El Congreso de los Diputados ha pedido una "revisión al alza" de los "precios de entrada" que gravan a los tomates que llegan a la Unión Europea (UE) de Marruecos, para frenar las pérdidas que provocan estas importaciones a los agricultores españoles.
La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso ha aprobado, por unanimidad, una proposición no de ley de UPyD, transaccionada con el PP y con el PSOE, en la que reclaman un mayor control de los envíos de tomate marroquí. Los diputados han solicitado al Gobierno que impulse ante las instituciones comunitarias cambios legales y más vigilancia en fronteras para evitar "incumplimientos" de los acuerdos.
El nuevo portavoz de Agricultura de UPyD en el Congreso, el valenciano Julio Lleonart, ha subrayado que la "falta de vigilancia" ha generado "perjuicios" a las arcas comunitarias, por no cobrar determinados aranceles, y a los agricultores españoles por "lucro cesante", ante la competencia que supone la hortaliza que llega del país magrebí a precio excesivamente bajo.
El Congreso se ha referido especialmente al mecanismo del "precio de entrada", según el cual cuando llegan los envíos de tomate por debajo de una determinada cotización se les aplica un impuesto.
La comisión parlamentaria ha defendido una revisión al alza de dicho precio, ya que se han modificado las condiciones de la producción del cultivo. En tanto que no se produzca dicho cambio, los diputados han solicitado un impuesto diferenciado para el tomate "redondo liso" y otro para el de la variedad "cherry", ya que los costes de producción divergen.
Los diputados han solicitado al Gobierno que plantee ante las instituciones de la UE la necesidad de datos detallados sobre los derechos de aduana pagados. Además, han reclamado un estudio, por un lado, de la evolución de las importaciones y, por otro, de la situación del sector hortofrutícola español.
El Congreso ha abogado, además, por seguir con las "iniciativas" y alianzas" que han permitido mejorar el régimen de precios de entrada para las frutas y hortalizas. También han pedido "información cabal" para ver si acuerdos como el de Asociación que mantienen la UE y Marruecos se incumplen solo en este caso o en otras áreas comerciales.
Lleonart ha insistido en el incremento masivo de las ventas marroquíes, frente a la reducción de las exportaciones españolas. El diputado almeriense del PP Jesús Caicedo ha confiado en que esta iniciativa contribuya a solucionar un problema importante para el sector hortofrutícola. Por parte del PSOE, la almeriense Consuelo Rumí ha subrayado la "competencia desleal" del tomate marroquí que se vende a bajo precio, frente a las producciones españolas con altos "estándares laborales y de calidad". El portavoz de Izquierda Plural, Álvaro Sanz, ha criticado que Marruecos envíe tomate de los "territorios saharauis ocupados" contraviniendo normas internacionales.
Por el contrario, la comisión parlamentaria ha rechazado una proposición no de ley defendida por Gaspar Zarrías (PSOE), para solicitar que el olivar en pendiente entre dentro de los llamados "pagos acoplados" (ligados a la producción) de la PAC. La iniciativa ha sido rechazada por el PP, por considerar que Gobierno y autonomías ya pactaron la nueva PAC hace un año, y por CiU, porque no es "suficientemente coherente".
La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso ha aprobado, por unanimidad, una proposición no de ley de UPyD, transaccionada con el PP y con el PSOE, en la que reclaman un mayor control de los envíos de tomate marroquí. Los diputados han solicitado al Gobierno que impulse ante las instituciones comunitarias cambios legales y más vigilancia en fronteras para evitar "incumplimientos" de los acuerdos.
El nuevo portavoz de Agricultura de UPyD en el Congreso, el valenciano Julio Lleonart, ha subrayado que la "falta de vigilancia" ha generado "perjuicios" a las arcas comunitarias, por no cobrar determinados aranceles, y a los agricultores españoles por "lucro cesante", ante la competencia que supone la hortaliza que llega del país magrebí a precio excesivamente bajo.
El Congreso se ha referido especialmente al mecanismo del "precio de entrada", según el cual cuando llegan los envíos de tomate por debajo de una determinada cotización se les aplica un impuesto.
La comisión parlamentaria ha defendido una revisión al alza de dicho precio, ya que se han modificado las condiciones de la producción del cultivo. En tanto que no se produzca dicho cambio, los diputados han solicitado un impuesto diferenciado para el tomate "redondo liso" y otro para el de la variedad "cherry", ya que los costes de producción divergen.
Los diputados han solicitado al Gobierno que plantee ante las instituciones de la UE la necesidad de datos detallados sobre los derechos de aduana pagados. Además, han reclamado un estudio, por un lado, de la evolución de las importaciones y, por otro, de la situación del sector hortofrutícola español.
El Congreso ha abogado, además, por seguir con las "iniciativas" y alianzas" que han permitido mejorar el régimen de precios de entrada para las frutas y hortalizas. También han pedido "información cabal" para ver si acuerdos como el de Asociación que mantienen la UE y Marruecos se incumplen solo en este caso o en otras áreas comerciales.
Lleonart ha insistido en el incremento masivo de las ventas marroquíes, frente a la reducción de las exportaciones españolas. El diputado almeriense del PP Jesús Caicedo ha confiado en que esta iniciativa contribuya a solucionar un problema importante para el sector hortofrutícola. Por parte del PSOE, la almeriense Consuelo Rumí ha subrayado la "competencia desleal" del tomate marroquí que se vende a bajo precio, frente a las producciones españolas con altos "estándares laborales y de calidad". El portavoz de Izquierda Plural, Álvaro Sanz, ha criticado que Marruecos envíe tomate de los "territorios saharauis ocupados" contraviniendo normas internacionales.
Por el contrario, la comisión parlamentaria ha rechazado una proposición no de ley defendida por Gaspar Zarrías (PSOE), para solicitar que el olivar en pendiente entre dentro de los llamados "pagos acoplados" (ligados a la producción) de la PAC. La iniciativa ha sido rechazada por el PP, por considerar que Gobierno y autonomías ya pactaron la nueva PAC hace un año, y por CiU, porque no es "suficientemente coherente".
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