La Cámpora pidió datos sensibles sobre 1000 empresas privadas

En silencio, y por fuera de los canales formales previstos por la normativa vigente, miembros de la agrupación kirchnerista La Cámpora, que ocupan cargos clave en el Ministerio de Economía , solicitaron a la Inspección General de Justicia (IGJ) información sensible sobre las 1000 empresas más importantes del país. Así surge de los documentos que obtuvo LA NACION y que luego verificó con fuentes del organismo al tanto de la operatoria.

La información requerida por el Ministerio de Economía durante los últimos nueve meses incluye los balances de compañías como Jumbo, General Motors, Shell, Coto, Walmart, Falabella, Coca-Cola, Pepsi, Nike, Massalin, Siemens, Peugeot, Fiat, Mercedes-Benz y La Caja de Seguros, entre otras.

De la documentación requerida extraen información para cruzarla con sus propias bases de datos y mejorar su margen de acción a la hora de negociar con los responsables de esas empresas para que tomen ciertas medidas reclamadas por el Gobierno o suspendan otras, como posibles aumentos de precios o tarifas.

El Ministerio de Economía, donde el camporista Axel Kicillof es viceministro, se encuentra habilitado para obtener esa información, pero sólo para fines taxativamente previstos por la ley. Para realizar este tipo de operaciones debe presentar un pedido formal y dejar constancia de su solicitud en cada expediente requerido.

 

Desde el arribo del nuevo titular de la IGJ y también referente de La Cámpora, Norberto Berner, se exige cumplir con las polémicas circulares 1 y 4, que imponen a todo aquel que requiera información pública del organismo oficial que demuestre un "interés legítimo" para obtenerla.

En vez de solicitarla por las vías formales, sin embargo, el Ministerio de Economía optó por recurrir al contacto directo con las nuevas autoridades de la IGJ que responden a La Cámpora (de lo que se informa por separado). En particular, con el número dos del organismo, el subinspector Gustavo Varela, según reconstruyó LA NACION.

Desde el Palacio de Hacienda, en tanto, la cadena de responsabilidades por esos requerimientos de información también llega hasta la cúpula. El responsable de solicitar las carpetas de esas 1000 empresas es Augusto Costa, colaborador de extrema confianza del viceministro Kicillof, según surge de constancias que obtuvo LA NACION.

El listado de las empresas que operan en el país bajo la mira del Ministerio de Economía no deja lugar a dudas. Bunge, Jumbo, General Motors, Shell, Coto, Walmart, Falabella, Coca-Cola, Pepsi, Nike, Massalin, Siemens, Peugeot, Fiat, Mercedes-Benz y La Caja de Seguros son sólo algunas de las firmas sobre las que Costa solicitó copias digital y papel de sus balances.

Subsecretario de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad del Ministerio de Economía, Costa avanzó con paso firme dentro de la IGJ, donde mantuvo reuniones con Varela para ajustar los detalles. Sonó incluso como potencial reemplazante de Guillermo Moreno si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decide reemplazarlo y oxigenar sus relaciones con el empresariado.

Desde su puesto actual, además, Costa desarrolla desde hace meses un análisis sectorial similar al que emprende Moreno para autorizar los aumentos de precios. Pero en el caso del colaborador de Kicillof, es el encargado de delinear las políticas sectoriales y, de acuerdo con el relato de empresarios que se reunieron con él, quien les reclama que aumenten los ratios de inversión.

Los reclamos, según entendían los ejecutivos de empresas consultados, se basaban sin embargo en cálculos y estimaciones propias del Ministerio de Economía. Pero, en rigor, también se apoyan en los datos reservados de los balances y otros documentos que las propias compañías entregaron a la IGJ durante los últimos años.

ENTREGA INFORMAL

La entrega informal de esos balances se coordinó a principios de marzo de este año, cuando Costa y Varela acordaron que el Ministerio de Economía enviaría a su propia gente para escanear o fotocopiar los balances de las empresas que desearan.

Por entonces, el titular de la IGJ era Marcelo Mamberti, un hombre que llegó a ese puesto de la mano de Aníbal Fernández, pero cuya caída también representó otro nuevo retroceso para Julio Alak en el Ministerio de Justicia, donde La Cámpora extendió su influencia en varias áreas relevantes.

Caído Mamberti y ya con Berner al frente de la IGJ, Varela también dejó su puesto como subinspector general. Pero continuó la entrega informal de datos reservados de las compañías. En particular, de sus balances.

Entre las compañías analizadas, también aparecen Unilever, Novartis, American Airlines, Provincia Seguros, NEC, AySA, Endesa, Camuzzi, Chrysler, Johnson & Johnson, América TV -de los Grupos Vila y Manzano, y De Narváez- y hasta Oil MS&S, la petrolera del empresario patagónico Cristóbal López, según consta en el listado que obtuvo LA NACION. Ese listado es revelador. No sólo porque incluye además a Skanska, Ericsson, Novartis, el Grupo Ihlsa, Bimbo, Fargo, 3M, Química Montpellier, BMW, Merck, Sharp y Dohme, Deheza SA, Allianz y Edenor, sino porque también alcanzó a Aerolíneas Argentinas, bajo el control estatal.

El propio Costa también ya había avanzado por la senda de las empresas en las que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) posee acciones. Durante los últimos meses, les requirió datos a distintas compañías de gas y electricidad. Los complementa con los que obtiene de la IGJ..

Del editor: qué significa.
El manual camporista de poder dice que el control estatal de la información es crucial para negociar con los privados. De eso se trata esta nueva jugada.

Fuente: LA NACION.-