Crecen los delitos rurales
Con nuevas y más violentas modalidades, la delincuencia rural sigue actuando al amparo de un Estado que no atiende sus obligaciones

Los delitos rurales no sólo han recrudecido en el país; adquieren cada vez más peligrosas características. El clásico abigeato, consistente en el hurto o robo de animales, va hoy acompañado por despiadados métodos que perfecciona día tras día una delincuencia que cuenta con la ventaja de la distancia que separa a las víctimas del auxilio de la fuerza pública. Los productores y sus empleados quedan en manos de los asaltantes en establecimientos, domicilios y depósitos de maquinarias, herramientas, plaguicidas, semillas, y en todo otro lugar que sugiera algún tipo de valor para delinquir. Peligra hasta la propia vida de las personas. El maltrato a golpes y las amenazas son utilizados para asegurarse de que la víctima entregue sus bienes. Para hacerse de las reses, los ladrones cortan alambrados y matan a los animales. A su paso, dejan tiradas las cabezas, las patas y las vísceras de escaso valor. Otra metodología cada vez más habitual es la de apoderarse de los camiones de hacienda en las rutas, donde la vigilancia es casi nula. De allí, llevan lo robado a un matadero. Esa audacia llega hoy a extremos impensados, como haber irrumpido en un feedlot de donde los delincuentes se alzaron con 47 vaquillonas de 300 kilos cada una. En tanto, el robo de granos se focaliza en los silos bolsas y, también, en el secuestro de camiones, a cuyos choferes se obliga a abrir los grifos para poder apropiarse del preciado botín. Un hecho por demás insólito ocurrió a un productor de trigo en un predio alquilado. Cuando concurrió a cosechar sus frutos, verificó que alguien ya lo había hecho por él. Otro tanto suele suceder con la producción lanar cercana a pueblos del interior, la que resulta económicamente deficitaria por el robo de los corderos. O con los porcinos: dos veces diezmaron su plantel a una productora santafecina, próxima a Arroyo del Medio. En Alcorta, también en Santa Fe, dos conocidos productores han sido víctimas reiteradas de delitos de abigeato. En una oportunidad, les arrebataron 90 cabezas bovinas, la mitad de las cuales recuperaron a tiempo de un frigorífico del sur bonaerense, porque las otras 45 se habían "servido" en la gastronomía veraniega de Santa Teresita. En ese último caso los animales robados recorrieron por lo menos media provincia de Buenos Aires. ¿Sin que nadie los viera? Dadas las condiciones en las que tienen lugar estos delitos, la prevención es el mejor sistema para procurar su control. El Estado nacional había creado el Programa Nacional de Seguridad Rural, que dotaba de algunos elementos para ejercer esa función, tales como personal, equipamiento y fondos adicionales aportados por los productores. Lamentablemente, el programa fue desactivado mientras el Gobierno seguía introduciendo regulaciones de todo tipo sobre las actividades agropecuarias, centro de ataques rutinarios de la burocracia camporista. En la provincia de Buenos Aires se estableció un sistema de patrullas rurales destinado a recorrer y vigilar caminos vecinales, con base en la policía y en los municipios. Pero la falta de uniformados y de móviles para cumplir esa indispensable función licuaron su eficacia. Se crearon de igual modo fiscalías especiales que padecieron las mismas deficiencias de personal, de equipos y de fondos. Cuando comenzó esta ola de delitos rurales, los propios productores se turnaban en rondas para proteger sus patrimonios, sistema que, por razones obvias, no puede sostenerse indefinidamente. La creación de la Mesa de Prevención de Delitos Rurales, conformada por las principales entidades radicadas en la provincia, con el propósito de reclamar y prestar apoyo a la acción oficial, no ha alcanzado su objetivo frente a la magnitud del problema, que supera todo lo conocido hasta ahora.

Un arma exitosa para resolver delitos, en tanto, ha sido la prestación del servicio de la Sociedad Rural Argentina para identificar el ADN de los animales robados, tema que deberá profundizarse. Víctimas los productores de la inseguridad física y jurídica, que en realidad afecta a todos los sectores del país y que se profundizará si el Gobierno consigue imponer la farsa "democratizadora" de la Justicia, nadie debe sorprenderse de las quejas airadas que expresan en asambleas, en exposiciones y en cuanta oportunidad se les presenta para poner de manifiesto la desidia y el desdeñoso comportamiento gubernamental hacia ellos. Ante este cuadro urge que el Gobierno asuma las responsabilidades que le incumben en la protección de las actividades agropecuarias y deje de perder tiempo en dislates propagandísticos que terminan pagando los contribuyentes.