Diputados no pudo dar media sanción al proyecto que impulsa el ecologismo. La iniciativa debería aprobarse en ambas cámaras de la Legislatura antes de mayo para no perder estado parlamentario.
El proyecto de modificación a la ley provincial que regula el uso de agroquímicos, y que plantea entre las medidas más drásticas la prohibición de las pulverizaciones aéreas y una distancia mínima para las terrestres de 800 metros respecto de centros urbanos, alcanzó esta semana un tercer dictamen favorable en comisiones pero no pudo ser tratada en el recinto de la Cámara de Diputados al caerse la última sesión del período ordinario.
La iniciativa, diseñada por movimientos ecologistas e impulsada por el diputado del Frente Para la Victoria (FPV) José María Tessa, ya contaba con el aval de las comisiones de Agricultura y Medioambiente y obtuvo el jueves el visto bueno de Asuntos Constitucionales.
La media sanción y el pase a Senadores era la única chance técnica de que el Ejecutivo la proponga para Extraordinarias, aunque en el ambiente legislativo se comenta que no sería intención del gobierno avalarla.
Ingresado a la Cámara Baja en junio de 2013, para no perder estado parlamentario ahora el proyecto debería aprobarse en ambos cuerpos antes de mayo del año próximo para llegar a ser ley, opción que también se descarta en los pasillos por la negativa que -se da por descontado- le propinaría la Cámara Alta. De no cumplir ese plazo, tendría que presentarse un nuevo proyecto para comenzar el proceso otra vez desde cero. “En ese caso insistiremos; podríamos hacerle modificaciones a partir de los debates que vinieron dándose”, dijo Tessa a Campolitoral, aunque no precisó cuales podrían ser esos cambios. Sí ratificó que el objetivo es “plantear otra manera de producir, apostando a los sistemas agroecológicos”.
Antes de que se cayera la sesión, los aviadores agrícolas agrupados en la Cámara de Empresas Agroaéreas de Santa Fe (CEASFE) tomaron contacto con la prensa en la capital provincial para manifestar la preocupación que genera el proyecto. “Estas leyes que proponen son inaplicables; no existe en ninguna parte del mundo”, se quejó uno de los miembros de la cámara, Mauricio Fargioni. Tras calificar de “bastante descabellado” el proyecto, el aviador consideró que el avance de la iniciativa sólo se explica por un interés político. “No es casualidad que todos responden a una misma línea”, indicó, y se lamentó de que “pegarle al productor” sea “políticamente correcto”.
Desde CEASFE afirman que prohibir la aviación agrícola no sólo la sufrirían las empresas agroaéreas, que suman 110 en la provincia, sino que sería perjudicial para el conjunto de la sociedad. “Impacta directamente en la economía regional”, dijo Fargioni. El arroz, por ejemplo, sería uno de los rubros más afectados, ya que sólo por aire pueden tratarse los lotes una vez inundados.
Sobre el proceso de debate de la iniciativa, en el que ni los aviadores ni los productores fueron consultados, consideraron que tuvo un “tratamiento apresurado, sin debatirse a fondo”. Y pusieron el foco en la “cuestión técnica y científica, que no se ha tocado como se debe”.
La posición del sector es “un mejor control”. Fargioni precisó: “nos interesa que sean más exhaustivos, porque la mejor ley es la que se puede aplicar”. En ese sentido reclamó que cuando se detecte una mala praxis, “que se denuncie y se aplique la ley. Nuestra cámara está trabajando para ayudar a identificar a quienes hacen malas prácticas, porque somos los más interesados en que no suceda”.
A pesar del impacto que sufriría la agricultura, que no podría contar con la herramienta para responder en casos de urgencia, por ejemplo cuando existiera una presión importante de plagas y no hubiera piso (o el cultivo, por ejemplo girasol o maíz) para un tratamiento terrestre, hubo escaso acompañamiento de entidades ruralistas. Sólo Federación Agraria Argentina, a través de dos referentes del sur provincial, se sumó al reclamo. “Es fundamental dictar normas de control para que no queden espacios sin producir”, dijo Gerardo Manoni, presidente de la filial Arequito. Víctor Fondato, de General Gelly, advirtió que “falta la voz de la comunidad científica”, que es de quienes dependen las autorizaciones de los productos que luego le llegan al productor. También se quejó de que “hay una parte política que desconoce el tema y enfrentan a los ciudadanos urbanos con los rurales”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.