El gobierno no quiere ceder en la agenda de este fin de año. Pudo haberse evitado los debates por el Código Procesal Penal y la Ley de Telecomunicaciones, pero Cristina de Kirchner optó por una estrategia doble: marcarle el paso al Congreso e intentar (no siempre con éxito) frenar rebeldías hasta en sus propios bloques […]
El gobierno no quiere ceder en la agenda de este fin de año. Pudo haberse evitado los debates por el Código Procesal Penal y la Ley de Telecomunicaciones, pero Cristina de Kirchner optó por una estrategia doble: marcarle el paso al Congreso e intentar (no siempre con éxito) frenar rebeldías hasta en sus propios bloques y al mismo tiempo mantener la política ocupada en diciembre.
La nota de envío del proyecto de ley del PEN, que busca intervenir el Ipcva.
La nota de envío del proyecto de ley del PEN, que busca intervenir el Ipcva.
La nota de envío del proyecto de ley del PEN, que busca intervenir el Ipcva.
La decisión, como era previsible, no se agotó con esos temas: el viernes, con bastante sigilo, el gobierno envió al Senado un proyecto de ley para modificar el funcionamiento y control del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Dispone la ampliación del directorio con el nombramiento de representantes del Estado que hacen perder la mayoría a los que se sientan allí por la industria y el sector ganadero; una nacionalización del instituto.
Ese organismo está dedicado a promover el consumo y la exportación de carnes, un modelo de gestión privada con representantes del Estado similar al que se utiliza en Chile para promocionar sectores de la industria y se financia con el aporte de las empresas frigoríficas y los productores. Se trata, más allá de que el nombre pueda parecer una formalidad, de una de las cajas de promoción más importantes del sector agropecuario que el gobierno hace tiempo tiene en la mira. De hecho, el proyecto había sido anunciado en varias ocasiones, pero recién ahora se concretó el envío.
El proyecto dispone ampliar los objetivos del instituto a los productores de pollos, cerdos, pescado y demás tipos de carne y avanzar en la modificación del órgano de control que pasa de los actuales nueve miembros a 18 (clásico esquema kirchnerista para licuar entidades): 6 representantes de los sectores de la carne, tres de los sectores de la industria, uno del ministerio de Agricultura, uno del Inta, uno del Senasa, uno del Inidep (desarrollo pesquero) y cinco representantes del Poder Ejecutivo por provincias.
Hasta ahora, el instituto funciona con un representante de cada una de las entidades de la producción de la carne, con mayoría directa de CRA, Federación Agraria, Coninagro y la Sociedad Rural. La presidencia del Consejo de Representación, por ejemplo, en la actualidad está en manos de Gonzalo Álvarez Maldonado de Coninagro y el nuevo turno le tocaba a la Federación Agraria. Con el proyecto, las entidades pierden también la presidencia ya que pasa a quedar para un representante del ministerio de Agricultura.
“Crean otra entidad estatal cuando esto era privado. Lo que hacen es nacionalizar el Instituto que está formado por privados y sostenido por aportes de productores y ganaderos”, comenzaban a quejarse anoche los representantes del campo.
El tema del aporte también entrará en debate: desde que se creó, cada sector debe aportar al Instituto por ley. Si los polleros ingresan, por ejemplo, deberán aportar unos 40 millones de pesos por año.
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