficiente.
Las inversiones demandan certidumbres, exigen confianza y previsibilidad, de lo contrario no llegan.
El Gobierno obliga a ahorrar en pesos, pero el ahorrista pierde entre el 12 y el 14% anual como consecuencia de la diferencia entre la inflación, que supera la tasa de interés.
El congelamiento de tarifas se tradujo en servicios de pésima calidad y desastroso funcionamiento, caldo de cultivo para tragedias que enlutan la República y esperan Justicia.
La economía depende de la soja que se exporta y de las retenciones que se cobran.
La política agropecuaria sólo ofrece fotos vacías de contenido, intervenciones y permisos, cupos y cuotas, prebendas para unos pocos, y ventajas para los allegados que consiguen permisos para exportar.
Nadie explica qué se hizo oficialmente con la carne y por qué no exportamos.
Nadie explica qué pasó con el trigo y su brutal caída de producción.
Nadie explica por qué las economías regionales languidecen en el mejor de los casos o desaparecen por falta de rentabilidad.
Nadie explica por qué el productor no accede al precio internacional de su producto.
Nadie explica dónde quedó el PEA 2020 ni qué grado de avance mostró su primer año, quizá porque entonces también deberían explicar con qué dólar, con qué rutas, con qué combustible y con qué trenes se pensaba hacer.
Cuando hay sequía la esconden, cuando hay inundaciones las ignoran, cuando tienen que explicar por qué se produce menos, callan.
El modelo sólo es soja, retenciones y palabras, muchas palabras.
Algunos gobernadores sólo atinan a subir impuestos a quienes ya los pagan: sigue expoliando a un solo sector.
Cada tanto, algún funcionario muestra la voluntad de modificar la Constitución para prolongar mandatos en forma indefinida, nunca es desmentida.
Mientras todo esto ocurre, el campo espera: sabe que un ciclo histórico extremadamente favorable se está perdiendo, sabe que no le dicen la verdad, ve lo que acontece y sufre por no poder crecer.
El campo ya entendió lo que significa “Vamos por Todo”.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
Consejo Superior Directivo
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