Confecarne exige que se depuren responsabilidades y pide tranquilidad.
La trama de venta legal de caballos en distintos mataderos de España puede afectar a varias toneladas de carne, que han sido introducidas en el mercado de consumo nacional y extranjero al margen de los controles sanitarios obligatorios. Según la investigación de la Guardia Civil, que culminó este jueves con la detención de cinco personas y con el registro de al menos ocho mataderos, además de explotaciones ganaderas, clínicas veterinarias y empresas en nueve provincias (Valencia, Asturias, A Coruña, Toledo, Ávila, Madrid, Valladolid, Zaragoza y Jaén). Desde la Confederación de organizaciones empresariales del sector cárnico (Confecarne) ha pedido que se depuren las responsabilidades necesarias y que se trataría de “un circuito muy marginal y opaco de pequeños mataderos”, que “no están ni representados por nosotros en la confederación”.
El entramado desarticulado compraba caballos, presuntamente, fuera de los circuitos legales para dedicarlos al consumo humano. La procedencia de los animales según fuentes de la investigación, abarca desde caballos de recreo que no han pasado los controles para el consumo hasta animales robados de los que se desconoce su historial sanitario.
No hay alarma sanitaria pero se investiga la carne inmovilizada
Según estos indicios, los cinco detenidos se dedicaban presuntamente a falsificar o modificar las cartillas sanitarias que el animal debe tener en regla y que se deben presentar en el matadero, por lo que están acusados de un delito contra la salud pública, falsedad documental y organización criminal.
Ante esta situación, el ministerio de Sanidad ha realizado un llamamiento a a la calma y no ha decretado ninguna alerta sanitaria, al no detectar que pudiera haber indicios de que la carne pueda ser perjudicial para la salud. Según una portavoz, el hecho de que la carne sea catalogada como “no apta” para el consumo humano no implica necesariamente que sea perjudicial para la salud. En cualquier caso, la carne incautada se ha puesto en manos de las autoridades sanitarias para su análisis y determinar si ha existido algún riesgo para los consumidores, ya que no habría pasado los controles pertinentes, han precisado fuentes del instituto armado.
El origen de la investigación proviene de un caso similar ocurrido en Francia
Algunos de estos arrestados están relacionados con otra operación realizada en Francia en diciembre del pasado año por hechos similares y que afectó a un matadero de Girona. De aquellas investigaciones se ha dado paso a las actuales, ya que los ahora detenidos introducían presuntamente equinos en distintos mataderos de toda España falsificando o alterando sus documentos identificativos y de control sanitario, con el objetivo de que la carne de los animales fuera aceptada y se destinara a consumo humano.
La operación está coordinada por la Unidad de Policía Judicial de la Zona de Cataluña con el apoyo de la Policía Judicial y del Seprona de las Comandancias afectadas, por personal desplazado de la Gendarmería Francesa y en colaboración con la Agencia Eurojust.
Preocupación en Confecarne por la imagen que se puede dar a todo el sector
Por su parte, la Confederación de organizaciones empresariales del sector cárnico (Confecarne) ha pedido que se depuren las responsabilidades necesarias en relación con la operación “para que no se dañe la confianza de los consumidores”. Fuentes de Confecarne han afirmado a Efeagro que, a falta de conocer más detalles debido al secreto de sumario decretado, se trataría de “un circuito muy marginal y opaco de pequeños mataderos”, que “no están ni representados por nosotros en la confederación”.
La confederación ha mostrado su “gran preocupación” por el hecho de que esta actuación fraudulenta “pueda sembrar dudas” en el mercado y “pueda empañar la reputación y el esfuerzo que está haciendo el sector cárnico de forma seria y continua para poner a disposición de los consumidores productos seguros, saludables y conforme a la normativa europea y española”.
Por eso, ha calificado de “inaceptable” que dichos mataderos “puedan poner en jaque todo el trabajo de cientos de empresas y de todo un sector”. Asimismo, ha insistido en que el sector cárnico es “el primer interesado” en que “se detecte, se investigue y se sancione administrativa o judicialmente cualquier actuación fraudulenta o irregular” con el objetivo “de restaurar la confianza de los consumidores
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