Sin decisión política no cesará la corrupción

Primer acto. El juez y el periodista conversan en el despacho del juez. La secretaria del juez entra de improviso. Le informa que llama el operador. El juez, que estaba sentado, se pone de pie nada más que para atender esa llamada. Cual sargento ante la irrupción de su general.   Segundo acto. Semanas después, […]

Primer acto. El juez y el periodista conversan en el despacho del juez. La secretaria del juez entra de improviso. Le informa que llama el operador. El juez, que estaba sentado, se pone de pie nada más que para atender esa llamada. Cual sargento ante la irrupción de su general.

Segundo acto. Semanas después, el operador y el periodista coinciden en la puerta del despacho del mismo juez. El operador sale; el periodista pensaba entrar, pero opta por dialogar con el operador. El operador le anticipa que en tres meses el juez cerrará “la” causa penal.

Tercer acto. Tres meses después, en efecto, el juez sobresee a los acusados. Los fiscales no apelan. Se cierra la causa -fina ironía- el Día de los Santos Inocentes.

Esto que cuento sucedió. Me sucedió. Es apenas una muestra de un amplio abanico similar, que resulta imposible denunciar sin más pruebas que los ojos y oídos del periodista. Conozco fiscales a los que, para apretarlos, les han enviado fotos suyas con alguna amante. Jueces que han llorado delante de mí. Testigos a los que les han puesto un revólver en el pecho para que callen.

Peritos que han firmado dictámenes falsos, por apriete o por dinero.

También conozco muchos funcionarios políticos honestos. Pero, acaso por cuestiones de mi trabajo, conozco muchos de los otros. De los que a la hora de pedir coimas ya calculan cuánto de ese dinero negro deberían destinar al abogado, al fiscal y al juez si el negociado saliera a la luz y afrontaran una investigación penal. Que más que investigación será, por tanto, una parodia.

Hay muchos jueces y fiscales probos y dignos. Pero también hay de los otros, de los que hasta mandan señales de complicidad a los acusados mediante el color de las corbatas que usan. O por la mano en que llevan el teléfono celular. O un prendedor en la solapa del saco. Todas señales preestablecidas por el enlace en las sombras para que el acusado al que le han pedido “que se ponga” sepa que el requirente no vende humo, sino que es, efectivamente, un emisario de Su Señoría.

Y así, mientras la Justicia es una dama vendada e inflexible para los ladrones de gallinas, se hinca ante los grandes tiburones. Sean funcionarios, empresarios o sindicalistas. O lo que fuere. Porque lo que importa es la billetera, rebosante, para comprar (o alquilar) voluntades.

Así las cosas, ¿no hay nada que hacer? ¿Bajamos la persiana y sálvese quien pueda o tenga los billetes? ¿Es acaso tan difícil revertir o corregir este panorama?

Por lo pronto, hay quienes incluso consideran necesario impulsar una Conadep de la corrupción post-2015. Hay varios grupos trabajando en esa línea desde hace meses. El desafío para quienes adscriben a esa idea es determinar si quienes vendrán después serán distintos, mejores que los que están, o si sólo utilizarán esa Conadep para lo que en verdad sería una cacería de brujas con fines partidarios.

Por mi parte, prefiero pensar en los actuales (y futuros) funcionarios como personas que sólo refrendan con sus acciones un aforismo. Ese que dice que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Si es así, entonces el camino quizá pase por restablecer los contrapesos, filtros y controles que fiscalizan al poder.

Hay instituciones que hoy son apenas una sombra de lo que fueron o de lo que pueden y deben ser. Entre otras, la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Sindicatura General, la Auditoría General, el Consejo de la Magistratura. Y no es necesario impulsar reformas legislativas. Basta con inyectarles a esos organismos personal y presupuesto, y refrendarlo luego con el ingrediente clave: decisión política.

Esa decisión, bien explicitada, daría una clara señal hacia adelante. ¿Cuál? Que la corporación político-empresaria (que excede a este gobierno) no degollará al juez, fiscal o funcionario de esos organismos de control que ose investigarlos. Porque durante los últimos 20 años sobraron las muestras en contrario.

La duda es obvia. ¿Querrán eso quienes asumirán en 2015? ¿O el próximo presidente preferirá beneficiarse del statu quo que pasará a acatar sus designios discrecionales -contra quien sea- en cuanto agarre el bastón de mando?

Porque el riesgo de impulsar la senda institucional, fortalecer los órganos de control y potenciar a jueces y fiscales es evidente. El próximo gobierno perdería la facultad de hacer y deshacer lo que le plazca, sin pruritos por ese estorbo llamado “ley” o “Constitución nacional”. Seguir esa senda implicaría abrir una verdadera caja de Pandora: un Poder Judicial, al fin, independiente.

¿Por qué una caja de Pandora? Por que existiría la posibilidad, por ejemplo, de reabrir expedientes penales cerrados tras investigaciones que fueron una farsa. A eso apunta Cosa juzgada fraudulenta, el libro que acaban de publicar dos penalistas, Federico Morgenstern y Guillermo Orce.

“La sociedad verá los tribunales como sesgados, deshonestos y parciales si percibe que los juicios farsescos son inalterables, si se respeta la firmeza de las absoluciones obtenidas tras un procedimiento espurio y si, por la inacción deliberada de un funcionario judicial, no se logra condenar a quien se sabe que cometió un delito”, argumenta uno de los autores para fundamentar que la Justicia logre al fin que ciertos sobreseimientos “truchos” sean revisados.

Morgenstern recurre al lenguaje futbolero para explicarlo: “Si la cancha está inclinada, el triunfo no es digno, pero si existió una simulación en la que el proceso judicial fue orientado al otorgamiento de un bill de indemnidad contrario a los principios del sistema republicano, entonces ni siquiera hubo un partido”.

El libro promete levantar polvareda porque se mete con una de las vacas sagradas del derecho penal: ¿es posible relativizar el sacrosanto principio del non bis in idem (no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho), aun en investigaciones sospechadas de terminar en sobreseimientos debido a corrupción del juez o los aprietes del poder?

Eso es, sin vueltas, lo que ocurrió en varios expedientes que se cerraron durante las últimas décadas. Causas en las que ni siquiera llegó a jugarse el partido de la investigación, ni el de los controles previos ni posteriores, debido a la corrupción desenfrenada de funcionarios y empresarios.

Insisto: ¿estarán dispuestos quienes lleguen en 2015 a fortalecer las instituciones, los órganos de control y el Poder Judicial, lo que implicaría una verdadera (y muy concreta) política de Estado? ¿O se limitarán a repetir frases tan marketineras como vacías durante la campaña?

Como dijo el papa Francisco en una homilía reciente, hay que esperar contra toda esperanza. Pero dependerá de la sociedad. Porque el que no llora, no mama. Y si los ciudadanos no les exigimos a los candidatos terminar con la impunidad, ellos van a preferir seguir como hasta ahora, con la comodidad del statu quo. O, como máximo, les alcanzará con aplicar una dosis homeopática de gatopardismo.

Así, pues, de las respuestas que como sociedad demos a esas preguntas dependerá que post-2015 haya un cuarto acto en la farsesca no-investigación que enjuagaron aquel juez y aquel operador. Y para muchas, muchísimas otras no-investigaciones más.