Según la reglamentación de la Ley 26.737, de febrero de 2012, las provincias tenían 60 días para informar a la autoridad de aplicación cuál es su territorio total, dividido en municipios y departamentos, y cuáles son los territorios en posesión de extranjeros. Ese proceso aún no fue completado así que los potenciales compradores externos deberán […]
Según la reglamentación de la Ley 26.737, de febrero de 2012, las provincias tenían 60 días para informar a la autoridad de aplicación cuál es su territorio total, dividido en municipios y departamentos, y cuáles son los territorios en posesión de extranjeros. Ese proceso aún no fue completado así que los potenciales compradores externos deberán esperar antes de volver a inyectar sus dólares al negocio inmobiliario rural.
La norma supone que los extranjeros no podrán ser titulares de más del 15% de las tierras nacionales y en el momento de su aprobación, fue el primer revés para el sector, que se completó luego con las dificultades del mercado inmobiliario en general, por el cepo al dólar.
Con todo, desde el sector calculan que, mientras las tierras aumentaron 20% su valor en el mundo en los últimos dos años, en el país, se mantuvieron los precios en dólares.
Desde la CAIR, formada, justamente, después de la aprobación de la Ley de Tierras, aseguran que la aprobación y actual situación en la que se encuentra la aplicación de la norma revela que se trata de un “grave error político, donde se priorizó la ideología, antes que la cordura”. Según dice la entidad, la situación actual “está perjudicando, no solo a las arcas públicas sino al futuro del país”. En un comunicado, lamentó “que las autoridades nacionales, inexpertas en esta materia, continúen haciendo oídos sordos a esta problemática”.
Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, las tres principales provincias agrícolas del país, junto con Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Corrientes, Neuquén, Santa Cruz y Santiago del Estero, “aún no han presentado sus equivalencias conforme a la Ley y a la Reglamentación de la misma” indicó CAIR. La norma habla de unidades de tierra, que para cada provincia deben ser definidas en función de distintas variables.
A modo de ejemplo, “hoy un extranjero está habilitado a adquirir 1.000 hectáreas en la zona núcleo, donde podemos hablar de un promedio de inversión por la compra de entre u$s 14 millones y u$s 16 millones”, indicó la entidad, “pero si ese mismo extranjero quiere realizar su inversión en zonas más marginales del sur de la Provincia de Buenos Aires, como Villarino o Patagones, solo podrá invertir entre u$s 300.000 y u$s 500.000″.
Para CAIR “sin dudas, esta Ley deberá ser revisada por el próximo Gobierno, ya que el actual ha demostrado que no tiene la menor intención de acompañar al campo argentino, gran motor de la economía”.
La norma supone que los extranjeros no podrán ser titulares de más del 15% de las tierras nacionales y en el momento de su aprobación, fue el primer revés para el sector, que se completó luego con las dificultades del mercado inmobiliario en general, por el cepo al dólar.
Con todo, desde el sector calculan que, mientras las tierras aumentaron 20% su valor en el mundo en los últimos dos años, en el país, se mantuvieron los precios en dólares.
Desde la CAIR, formada, justamente, después de la aprobación de la Ley de Tierras, aseguran que la aprobación y actual situación en la que se encuentra la aplicación de la norma revela que se trata de un “grave error político, donde se priorizó la ideología, antes que la cordura”. Según dice la entidad, la situación actual “está perjudicando, no solo a las arcas públicas sino al futuro del país”. En un comunicado, lamentó “que las autoridades nacionales, inexpertas en esta materia, continúen haciendo oídos sordos a esta problemática”.
Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, las tres principales provincias agrícolas del país, junto con Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Corrientes, Neuquén, Santa Cruz y Santiago del Estero, “aún no han presentado sus equivalencias conforme a la Ley y a la Reglamentación de la misma” indicó CAIR. La norma habla de unidades de tierra, que para cada provincia deben ser definidas en función de distintas variables.
A modo de ejemplo, “hoy un extranjero está habilitado a adquirir 1.000 hectáreas en la zona núcleo, donde podemos hablar de un promedio de inversión por la compra de entre u$s 14 millones y u$s 16 millones”, indicó la entidad, “pero si ese mismo extranjero quiere realizar su inversión en zonas más marginales del sur de la Provincia de Buenos Aires, como Villarino o Patagones, solo podrá invertir entre u$s 300.000 y u$s 500.000″.
Para CAIR “sin dudas, esta Ley deberá ser revisada por el próximo Gobierno, ya que el actual ha demostrado que no tiene la menor intención de acompañar al campo argentino, gran motor de la economía”.
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